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Los despidos en varias dependencias del gobierno estatal encendieron los ánimos en el Congreso local, pues mientras la bancada priísta calificó los ajustes en el personal realizados por la administración de Mauricio Vila, como un botín de guerra que hecha por la borda la experiencia que por años adquirieron los servidores públicos, panistas respaldados por movimiento ciudadano afirmaron que muchos de los cesados son aviadores, y que la población votó por un cambio de fondo.
Al abordarse los asuntos generales en la plenaria de este jueves, el diputado del PRI, Luís Borjas Romero, abordó la tribuna para arremeter contra el actual gobierno, a quien acusó de despedir de manera arbitraria a los trabajadores operativos, principalmente.
“Abusando de autoridad y del poder que hoy tienen los servidores públicos que encabeza el gobierno en turno, pretenden hacerlo valer despidiendo a todo aquel que crean que no comulga con su ideología política, sólo por necesitar el puesto para otra persona”, denunció.
Posteriormente, entregó una iniciativa de ley para poner en marcha el servicio civil de carrera, con el objeto de evitar despidos injustificados, a la vez que amagó con acudir ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán para denunciar los atropellos que, asegura, sufren trabajadores por el simple hecho de no ser panistas.
Tras tales señalamientos, la coordinadora de los diputados del PAN, Ros Adriana Díaz Lizama, abordo la tribuna para criticar la intentona del PRI de impulsar una iniciativa que por años fue pretendida por el albiazul, a la vez que calificó el discurso de Borjas Romero como “derecho al pataleo”.
“Muchos no conocían a 50, 100 empleados que se presentaron el primero de octubre y que estaban en nómina. Sorprendentemente eran empleados de tal o cual secretaria, empleados de contrato que sirvieron desde enero, o tal vez desde el año pasado, para pasar casa por casa para hacer encuestas, para ver como estaban los candidatos del partido Tricolor”, denunció.
Reveló que tras la derrota del PRI en las urnas, el entonces gobernador, Rolando Zapata Bello, inició a dar bases de trabajo a cientos de personas, principalmente a familiares.
“No beneficiaron a la clase trabajadora, beneficiaron a la parentela, a los amigos; no beneficiaron al que diario iba a trabaja a la dependencia, quisieron beneficiar a sus amigos ya los que son de su partido. Le llamo a esto, derecho de paleteo”, expuso.
Leyes a la medida
Al debate se sumó el perredista Alejandro Cuevas Mena, quien señaló que las leyes no son a la medida de un gobierno, pues lo que hoy favorece a unos puede ser en perjuicio de otros, además de advertir que hay demandas en los municipios y en el gobierno estatal, del orden laboral, que le podrían costar al erario más de 800 millones de pesos.
“Lo que hoy se plantea es hacer una ley local que le dé certidumbre a las trabajadoras; pongamos las reglas claras para que esto no vuelva a suceder, porque si hay las demandas que se señalan, se ponen en riesgo las finanzas”, señaló.
Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, afirmó la justificación del diputado Borjas Romero para proponer una ley con el argumento de que hay venganzas políticas y despidos justificados.
“Me da mucho miedo la experiencia de la que venimos, porque venimos de una experiencia muy mala, de aviadores, de un escudo Yucatán que se utilizaba para pagarle a las manzaneras, de operación política y no de vigilar colonias”, fustigó.
Al cerrar el debate, la priísta Janice Escobedo Salazar reiteró que entre los trabajadores que se han despedido existen personas de 18 a 25 años de servicio, a quienes no les explican la razón de su retiro o si van a recibir liquidación, por lo que invitó a los diputados a trabajar en la propuesta presentada.
Mantener la paz
Durante la sesión de este jueves también se turnaron a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la Iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), presentada por Rosa Díaz Lizama (PAN); y la propuesta que reforma el artículo 23 de la Ley de Registro Civil, signada por Luis Aguilar Castillo.
Además, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo para que el Congreso de Yucatán otorgue un reconocimiento al nadador Carlos Franco Cantón, por poner en alto el nombre de Yucatán, al lograr cumplir la travesía de cruzar a nado libre el Canal de la Mancha.
En otro asunto, los diputados estatales avalaron por unanimidad el Punto de Acuerdo para que con pleno respeto a la autonomía municipal, el Congreso del estado exhorte a los municipios de Yucatán para reforzar las estrategias de seguridad a través de la capacitación y evaluación continua de sus elementos policiales, así como de vigilancia y coordinación permanente de la Secretaría de Seguridad Pública, dentro del ámbito de su competencia, a fin de mantener a la entidad con los estándares de paz y tranquilidad con que se cuente actualmente.
En otro tema, Luis Aguilar Castillo se pronunció en contra de una propuesta nacional de eliminar la educación especial en los planteles escolares, porque dicho programa revolucionó la enseñanza y se debe pugnar para fortalecerla, para atender la igualdad de oportunidades educativas, ya que “educación especial es inclusión”.
En respuesta, Kathia Bolio Pinelo señaló que ella es madre de una pequeña con autismo, por lo que mencionó que difiere con el posicionamiento, sin embargo, dijo estar a favor de que los maestros de educación especial deban ser incluidos dentro del sistema regular de enseñanza, dentro de las aulas, con todos los niños, toda vez que ayuda a la infancia con discapacidad a fortalecer la convivencia, pero en especial, la inclusión, porque es discriminatorio que no puedan integrarse a un grupo escolar.
Así mismo, Alejandro Cuevas presentó una Propuesta de Acuerdo para que el Congreso del estado exhorte a los ayuntamientos a cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Gobierno del Estado y los Municipios, para convocar dentro de los 90 días de su administración, la realización de la elección de comisarios.
La Jornada Maya
