Noticias de Yucatán
(apro).- A diez meses del asesinato de la niña bautizada
como “calcetitas rojas”, sus familiares exigieron a la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México que les reconozca personalidad jurídica para dar
seguimiento a la indagatoria.
“Calcetitas rojas” fue encontrada sin vida el 18 de marzo
del año pasado en las inmediaciones del Bordo de Xochiaca, en Netzahualcóyotl,
Estado de México.
Al momento de ser localizada, con múltiples contusiones,
la pequeña vestía una sudadera verde y calcetas rojas; tenía una cobija
colocada en la cabeza y a un lado sus botas negras. La niña permaneció sin ser
identificada hasta diciembre, cuando se inició un proceso contra su madre,
Yadira, y su padrastro, Pablo.
Una vez ubicados los presuntos asesinos, Marina y Luz
Marina Medina, tías de la pequeña, a quien conocían como Lupita, se presentaron
a los medios de comunicación para exigir justicia y pedir que se les permita
tener acceso a la investigación a través de sus representantes legales.e
Las mujeres contaron que la pequeña nació con la ayuda de
una partera el 16 de enero de 2013, pero no fue registrada. Su madre y el
padrastro, añadieron, se dedicaban a robar y eran adictos a enervantes.
Admitieron que estaban alejadas de Yadira, e
identificaron a la menor gracias a la persistencia de su representante legal,
la activista Frida Guerrera, quien dio seguimiento al caso desde que el pequeño
cuerpo mancillado apareció en Netzahualcóyotl.
Respaldada por el sacerdote Alejandro Solalinde, Frida
Guerrera narró que a partir de la publicación de dos imágenes –una de ellas de
la artista forense Rosa Alejandra Arce– para identificar a la menor, fue
contactada por Marina el 25 de noviembre.
Posteriormente, el 14 de diciembre, otra persona se
comunicó con ella para abundar sobre la identidad de Lupita, y un día después
la activista recibió una fotografía y un video de la niña.
“En esa fotografía tenía puestas las botitas que fueron
dejadas cerca de su lastimado cuerpecito”, explicó la activista, y dijo que
toda la información obtenida la entregó a la Fiscalía del Estado de México el
18 de diciembre. Un día después la institución mexiquense filtró las imágenes
de la niña, pese al acuerdo para que no divulgara la información.
El 20 diciembre las autoridades aprehendieron a Yadira y
a Pablo, y una semana después fueron ingresados al Centro Penitenciario y de
Reinserción Social de Netzahualcóyotl, bajo cargos de feminicidio.
El video y la fotografía fueron entregados a Frida por
vecinos de la niña, a quien supuestamente trataron de proteger. Señalaron que
después de ser reclamada por Yadira, a “calcetitas rojas” la vieron por última
vez en febrero de 2017, aproximadamente un mes antes de que fuera asesinada.
De acuerdo con las indagatorias de la activista, el 17 de
marzo la madre de Pablo, padrastro de Lupita, acudió a las oficinas del DIF de
Netzahualcóyotl para denunciar que la pequeña había sido golpeada por su hijo y
Yadira, pero no hubo reacción de las autoridades ante la queja ni vinculó esos
datos con la aparición del cadáver de la niña un día después.
Gracias a la tenacidad de Frida Guerrera, finalmente se
logró reconstruir la historia de la pequeña, que de acuerdo con los dictámenes
periciales fue asesinada a golpes.
La activista reprochó que de parte de las autoridades no
hubo intentos por tratar de identificar a la víctima, y recordó que el 26 de
abril, ante el ofrecimiento de apoyar en la búsqueda de los familiares, la
fiscal de homicidios Irma Millán le dijo: “Yo la sepulté, le hice su misa y no
hice un video para que se supiera”.
Tras señalar que el fiscal general Alejandro Gómez
tampoco buscó identificar a la pequeña, Frida Guerrera narró que el 27 de
noviembre, al intentar identificar el cuerpo de Lupita, las hermanas Marina y
Luz María fueron informadas de que los abuelos de la niña habían reclamado los
restos y que el caso ya estaba cerrado.
De acuerdo con las tías de la niña, en la Fiscalía les
han negado una y otra vez el acceso a la carpeta de investigación, y también
les han reprochado haberse acercado tan tarde a las autoridades para
identificar a la pequeña.
Al insistir en que estaban alejadas de su hermana y no
tenían contacto con Lupita, hasta que fueron ubicadas por Frida Guerrera, las
hermanas Medina demandaron que se les reconozca personalidad jurídica para
tener acceso al expediente y coadyuvar en la investigación a través de sus
representantes legales, la activista y la abogada Daniela Jiménez.
