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Una menor de 13 años vio morir a su bebé porque no tenía dinero para trasladarlo a un hospital capitalino y las autoridades sanitarias no le prestaron ayuda.
La madre tuvo que esperar seis semanas a que su familia juntara el dinero para trasladarse ambas a un centro asistencial en la capital, porque no le facilitaron una ambulancia en el nosocomio de su localidad. El hijo, que padecía de pulmonía, falleció cuando iban en el bus, refiere Prensa Libre.
"¿Por qué no la llevaron en una ambulancia hasta el hospital Roosevelt?", cuestionó la directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), Mirna Montenegro, quien informó que la joven madre está en terapia psicológica porque aún se culpa de lo ocurrido.
"Salud atiende el parto y después de eso nadie se preocupa por el futuro de la niña y su recién nacido", agregó Montenegro, quien es parte del equipo que documentó 20 casos similares en un informe del Observatorio.
El documento, presentado esta semana, revela la situación de abandono en la que se encuentran las madres menores de edad, que no solo carecen de apoyo del Estado, sino que por sus condiciones de pobreza extrema son las recurrentes candidatas a la exclusión.
El informe recoge testimonios de niñas de entre 10 y 14 años para dar cuenta de la dura realidad que viven al convertirse en madres, en la mayoría de los casos como producto de una violación. Las jóvenes fueron monitoreadas por el Observatorio durante y después del embarazo.
Sin política pública
Entre enero y junio de este año, más de 25.000 menores de edad se convirtieron en madres en Guatemala. A pesar de la cifra, que va en ascenso, el apoyo del Estado es nulo.
Montenegro considera que para esas niñas "no hay esperanza" porque sus condiciones de pobreza se han agravado: no han podido culminar sus estudios, han tenido más hijos, no cuentan con ninguna ayuda estatal, carecen de información sobre su salud sexual y reproductiva, o vieron fallecer a sus hijos poco tiempo después de nacer.
"Hay sentimientos de frustración, decepción, y no hay ningún plan de vida en ellas", agrega Montenegro, quien detalla que muchas de esas chicas renuncian a sus estudios para dedicarse exclusivamente al cuidado de sus hijos.
Uno de los nodos críticos, según la directora del Observatorio, es la ineficaz política pública para dar respuesta al problema. Un ejemplo palpable es que el programa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que ofrece un aporte de 1.500 quetzales (194 dólares aproximadamente) ocho veces al año, beneficia únicamente a 61 madres menores de edad, cuando se sabe que hay más de 6.000 casos registrados.
El argumento del Ministerio es que el programa arropa a niñas de 10 a 14 años cuyos casos "han sido judicializados", por lo que se deben cumplir varios requisitos para poder tener acceso a las ayudas.
Controversia nacional
A mediados del mes pasado, el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, solicitó apoyo a los medios de comunicación para combatir la violencia sexual, un flagelo que muestra pocos síntomas de disminuir. En lo que va de año, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) cuantifica 5.649 casos de reconocimiento de delitos sexuales.
Cabrera reconoció que la mayoría de los casos de violencia sexual en su país son perpetrados por familiares de las víctimas, por lo que llamó a la población a "ponerse la mano en la conciencia para cambiar esa cultura". En lo que va de 2018, unas 1.475 niñas de entre 10 y 14 años tienen embarazos como producto de violaciones.
Paradójicamente, el impulso de esa campaña en los medios se anunció pocos días después de que la Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala rechazara un proyecto para la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violación.
El proyecto, discutido por sectores sociales, tenía previsto medidas de acceso a la justicia y reparación para las víctimas, pero fue vetado porque supuestamente no estaba en armonía con la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el Decreto 27-2003 y la Constitución Política de la República.
Una menor de 13 años vio morir a su bebé porque no tenía dinero para trasladarlo a un hospital capitalino y las autoridades sanitarias no le prestaron ayuda.
La madre tuvo que esperar seis semanas a que su familia juntara el dinero para trasladarse ambas a un centro asistencial en la capital, porque no le facilitaron una ambulancia en el nosocomio de su localidad. El hijo, que padecía de pulmonía, falleció cuando iban en el bus, refiere Prensa Libre.
"¿Por qué no la llevaron en una ambulancia hasta el hospital Roosevelt?", cuestionó la directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), Mirna Montenegro, quien informó que la joven madre está en terapia psicológica porque aún se culpa de lo ocurrido.
"Salud atiende el parto y después de eso nadie se preocupa por el futuro de la niña y su recién nacido", agregó Montenegro, quien es parte del equipo que documentó 20 casos similares en un informe del Observatorio.
El documento, presentado esta semana, revela la situación de abandono en la que se encuentran las madres menores de edad, que no solo carecen de apoyo del Estado, sino que por sus condiciones de pobreza extrema son las recurrentes candidatas a la exclusión.
El informe recoge testimonios de niñas de entre 10 y 14 años para dar cuenta de la dura realidad que viven al convertirse en madres, en la mayoría de los casos como producto de una violación. Las jóvenes fueron monitoreadas por el Observatorio durante y después del embarazo.
Sin política pública
Entre enero y junio de este año, más de 25.000 menores de edad se convirtieron en madres en Guatemala. A pesar de la cifra, que va en ascenso, el apoyo del Estado es nulo.
Montenegro considera que para esas niñas "no hay esperanza" porque sus condiciones de pobreza se han agravado: no han podido culminar sus estudios, han tenido más hijos, no cuentan con ninguna ayuda estatal, carecen de información sobre su salud sexual y reproductiva, o vieron fallecer a sus hijos poco tiempo después de nacer.
"Hay sentimientos de frustración, decepción, y no hay ningún plan de vida en ellas", agrega Montenegro, quien detalla que muchas de esas chicas renuncian a sus estudios para dedicarse exclusivamente al cuidado de sus hijos.
Uno de los nodos críticos, según la directora del Observatorio, es la ineficaz política pública para dar respuesta al problema. Un ejemplo palpable es que el programa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que ofrece un aporte de 1.500 quetzales (194 dólares aproximadamente) ocho veces al año, beneficia únicamente a 61 madres menores de edad, cuando se sabe que hay más de 6.000 casos registrados.
El argumento del Ministerio es que el programa arropa a niñas de 10 a 14 años cuyos casos "han sido judicializados", por lo que se deben cumplir varios requisitos para poder tener acceso a las ayudas.
Controversia nacional
A mediados del mes pasado, el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, solicitó apoyo a los medios de comunicación para combatir la violencia sexual, un flagelo que muestra pocos síntomas de disminuir. En lo que va de año, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) cuantifica 5.649 casos de reconocimiento de delitos sexuales.
Cabrera reconoció que la mayoría de los casos de violencia sexual en su país son perpetrados por familiares de las víctimas, por lo que llamó a la población a "ponerse la mano en la conciencia para cambiar esa cultura". En lo que va de 2018, unas 1.475 niñas de entre 10 y 14 años tienen embarazos como producto de violaciones.
Paradójicamente, el impulso de esa campaña en los medios se anunció pocos días después de que la Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala rechazara un proyecto para la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de violación.
El proyecto, discutido por sectores sociales, tenía previsto medidas de acceso a la justicia y reparación para las víctimas, pero fue vetado porque supuestamente no estaba en armonía con la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el Decreto 27-2003 y la Constitución Política de la República.
