Legisladoras de oposición tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados ante un intento de reforma que elimina la obligación de dar recursos suficientes para la operación de los Centros de Justicia para Mujeres.
La legisladora Aleida Alavez Ruiz, de Morena, presentó la reserva para eliminar un artículo que obliga a los gobiernos federal y estatales a dar recursos suficientes para la operación de estos centros.
El documento original establece que se garantizará la suficiencia presupuestaria de estos centros; y, que las cantidades presupuestales asignadas no serán menores a las otorgadas en presupuestos anteriores para el funcionamiento de los Centros de Justicia para Mujeres.
La oposición protestó ante el intento de cambio, pues la mayoría de Morena y sus aliados podrían llevarla adelante, al ser cambio a una ley secundaria.
Los legisladores debaten una minuta que llegó de la cámara de Senadores que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de Centros de Justicia para las Mujeres.
El documento aprueba dotar a los Centros de Justicia para las Mujeres de mecanismos, atribuciones, alcances y características que requieran para cumplir sus funciones.
La reforma define a los Centros de Justicia para las Mujeres como los espacios multidisciplinarios e interinstitucionales donde se atienden de forma gratuita e integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijas e hijos menores de edad.
Estos centros deben trabajar desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento.
Especifica que los Centros estarán a cargo de las entidades federativas y los enfoques desde los cuales se realizará la atención.
La reforma determina que para el caso de las mujeres con discapacidad, también se considerará violencia en el ámbito familiar cuando es cometida por personas que realizan labores de cuidado, sin importar que tengan o no una relación de parentesco.
