Noticias de Yucatán
Desinformémonos
Ciudad de México I Frente a la grave
situación que existe en México de violencia contra periodistas, y como parte de
una tardía respuesta de las autoridades para reconocer y tomar medidas para
atender esta problemática, han surgido en diversos estados de la República, una
serie de iniciativas legislativas que pretenden crear mecanismos de protección
para periodistas y/o personas defensoras.
No debemos perder de vista que 2016 ha
sido hasta ahora el año más violento y letal contra periodistas, en el que
ARTICLE 19 documentó un total de 426 agresiones, entre los que se incluyen 11
asesinatos. Se trata de una tendencia creciente que continua en 2017, pues
hasta mayo, 6 periodistas fueron asesinados y 24 permanecen desparecidos. Ello
nos permite inferir que la violencia contra la prensa, lejos de disminuir,
incrementa año con año y se recrudece.
Compromiso tardío del Estado mexicano
Estas iniciativas empezaron a proliferar a
partir del 15 de mayo, tras el asesinato de Javier Valdez Cárdenas en Culiacán,
Sinaloa. Por esta razón, y hasta después de 53 meses de iniciado el gobierno de
Enrique Peña Nieto, el pasado 17 de mayo se realizó la reunión titulada
“Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y
defensores” en donde estuvieron presentes el propio Presidente de la República,
la y los gobernadores de cada estado de la República, aglutinados en la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); Miguel Ángel Osorio Chong,
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Raúl Cervantes, titular de la
Procuraduría General de la República (PGR) y Luis Raúl González Pérez,
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, a esta
reunión no fueron convocados periodistas ni los otros dos poderes del estado
Mexicano –que sin duda están involucrados en la agenda de libertad de expresión
y a quienes también les corresponde implementar ciertas medidas, principalmente
legislativas y presupuestarias para garantizarla–.
En dicha reunión anunciaron una serie de
medidas con el objetivo de combatir la violencia contra periodistas en el país,
entre éstas, fortalecer y dotar de mayores recursos al Mecanismo de Protección
a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (en adelante, Mecanismo
Federal) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra
la Libertad de Expresión (en adelante, FEADLE).
Posteriormente, el 2 de junio se reunieron
la Segob, Conago y CNDH para firmar un convenio sobre protección a periodistas,
en donde acordaron: 1) contar con legislaciones específicas en la materia; 2)
establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos contra periodistas;
3) promover la eliminación de los delitos de difamación y calumnias; y 4)
homologar los protocolos de prevención y protección a periodistas. Esto en
alcance a la Recomendación General 24/2016 emitida por la CNDH, sobre libertad
de expresión.
A partir de lo anterior, se han presentado
diversas iniciativas de ley sobre protección en los estados1, o reactivado
otras cuya discusión o aprobación se encontraban pendientes en algunos
congresos locales.
Fallas en los mecanismos de protección a
periodistas
Actualmente, la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través de la cual se
creó el Mecanismo Federal, en su artículo 17, obliga a la Coordinación
Ejecutiva Nacional a ser el órgano responsable de coordinarse con las entidades
federativas, las dependencias de la administración pública federal y con
organismos autónomos, a efecto de garantizar el funcionamiento del Mecanismo
para que éste cumpla el objetivo por el cual fue creado, consistente en brindar
medidas de prevención y protección, así como su cabal implementación y
seguimiento. Lo anterior, ha funcionado a partir de convenios de buena fe entre
los estados y esta Coordinación.
Sin embargo, a más de cuatro años de la
creación del Mecanismo Federal, no podemos hablar de una coordinación efectiva
entre la Federación y los estados de la República. De hecho, la ausencia de
colaboración estatal y municipal en la implementación de medidas individuales o
colectivas es una constante. Un ejemplo evidente son las deficiencias que se
han presentado en la implementación de las Alertas Tempranas y Planes de
contingencia activados hasta ahora en Veracruz y Chihuahua.
El Mecanismo federal, si bien ha
constituido un esfuerzo plausible para hacer frente a la situación de violencia
contra periodistas, éste sólo debe considerarse como una acción puntual dentro
de un esquema integral de seguridad y protección, no así como la única
respuesta a dicha problemática.
En este sentido, se debe hacer énfasis en
la importancia del fortalecimiento de las instituciones que por mandato de ley
forman parte de un sistema integral de protección a nivel nacional. Por ello,
es necesario que asuman su responsabilidad otras instituciones federales (como
aquellas que conforman la Junta de Gobierno, que es la instancia máxima del
Mecanismo Federal, y se compone por Segob, PGR, Policía Federal, Secretaría de
Relaciones Exteriores y CNDH) para brindar una respuesta efectiva en materia de
prevención y protección.
Una idea central es que no habrá
Mecanismos suficientes para proteger a las personas defensoras y periodistas
que sean agredidas, si no se combate la impunidad. Tal como se ha reiterado, la
persistente y casi total impunidad que existe en México frente al grave
contexto de violencia, delitos y violaciones a derechos humanos, alienta e
incentiva a que estos sigan perpetrándose sin consecuencia alguna. En materia
de periodistas no es la excepción, pues existe una impunidad de 99.7 por ciento
.
Por otra parte, la respuesta de aumentar
el número de Mecanismos de protección en los estados, en vez de generar una
política pública integral que atienda el problema de fondo, únicamente generará
un desgaste traducido en mayor burocracia y erogación de recursos utilizados
para supuestamente proteger a personas en riesgo. Asimismo, en el caso de que
no funcionen de manera eficiente, se convertirán en un factor más de
revictimización hacia una población que sufre de por sí desproporcionadamente,
los efectos de la violencia y la impunidad.
Aunado a lo anterior, debe tomarse en
cuenta que la mayoría de las agresiones contra periodistas, conforme a la
documentación de ARTICLE 19, provienen de funcionarios públicos,
principalmente, estatales y municipales2. Por tanto, la independencia de las
autoridades y la confianza de las víctimas, se vería minada si la
implementación de medidas de protección, la llevan a cabo las mismas personas
que agreden a periodistas o que tienen algún tipo de relación con quienes
agreden. Cabe destacar que según información provista por la Secretaría de
Gobernación, existe la participación de funcionarios públicos y fuerzas de
seguridad a nivel local para perpetrar agresiones contra periodistas no sólo en
primera instancia, sino incluso en la comisión de agresiones a personas que ya
están bajo la protección del mecanismo federal.3
En este sentido, ARTICLE 19 considera que
es necesario partir del actual funcionamiento y facultades que tiene el
Mecanismo Federal para consolidar un esquema efectivo de coordinación con
Enlaces estatales para la implementación y seguimiento de medidas de
protección. Establecer un proceso con responsabilidades claramente definidas,
contribuye a dar un mejor seguimiento a este esquema de coordinación; lo
contrario, implica diluir y fragmentar en muchas instancias, a mecanismos o
comisiones de protección cuya obligación es prevenir y proteger a las y los
periodistas de agresiones.
