Noticias de Yucatán
Ciudad de México. Este
miércoles entrará en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),
mediante el cual se crearon un conjunto de leyes e instituciones, con la
participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta
y amplia esta problemática.
Al concluir hoy el plazo de un año que se estableció en
las normas del sistema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18
de julio de 2016, el SNA debe iniciar su vigencia a partir de este 19 de
julio.
La mayoría de las instituciones que constituyen este
sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía
Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
La creación del sistema implicó la modificación de siete
leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de
Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, se designó a un Consejo Consultivo, encabezado
por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que
contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales.
Participan también la Auditoría Superior de la
Federación; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal de Justicia
Administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así
como el fiscal anticorrupción.
Aunque ya se cumplió el plazo y las tareas están bien
definidas, quedan algunos temas pendientes, como la aprobación de una Ley
General de Archivos, que no ha dictaminado el Congreso, y el nombramiento de un
fiscal anticorrupción, que el Senado tampoco ha nombrado.
Igualmente, falta establecer en la mayoría de los estados
de la República los Sistemas Locales Anticorrupción, que deberían ser espejos
del nacional y que el Senado nombre a 18 magistrados para el Tribunal de
Justicia Administrativa, quienes deberían encargarse de juzgar los casos graves
de corrupción tanto de funcionarios públicos como particulares.
Esos magistrados deben encabezar la Tercera Sala del
Tribunal y cinco Salas Regionales, las cuales el Tribunal creó la semana
pasada, con base en su Ley Orgánica, aunque no existan todavía los juzgadores
oficialmente nombrados por la Cámara alta.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas
señala que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar
anualmente (a partir de este miércoles) declaración patrimonial y de
intereses.
Esto incluye a los empleados de todos los niveles, desde
el más modesto hasta el presidente de la República, sin importar si son de
base, eventuales o hasta de honorarios y a todo aquel que haga negocios con el
gobierno.
La razón de ello es que se pueda castigar también a
particulares que incurran en actos de corrupción con funcionarios. Sin embargo,
como todavía no existen los formatos para presentar estas declaraciones, ese
paso no se puede cumplir.
Con todo ello, el sistema entrará en operación mañana,
como un esfuerzo por combatir de fondo y para siempre el grave flagelo de la
corrupción. La Jornada.
