Noticias de Yucatán
El caso de un menor de edad torturado por policías
municipales en el municipio maya de Chemax, así como la agresión de agentes
estatales contra habitantes de la comunidad de Chablekal, municipio de Mérida,
figuran en el reciente informe de Amnistía Internacional Falsas sospechas: detenciones arbitrarias en
México.
El equipo local de derechos humanos Indignación sostuvo
que ambas detenciones mencionadas en el documento fueron arbitrarias e
ilegales. En un comunicado, detalló que en febrero de 2016, en la comisaría de
Xcan, municipio de Chemax, en la región oriente de Yucatán, un adolescente de
14 años que padece discapacidad auditiva fue detenido y torturado.
Los policías municipales de Chemax lo acusaron de actos
vandálicos contra una patrulla y lo detuvieron arbitrariamente cuando salía de
la escuela. Indignación incluyó en su relatoría la queja ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y la denuncia penal
correspondiente.
El 3 de mayo de 2016 se cometieron detenciones
arbitrarias en la comisaría rural de Chablekal durante un intento por desalojar
a un anciano de 95 años de edad de una vivienda donde habitó toda su vida.
Indignación relató que, de acuerdo con el informe de
Amnistía Internacional, la policía estatal también incurrió en abusos al
allanar la iglesia de Chablekal cuando vecinos intentaron tocar las campanas
para alertar a la población sobre del desalojo.
La policía hizo uso excesivo de la fuerza e incluso
allanó una casa y lanzó gases lacrimógenos en la vivienda donde la gente se
refugiaba de los gases arrojados en las calles, y detuvo a los dueños de la
casa que abrió sus puertas a la gente, afirmó el grupo de derechos humanos, dos
de cuyos integrantes también fueron detenidos.
La Codhey emitió una recomendación por lo ocurrido en
Chablekal, pero ambos casos continúan impunes, dijo Indignación.
El grupo sostuvo que Falsas
sospechas: detenciones arbitrarias en México demuestra la
manera en que la policía de todo México detiene arbitrariamente y en forma
rutinaria a personas para extorsionarlas.
Añadió que el informe se basa, entre otras fuentes, en
entrevistas confidenciales con agentes de policía y miembros del sistema de
justicia del estado. La Jornada.
