Noticias de Yucatán
Ciudad de México, 18 julio (SinEmbargo/EFE).- Periodistas
exigieron que Javier Duarte de Ochoa no sólo sea juzgado por delitos vinculados
a corrupción y el desvío de los recursos públicos de la entidad, también por
los asesinatos de sus compañeros.
Durante su gestión, 18 periodistas murieron y tres
desaparecieron, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19.
Sin embargo, ni la Procuraduría General de la República
ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz le han presentado cargos
relacionados con las muertes de periodistas ni con las numerosas agresiones
contra la prensa registradas durante su mandato.
De acuerdo con organizaciones internacionales defensoras
de la libertad, el estado de Veracruz se convirtió en una de las regiones del
mundo más peligrosas para el ejercicio periodístico durante la
administración de Javier Duarte.
Asimismo, 18 periodistas que trabajaban en territorio
veracruzano fueron asesinados: Yolanda Ordaz, Gabriel Huge, Misael Solana, Milo
Vela, Guillermo Varela y Esteban Rodríguez en el puerto de Veracruz; Regina
Martínez y Víctor Báez en Xalapa; Armando Saldaña y Pedro Tamayo en Tierra
Blanca; Gregorio Martínez en Coatzacoalcos; Manuel Torres en Poza Rica; Juan
Mendoza y Moisés Sánchez en Medellín; Anabel Flores y Juan Santos Carrera en
Orizaba, Noel López en Jáltipan y Rubén Espinosa, quien trabajaba en Xalapa
(su asesinato se perpetró en la Ciudad de México, a donde había huido tras
amenazas).
“Ninguno de los crímenes contra periodistas veracruzanos
ha sido esclarecido. Mientras Javier Duarte fue gobernador, la Fiscalía
General del Estado criminalizó a las víctimas y nunca hubo interés por
detener y castigar a los autores intelectuales y materiales”, destacó un
comunicado de Artículo 19.
En tanto, la Red Veracruzana de Periodistas, respaldada
por organizaciones y colectivos de diferentes regiones del país, exigió que el
ex Gobernador sea investigado por los asesinatos y desapariciones de los 21
periodistas.
“Estamos convencidos de que Javier Duarte de Ochoa, así
como sus más cercanos colaboradores –quienes también deben ser investigados–
tuvieron un alto grado de responsabilidad en los crímenes antes señalados,
tanto por acción como por omisión, por lo que pedimos que las investigaciones
atraídas en la FGE y en la Fiscalía Especializada para la Atención en
Delitos contra la Libertad de Expresión sean reactivadas lo más pronto
posible”, señalaron.
