MÉXICO.- "Mi hija me ha dicho: 'mamá yo siento que me
muero y no tienen una aspirina para darme'. Los familiares tenemos que cubrir
los gastos del medicamento y hacérselos llegar como podemos. Son muy
crueles", acusa Lourdes Ramírez, madre de Karla, recluida en el Centro
Federal de Readaptación Social Femenil CPS, No. 16 de Morelos y de Ana Karen,
privada de la libertad en el Centro de Readaptación Social en Ecatepec
(Chiconautla), Estado de México. Ambas con la salud quebrantada, en medio de la
pandemia, sin atención médica.
Karla y Ana Karen son dos de los 300 casos que han llegado
al colectivo Artículo 20 pidiendo ayuda.
"Nos contactaron familiares de 259 mujeres del CPS
de Morelos y más de 40 internas en Barrientos y Santiaguito, en el Edomex,
que no tienen acceso a la salud y necesitan atención urgente", asegura
Viridiana Molina, directora de la organización.
Cáncer, hipertensión, arritmia, la lista de padecimientos de
mujeres en reclusión es tan larga como la espera de atención médica.
"Desde hace dos años mi hermana tiene alergia en todo
el cuerpo. Tiene dolor y sangra. Se ha agravado con la
pandemia", dice Anna Martínez.
En entrevista a Grupo Reforma, Tania Reneaum, directora de
Amnistía Internacional México, refiere la cantidad de recomendaciones de
organizaciones de derechos humanos que han sido ignoradas porque "el tema
penitenciario no es una prioridad para la política pública, pero las necesidades
de las mujeres lo son muchísimo menos".
Indiferencia e indolencia de las autoridades
Sobre los casos referidos, Reneaum subraya que las
autoridades actúan como siempre se han comportado: "con indiferencia,
con indolencia y haciendo de la cárcel un depósito de las personas más
olvidadas".
Cuando se presentan las peticiones administrativas con base
en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) para solicitar atención médica,
invariablemente la autoridad responde que en el Centro se respetan los derechos
humanos, pero no "tenemos medicamentos", "no tenemos atención
médica" y eso impacta el trato digno que, por ley, el estado está obligado
a dar a las personas privadas de la libertad, increpa Gerardo Manrique,
abogado defensor de ejecución de dos mujeres en el Centro Federal 16 de
Morelos.
La LNEP tiene mecanismos para proteger los derechos de
las personas en reclusión a través de procedimientos administrativos y
jurisdiccionales.
Dos figuras son clave: defensores especializados en
ejecución, que representan a personas en reclusión ante abusos de las
autoridades del centro, y los jueces de ejecución, responsables de garantizar
los derechos de los internos.
Pero la realidad para la gran mayoría de estas mujeres
es distinta. Se encuentran en proceso, tienen abogados públicos que se ocupan
de sus juicios, pero no de sus condiciones de reclusión. Ésa es la situación de
Karla y Ana Karen, cuya madre describe esos centros como "lugares donde no
hay justicia".
Fuente: Reforma
