Las revelaciones de Wikileaks llegan ahora al caso del escándalo político y judicial que se generó en Yucatán en 2009 a raíz de la detención de mujeres costarricenses que, según el gobierno del Estado, dijeron que eran explotadas por una red dedicada al tráfico de personas y a la prostitución.
Según los informes recabados por la embajada de Estados Unidos en Costa Rica —divulgados por Wikileaks—, la costarricense Yoheny Chávez Fonseca admitió ante la policía de su país que “las declaraciones que hice en Yucatán son falsas”.
Como informamos en su oportunidad, Yoheny Chávez fue una de las dos testigos citadas por el ex subprocurador de Justicia del gobierno del Estado Rafael Acosta Solís para acusar al entonces delegado del Instituto Nacional de Migración Hernán Vega Burgos de lenocinio y trata de blancas en 2009.
"Historia inventada"Revelaciones en el caso de unas costarricenses Publicada: 15 noviembre 2011
La costarricense Yoheny Chávez Fonseca, una de las dos testigos citadas por el ex subprocurador de Justicia Rafael Acosta Solís para acusar al entonces delegado de Migración Hernán Vega Burgos de lenocinio y trata de blancas en 2009, admitió ante la policía de su país ese año que las declaraciones que hizo en Yucatán son falsas, revela un cable de la embajada Estados Unidos en Costa Rica, difundido por Wikileaks.
No obstante esa confesión, hecha ante una autoridad judicial, el ex subprocurador presentó dos denuncias contra Vega Burgos, que no procedieron, pero ocasionaron al ex funcionario la pérdida de su empleo, el congelamiento de sus cuentas bancarias y el lichamiento público contra su persona, sin precedente en el Estado, que lo orillaron a cambiar su residencia a otro país.
El cable diplomático, identificado con la referencia 09SANJOSE590 y redactado por la embajada estadounidense en San José el 15 julio de 2009, saca a la luz una forma de actuar de Acosta Solís y Friedman Peniche Rivero, entonces director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría y actualmente vicefiscal general del Estado, para ensañarse con Vega Burgos, considerado su adversario político.
Según la denuncia presentada por estos funcionarios, el 8 de junio de 2009, “en forma fortuita” una patrulla de la Policía Judicial que investigaba otros asuntos encontró en una calle del norte de Mérida a la joven costarricense Raquel Canales Acevedo, llorando. Ésta dijo a los policías que se había escapado de una casa cercana, donde era obligada a ejercer la prostitución y que allí mismo permanecía retenida una amiga suya.
Los policías, dice la denuncia oficial, acompañaron a Raquel Canales hasta esa casa, ubicada en la calle 15 entre 14 y 16 de la colonia Prado Norte, y rescataron a Yoheny Chávez Fonseca, también oriunda de Costa Rica, y detuvieron a la yucateca Rosa María Casanova May, quien fungía como cuidadora de las mujeres.
Esta persona dijo ser empleada de Keysi Johana González Corrales, igualmente de Costa Rica y, al parecer, cabecilla de una red internacional de prostitución.
Las jóvenes declararon que sólo se les permitía salir de la casa para sostener relaciones sexuales por órdenes de Keysi González, quien presuntamente tenía clientes de alta posición social y política.
En su declaración, aseguraron que Vega Burgos recibía una cuota mensual de $15,000 para encubrir a quienes las explotaban, además de recibir favores sexuales de ellas, para no ser deportadas.
Sin embargo, el cable difundido por Wikileaks revela que Michael Soto, jefe de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, dijo a los diplomáticos norteamericanos que poco después de que estalló el escándalo de las costarricenses en Mérida, éstas se regresaron a San José, donde recibieron protección policíaca y asesoría jurídica y psicológica.
Una de ellas, Yoheny Chávez Fonseca, solicitó hablar con la policía para “aclarar las cosas” ocurridas en Yucatán.
Yoheny dijo a los investigadores, de acuerdo con el cable de la embajada de Estados Unidos, que Raquel Canales Acevedo, quien vivía en Mérida, le habló por teléfono para invitarla a esta ciudad para trabajar como prostituta, y que “en ningún momento ella o su amiga fueron retenidas en contra de su voluntad”.
Desde su llegada observó la inconformidad salarial de Raquel con su empleadora Keysi González, de modo que empezaron a buscar trabajo en otro burdel. En eso estaban cuando la policía las encontró y “Canales inventó la historia del presunto tráfico debido a sus desacuerdos personales con González”, dijo Yoheny Chávez, según el cable.
Soto dijo al personal de la embajada que Raquel Canales se negó a hablar con los investigadores y solicitó la asistencia de un abogado, pese a que las autoridades costarricenses no habían formulado acusaciones en su contra.
Yoheny Chávez, por su parte, insistió en que ella y su amiga no fueron secuestradas ni obligadas a prostituirse, como sostuvo en su declaración ante la Procuraduría de Justicia en Mérida. Según la policía tica, añade el cable, Chávez dijo que ambas viajaron a Yucatán por su propia voluntad y que sus denuncias son falsas.
Pistas sobre un lío
En Costa Rica se investigó sobre unas mujeres
Publicada: 15 noviembre 2011
El cable difundido por Wikileaks de la embajada de EE.UU. en Costa Rica sobre las acusaciones de dos prostitutas contra un funcionario yucateco incluye avances de las investigaciones hechas por el Ministerio de Seguridad de ese país sobre el tema.
Éstas revelan que ambas mujeres ejercían la prostitución en salas de masaje de San José, antes de viajar a Mérida, a donde llegaron vía Cancún.
Las investigaciones apuntan también a un empresario de ese país como el eventual jefe de esa red de prostitución que, dice el cable, según la policía de Costa Rica, tendría ramificaciones en México.
No obstante las declaraciones de Yoheny Chávez, en Yucatán el subprocurador de entonces, Rafael Acosta Solís —quien dejaría el puesto dos meses después, en medio de ése y otros escándalos— continuó el proceso contra Vega.
La Procuraduría elaboró dos expedientes por este caso: uno lo envió al Juzgado 7o. Penal y otro, con base en las mismas investigaciones, al Juzgado 2o. de Distrito. También pidió a este último tribunal que emita orden de aprehensión contra Hernán Vega, quien solicitó amparo. Acosta Solís y Friedman Peniche Rivero acusaron al ex delegado de Migración de lenocinio, trata de personas y asociación delictuosa.
La Procuraduría de Yucatán turnó también el caso a la PGR, que ordenó la comparecencia del ex funcionario, pero no encontró elementos para procesarlo y archivó el caso. En Yucatán, las autoridades también se desistieron de ejercer acción penal por falta de elementos, y mandaron el expediente a reserva.
Vega Burgos, por su parte, renunció a su puesto, para encabezar su propia defensa; inició ante la Comisión Nacional Bancaria un procedimiento para liberar sus depósitos bancarios, congelados por Acosta, y se marchó del país, ante la campaña emprendida en su contra desde el gobierno del Estado.
Según el cable de Estados Unidos, Yoheny Chávez se acogió a un programa de rehabilitación de prostitutas en su país, financiado en parte por los estadounidenses, en tanto Raquel Canales desapareció de la escena. Continuará.
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