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El estado de Quintana Roo comienza a resentir problemas
en el suministro y contaminación del agua, además de que es previsible que en
una decena de años se comiencen también a registrar problemas de desabasto en
algunas zonas de la entidad, alertó la diputada Laura Beristain Navarrete,
quien convocó a comenzar a trabajar en un plan hídrico con el cual enfrentar
esta situación.
La legisladora, presidenta de la Comisión de Salud y
Asistencia Social, participó en el Taller Internacional de Estrategias
Regionales para la Gestión de los Acuíferos Transfronterizos que organizó la
UNAM del 7 al 11 de agosto; ahí Beristain Navarrete realizó una exposición de
la situación hidrológica que vive Quintana Roo, derivada de varios factores
como: características del suelo y de los acuíferos, el histórico crecimiento
poblacional y económico de la entidad, y el mal uso y manejo del agua.
“Este escenario es importante para conocer lo grave que
puede ser la escasez del agua, pues actualmente Quintana Roo tiene una
población de un millón 325 mil 578 habitantes de acuerdo con el censo del INEGI
de 2010 y tiene una cobertura estatal de agua potable cercana al 98%, según la
Comisión de Alcantarillado y Agua Potable (CAPA) en su reporte 2011-2016. Ello
ubica a la entidad por encima de la media nacional que está en 91.2% de
cobertura según la CONAGUA”, explicó la diputada.
Sin embargo, la diputada Beristain señaló que, no
obstante, como consecuencia de las altas tasas de crecimiento poblacional,
aparecen asentamientos humanos irregulares que carecen del servicio de agua
formalmente, lo que los lleva a recurrir a diversas prácticas para conseguirla
como conexiones clandestinas a líneas de conducción y redes primarias, a la
compra de agua en pipas y pozos ilegales.
Para el año 2030, Quintana Roo alcanzará -según datos de
la CONAPO- una población cercana a los dos millones 232 mil 702 habitantes
(tasa de crecimiento de 2.47 % anual), por lo cual va enfrentar una crisis de
desabasto de agua potable, alertó. “En la Riviera Maya y Cancún el panorama es
preocupante, ya que al igual que Los Cabos, las costas de Oaxaca, Guerrero, y
Jalisco, alcanzaron desde 2006 su punto de quiebre en el que la demanda supera
la oferta hídrica sustentable. Cancún inevitablemente, tendrá que buscar nuevas
fuentes de abasto de agua dulce antes del año 2030, ya que sus actuales fuentes
hídricas se están agotando”, dijo.
“Tampoco se cuenta con los servicios de drenaje sanitario
y saneamiento necesarios, por lo que se utilizan sistemas alternativos para la
evacuación de las aguas residuales como letrinas o fosas sépticas mal diseñadas
lo que afecta directamente a las corrientes de agua subterránea. Con ello se
corre el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales y cutáneas, al
consumir el agua subterránea o por realizar actividades recreativas en lagunas,
cenotes, o el mar, puesto que estas corrientes se encuentran conectadas
directamente con ellos, teniendo incluso repercusión y poniendo en riesgo la
actividad turística”, comentó.
Con respecto a la calidad del agua, expuso la legisladora
ante especialistas internacionales, Quintana Roo se divide en tres regiones
geográficas: la costa tiene agua de regular calidad (sódico-clorurada); la
parte central de norte a sur cuenta con agua de calidad media (cálcico
bicarbonatada), y la parte oeste del estado, con aguas duras (sulfato cálcico).
“El problema de dureza, rebasando los parámetros de la
NOM-127-SSA1-1994, genera en los usuarios dermatitis, pérdida del cabello,
problemas gastrointestinales y renales, y daños a las instalaciones sanitarias
de los hogares, y electrodomésticos”, dijo.
En el tema administrativo, la diputada por el PRD señaló que
otro conflicto que enfrenta la crisis hidrológica del Estado, es institucional
derivado del negocio de la privatización del sistema de agua potable, desde
1993.
Esta concesión para la empresa Aguakán, primero en Isla
Mujeres y Cancún, y después en Playa del Carmen, continúa a pesar de haber
incumplido con los términos de la concesión, lo que afecta a los ciudadanos con
mal servicio y tarifas excesivamente altas.
“La corrupción les ha permitido ampliar el contrato hasta
el 2053, y extenderlo a Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, donde de
manera ilegal, se han hecho cargo de este servicio público con tarifas
excesivas y pésima calidad de agua, desde el 2014”, indicó.
La legisladora del PRD expuso las diversas acciones que
ha llevado a cabo desde el Congreso como solicitar la revocación de la
concesión a Aguakán; la supervisión de la autoridad de salud y municipal
respecto a la calidad del agua, y una modificación a la ley de tarifas para
reducirlas en más del 50%.
“El agua es un derecho humano, del agua depende la vida y
la salud de las personas, por eso mi incansable lucha por este derecho”,
concluyó la diputada Beristain.
