Noticias de Yucatán
(apro).- Tras hacer el análisis de las firmas recabadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó este martes que dos de los nueve aspirantes que preliminarmente habían superado el umbral exigido por la ley para conseguir una candidatura independiente al Senado, lo consiguieron fraudulentamente.
En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE denunciaron que, luego de una exhaustiva revisión, se detectó que tanto Jorge Arturo Gómez González, de Aguascalientes, como Raymundo Vázquez Conchas, de Tlaxcala, presentaron fotocopias y documentos inválidos para falsificar más del 50% de los apoyos entregados.
En el caso del primer aspirante, se encontró que en un porcentaje mayor a 85% de los casos presentó fotocopias; mientras que, en el segundo, más de 52% de los apoyos fueron inscritos con documentos inválidos.
“Se van a hacer las denuncias correspondientes ante la FEPADE y también se van a abrir los procedimientos correspondientes ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de esta institución”, anunció la consejera electoral Adriana Favela.
En contraste, los siete aspirantes a una candidatura independiente para ocupar un escaño en el Senado que cumplieron a cabalidad con los requisitos de alcanzar el apoyo equivalente a 2% de la lista nominal de electores de su entidad federativa, así como la distribución geográfica, son:
Pedro Kumamoto, por Jalisco; Manuel Clouthier, por Sinaloa; Lorenzo Ricardo García, por Baja California Sur; Pablo Salazar Mendiguchía, por Chiapas; Soledad Romero Espinal, por Guerrero; Raúl González Rodríguez, por Nuevo León, y Obed Javier Pérez Cruz, por el estado de Tlaxcala.
De un total de 78 ciudadanos que inicialmente manifestaron su intención de contender por una de estas candidaturas, 55 de los cuales cumplieron con los requisitos previstos en la convocatoria, sólo esos siete aspirantes podrán presentar su solicitud de registro, entre el 11 y el 18 de marzo, a la espera de haber aprobado el filtro de fiscalización previsto en la ley.
(apro).- Tras hacer el análisis de las firmas recabadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó este martes que dos de los nueve aspirantes que preliminarmente habían superado el umbral exigido por la ley para conseguir una candidatura independiente al Senado, lo consiguieron fraudulentamente.
En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE denunciaron que, luego de una exhaustiva revisión, se detectó que tanto Jorge Arturo Gómez González, de Aguascalientes, como Raymundo Vázquez Conchas, de Tlaxcala, presentaron fotocopias y documentos inválidos para falsificar más del 50% de los apoyos entregados.
En el caso del primer aspirante, se encontró que en un porcentaje mayor a 85% de los casos presentó fotocopias; mientras que, en el segundo, más de 52% de los apoyos fueron inscritos con documentos inválidos.
“Se van a hacer las denuncias correspondientes ante la FEPADE y también se van a abrir los procedimientos correspondientes ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de esta institución”, anunció la consejera electoral Adriana Favela.
En contraste, los siete aspirantes a una candidatura independiente para ocupar un escaño en el Senado que cumplieron a cabalidad con los requisitos de alcanzar el apoyo equivalente a 2% de la lista nominal de electores de su entidad federativa, así como la distribución geográfica, son:
Pedro Kumamoto, por Jalisco; Manuel Clouthier, por Sinaloa; Lorenzo Ricardo García, por Baja California Sur; Pablo Salazar Mendiguchía, por Chiapas; Soledad Romero Espinal, por Guerrero; Raúl González Rodríguez, por Nuevo León, y Obed Javier Pérez Cruz, por el estado de Tlaxcala.
De un total de 78 ciudadanos que inicialmente manifestaron su intención de contender por una de estas candidaturas, 55 de los cuales cumplieron con los requisitos previstos en la convocatoria, sólo esos siete aspirantes podrán presentar su solicitud de registro, entre el 11 y el 18 de marzo, a la espera de haber aprobado el filtro de fiscalización previsto en la ley.