Noticias de Yucatán
(apro).- Luego de que dos empresarios denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) ser “víctimas de hostigamiento” por haber realizado triangulaciones financiaras para beneficiar al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, en un negocio de 54 millones de pesos de su empresa, el panista descalificó la información que, dijo, ya fue aclarada, y reiteró que es víctima de la “guerra sucia” del PRI.
“Nuevamente el PRI recurre a la guerra sucia para tratar de confundir a la opinión pública e intentar levantar la campaña en ruinas de su candidato”, respondió mediante un comunicado emitido por el Partido Acción Nacional (PAN), después de una conferencia de prensa del abogado Joaquín Xamán McGregor, quien involucró a Anaya en el hostigamiento a sus clientes.
Aquel aseguró que entre 2016 y 2017 sus clientes –a los que sólo identificó como Alberto “N” y Daniel “N”– fueron contratados por Manuel Barreiro, empresario de Querétaro, para triangular recursos para que no se supiera el origen de los mismos, con los que se compró la nave industrial de la empresa Juniserra, propiedad de Anaya, por casi 54 millones de pesos, en 2016.
“Para ocultar el origen del dinero, así como a su beneficiario final, Manuel Barreiro, les encargó a mis clientes constituir un esquema en el que utilizaran una empresa fantasma o fachadas, construida por prestanombres o testaferros, a través de las cuales se hicieran triangulaciones económicas en distintas partes del mundo para perder el rastro del origen de los recursos, estratagema que culminaría con la recepción de los 54 millones de pesos por la empresa propiedad de Ricardo Anaya”, relató el abogado.
Y añadió que a la sociedad financiera formada por sus clientes, identificada como Tesoren, llegaron los 54 millones de pesos propiedad de Barreiro, que fueron transferidos a la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development con el objetivo de volver a comprar una propiedad que dos años antes había sido vendida por Barreiro, presuntamente en 10 millones de pesos, a la empresa de Anaya.
Al respecto, el candidato presidencial aseguró que esa información es “un refrito” de lo publicado y aclarado hace más de cinco meses, y aseguró que nunca ha tratado a los personajes aludidos y que se trata de otra mentira del PRI.
“Es francamente absurdo y de risa loca afirmar que amenacé a personas que no conozco y con quienes jamás he tenido trato alguno, según el dicho de su propio abogado”, subrayó Anaya, quien admitió que “la empresa de mi propiedad que vendió una nave industrial a precio de mercado está declarada en mi 3 de 3 y siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales”.
Luego reprodujo el comunicado del 18 de septiembre de 2017, en la que afirmó que “la empresa Manhattan Master Plan Development cubrió el importe de la compra-venta a entera satisfacción de nuestra empresa”, pero en todo caso, si hay irregularidades, “a quien correspondería verificar que su empresa cumple con la normatividad vigente es a las autoridades competentes y no a quienes únicamente le vendimos un inmueble cuyo precio fue cubierto a entera satisfacción”.
Además, añadió Anaya, la compraventa referida cumplió con todas las formalidades que la ley establece: Se realizó ante notario público, se hicieron los avalúos correspondientes, el pago se efectuó a través del sistema bancario y se pagaron todos los impuestos aplicables.
“Como ya se señaló hace cinco meses, no corresponde al vendedor hacer una revisión de las fuentes de financiamiento de quien compra. Cualquiera que haya vendido una casa sabe que basta con hacer la compra-venta ante notario público, con los avalúos correspondientes, recibir el pago por cheque o transferencia bancaria y estar al corriente de sus obligaciones fiscales. A quien sí corresponde verificar el origen legal de los recursos usados por quien compra es a la autoridad competente, que es la única que tiene la obligación y la capacidad de hacerlo. Tan es así, que en la propia escritura pública de compra-venta se puede leer lo siguiente: ‘La parte compradora manifiesta, bajo protesta de decir verdad: a) Los recursos económicos que serán utilizados en la presente operación de compraventa tienen una naturaleza lícita…’”.
El panista puntualizó: “Afirmar que amenacé a personas que no tengo el gusto de conocer, y cuyo mismo abogado reconocen que no han tratado conmigo, es francamente absurdo y de risa loca”.
Y remató: El día de hoy, además, buscan distraer la atención de un gravísimo escándalo de corrupción detectado por la Auditoría Superior de la Federación, que implicaría el desvío de más de mil 300 millones de pesos de programas sociales, por parte de la entonces titular de Sedesol y hoy titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga”.
