Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó hoy el establecer en Yucatán la “muerte civil”, para inhabilitar de por vida a todo servidor público que se le sorprenda cometiendo actos de corrupción, además de elevar al rango constitucional de Fiscalía de Combate a la Corrupción, a la actual vicefiscalía de ese mismo ramo.
También por unanimidad y entre aplausos de maestros sindicalistas presentes en la sesión, se aprobó el desechar la iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal, que proponía reformar la ley del Isstey, para usar las UMAS en vez de los salarios mínimos en el cálculo de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores.
Fiscalía Anticorrupción, en 2020
Karla Franco Blanco diputada del PRI y como presidenta de la Comisión de
Puntos Constitucionales que dictaminó estas iniciativas de reformas a la
Constitución local, informó que en el caso convertir a la vicefiscalía en
Fiscalía Anticorrupción con plena autonomía, entrará en vigor a partir del
primero de enero de 2020.
La legisladora precisó que estas reformas establecen que el periodo de los
titulares de la Fiscalía será por siete años con derecho a una reelección. Por la situación de los derechos adquiridos, el actual vicefiscal, José
Enrique Goff Ailloud continuará al frente de esta institución cuando se
convierta en Fiscalía, por el tiempo que le quede para concluir los siete
años (le faltan alrededor de cinco años), y también puede ser reelegido.
La diputada explicó que para la elección del titular de la fiscalía, al
igual que en otras cinco instituciones autónomas, el gobernador deberá
enviar una terna de candidatos al Congreso, donde los diputados elegirán al Fiscal Anticorrupción.
Estas reformas aprobadas, por ser a la Constitución y afectar a los Municipios, se notificarán a los Ayuntamientos, para que las pongan a
consideración de sus respectivos cabildos. Si lo aprueba más de la mitad
de los 106 municipios, ya se podrá aplicar.
