EFE.- El baile de cifras de personas desaparecidas y los cambios de funcionarios a cargo de gestionar una crisis que supera los 100 mil no localizados marcó el año 2023 en México, y deja a los familiares de las víctimas de desaparición con una sensación de desprotección y de caos.
“Se inició la administración (de López Obrador) con algunas señales promisorias con un intento de distanciarse de lo que habíamos tenido antes, pero muchas de esas promesas fueron naufragándolo a lo largo del sexenio y dejan hoy un panorama muy desolador donde el balance es negativo”, dijo en entrevista con EFE el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.
A lo largo del año, este problema no se ha frenado, pues siguen desapareciendo personas cada día y la crisis forense persiste con más de 52 mil cuerpos sin identificar.
El gobierno de México aseguró el pasado 14 de diciembre que solamente hay 12 mil 377 personas desaparecidas, según su nuevo censo, y no 111 mil, cifra registrada anteriormente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) con corte al 20 de agosto de 2023.
Este baile de cifras no resulta afortunado para las familias de víctimas ni para las organizaciones que las acompañan, aseguró Aguirre.
Los esfuerzos por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) se están poniendo en las cifras y el censo realizado implica, consideró el experto, un desdén a la tragedia de la crisis de desaparecidos y a los familiares, específicamente por algunas de las categorías, como la de registros “sin datos suficientes” que descarta a 26 mil 90 personas.
Además, relató, deberían repartirse esfuerzos en tareas urgentes como lo es la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, “una herramienta de búsqueda que prevé la ley desde 2017 y que las familias han tenido que litigar ante los tribunales para que empiece a crearse, que sigue siendo una herramienta incompleta”.
Salida de autoridades de confianza de las familias
A lo anterior se sumó la salida de la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, y el subsecretario de derechos humanos de la Segob, Alejandro Encinas, ambos cercanos a las familias y con una trayectoria especializada en el asunto.
“Tenían diálogo con los colectivos y en su lugar lo que hemos visto es la llegada de nuevos perfiles a la administración pública, ya con muy poco margen (debido a las elecciones de junio de 2024)”, compartió Aguirre.
A lo largo del año, familiares de personas desaparecidas en México entrevistados por EFE mostraron su frustración ante la lentitud en las investigaciones, la crisis forense y la falta de compromiso por parte de múltiples autoridades.
María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos y reconocida recientemente como una de las 100 personas más influyentes del año por la revista TIME, dijo en mayo de este año que muchas de las madres buscadoras lo único que buscan es dar sepultura digna a sus hijos y ni siquiera eso pueden tener.
María del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo, joven desaparecida hace cinco años en el sur de la Ciudad de México, acudió a una búsqueda en campo el pasado 26 de mayo, jornada que dio cuenta de la falta de compromiso y de medios por parte de las autoridades.
Los miembros de la Guardia Nacional, los binomios caninos y los bomberos no estaban en la zona, a pesar de que la Comisión de Búsqueda había asegurado que llegarían.
Además, al iniciar las labores en campo vio que el trabajo previo a la búsqueda tampoco había sido realizado. Las zonas de búsqueda no están delimitadas, en un terreno inmenso e inabarcable para las poco más de 40 personas que acudieron al llamado.
“México entero es un panteón clandestino”, dijo en mayo María Herrera.