(apro).- Luego de que dos empresarios denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) ser “víctimas de hostigamiento” por haber realizado triangulaciones financiaras para beneficiar al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, en un negocio de 54 millones de pesos de su empresa, el panista descalificó la información que, dijo, ya fue aclarada, y reiteró que es víctima de la “guerra sucia” del PRI.
“Nuevamente el PRI recurre a la guerra sucia para tratar de confundir a la opinión pública e intentar levantar la campaña en ruinas de su candidato”, respondió mediante un comunicado emitido por el Partido Acción Nacional (PAN), después de una conferencia de prensa del abogado Joaquín Xamán McGregor, quien involucró a Anaya en el hostigamiento a sus clientes.
Aquel aseguró que entre 2016 y 2017 sus clientes –a los que sólo identificó como Alberto “N” y Daniel “N”– fueron contratados por Manuel Barreiro, empresario de Querétaro, para triangular recursos para que no se supiera el origen de los mismos, con los que se compró la nave industrial de la empresa Juniserra, propiedad de Anaya, por casi 54 millones de pesos, en 2016.
“Para ocultar el origen del dinero, así como a su beneficiario final, Manuel Barreiro, les encargó a mis clientes constituir un esquema en el que utilizaran una empresa fantasma o fachadas, construida por prestanombres o testaferros, a través de las cuales se hicieran triangulaciones económicas en distintas partes del mundo para perder el rastro del origen de los recursos, estratagema que culminaría con la recepción de los 54 millones de pesos por la empresa propiedad de Ricardo Anaya”, relató el abogado.
Y añadió que a la sociedad financiera formada por sus clientes, identificada como Tesoren, llegaron los 54 millones de pesos propiedad de Barreiro, que fueron transferidos a la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development con el objetivo de volver a comprar una propiedad que dos años antes había sido vendida por Barreiro, presuntamente en 10 millones de pesos, a la empresa de Anaya.
Al respecto, el candidato presidencial aseguró que esa información es “un refrito” de lo publicado y aclarado hace más de cinco meses, y aseguró que nunca ha tratado a los personajes aludidos y que se trata de otra mentira del PRI.
“Es francamente absurdo y de risa loca afirmar que amenacé a personas que no conozco y con quienes jamás he tenido trato alguno, según el dicho de su propio abogado”, subrayó Anaya, quien admitió que “la empresa de mi propiedad que vendió una nave industrial a precio de mercado está declarada en mi 3 de 3 y siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales”.
Luego reprodujo el comunicado del 18 de septiembre de 2017, en la que afirmó que “la empresa Manhattan Master Plan Development cubrió el importe de la compra-venta a entera satisfacción de nuestra empresa”, pero en todo caso, si hay irregularidades, “a quien correspondería verificar que su empresa cumple con la normatividad vigente es a las autoridades competentes y no a quienes únicamente le vendimos un inmueble cuyo precio fue cubierto a entera satisfacción”.
Además, añadió Anaya, la compraventa referida cumplió con todas las formalidades que la ley establece: Se realizó ante notario público, se hicieron los avalúos correspondientes, el pago se efectuó a través del sistema bancario y se pagaron todos los impuestos aplicables.
“Como ya se señaló hace cinco meses, no corresponde al vendedor hacer una revisión de las fuentes de financiamiento de quien compra. Cualquiera que haya vendido una casa sabe que basta con hacer la compra-venta ante notario público, con los avalúos correspondientes, recibir el pago por cheque o transferencia bancaria y estar al corriente de sus obligaciones fiscales. A quien sí corresponde verificar el origen legal de los recursos usados por quien compra es a la autoridad competente, que es la única que tiene la obligación y la capacidad de hacerlo. Tan es así, que en la propia escritura pública de compra-venta se puede leer lo siguiente: ‘La parte compradora manifiesta, bajo protesta de decir verdad: a) Los recursos económicos que serán utilizados en la presente operación de compraventa tienen una naturaleza lícita…’”.
El panista puntualizó: “Afirmar que amenacé a personas que no tengo el gusto de conocer, y cuyo mismo abogado reconocen que no han tratado conmigo, es francamente absurdo y de risa loca”.
Y remató: El día de hoy, además, buscan distraer la atención de un gravísimo escándalo de corrupción detectado por la Auditoría Superior de la Federación, que implicaría el desvío de más de mil 300 millones de pesos de programas sociales, por parte de la entonces titular de Sedesol y hoy titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga”.
