Yucatecos desarrollan con éxito software para EE.UU.
Picoteada
Sólo un mes para estar al día en las tenencias
A un mes de vencer el plazo para ponerse al corriente en los pagos y obtener la exención de la tenencia 2011, alrededor de 52,000 propietarios de vehículos ya aprovecharon el beneficio, declaró ayer el secretario de Hacienda, Juan Ricalde Ramírez.
Hasta el último corte de esta semana, alrededor de 52,000 vehículos ya habían hecho el trámite, y el 30% de éstos debían tenencias anteriores. Al ponerse al corriente aportaron más de $58 millones.
Conforme al decreto que emitió el gobierno del Estado, recordó, alrededor del 80% del parque vehicular (unos 250,000) gozarán la exención del pago de tenencia de este año, siempre y cuando estén al corriente. El plazo para hacerlo es hasta marzo.
Ricalde Ramírez precisó que de los 52,000 vehículos que ya hicieron el trámite este año, el 30% tenía pagos pendientes.
Según estos informes, de los alrededor de ocho millones de pesos pendientes de cobrar por tenencias atrasadas, ya se captó cerca del 50% hasta ahora.
En términos generales, en comparación con 2010, el cumplimiento del pago de tenencias es más bajo este año, a pesar del beneficio de la exención que se ofrece.
Para estas fechas en 2010 el 45% de los propietarios de vehículos ya habían pagado para aprovechar el descuento del 20% en enero y 15% en febrero.
Actualmente los 52,000 propietarios de vehículos que ya cumplieron representan apenas el 37% del parque vehicular.
Esto se atribuye a dos razones, la principal es que si se está al corriente se tiene todo el año para realizar el trámite y obtener la exención, señaló Ricalde Ramírez.
"La otra razón es por la costumbre de que en México todo lo dejamos para última hora".
El secretario añadió que no se ha pensado en dar prórroga para ponerse al día en los pagos atrasados de este impuesto
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Aplazan la Ley del Notariado
Añadió que también se acordó aplazar en definitiva la publicación del reglamento de esta ley, que el Ejecutivo del Estado pretendía publicar para que entre en vigor el lunes 28.
Ayer informamos que había una inconformidad generalizada de los notarios públicos, porque el domingo entraría en vigor la nueva ley del ramo con una serie de errores que pretendía subsanar el Ejecutivo "parchándola con un reglamento".
El presidente del Consejo señaló que con estas nuevas disposiciones acordadas se espera llegar a una solución a sus inconformidades.
Medida efectiva contra morosos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) turnó al Buro de Crédito a más de 2,000 contribuyentes durante 2010 en Yucatán, declaró el administrador general de Servicios a los Contribuyentes y Usuarios, Carlos Garza Cantú-Aguirre.
Esta medida aplicada a los que no cumplen con la obligación de pagar impuestos ha dado resultado porque todo aquel que requiera algún crédito primero tiene que ponerse al día en sus pagos.
El administrador general estuvo en la ciudad para inaugurar la remodelación de sus oficinas en Mérida como parte de su programa "Nuestro Espacio", que se lleva al cabo en todo el país.
En una conferencia de prensa como parte de ese evento, el funcionario informó que aún no se cuenta con un manual o guía sobre los pasos que se deben seguir para que los contribuyentes con hijos en escuelas privadas gocen del beneficio de la deducción de impuestos por el pago de colegiaturas.
Sin embargo, estimó que antes de que entre en vigor esa disposición, programada para abril de 2012, ya se podría contar con el material de apoyo.
Sobre el hecho de que algunas escuelas no cuenten con internet para los pagos por transferencia electrónica o terminar para las tarjetas de crédito, como se exige de requisito para la deducción de esos pagos en impuestos, comentó que los padres de familia deberán presionar a las colegios para que cuenten con esa infraestructura.
Respecto a quienes se niegan a pagar sus contribuciones, Garza Cantú-Aguirre manifestó que el mandarlos al Buró de Crédito les ha funcionado para buena parte de los deudores, quienes tramitan su pago.
El administrador en Yucatán Alejandro Buenavad Madrigal, opinó que por ahora no habría un margen adecuado para hacer una comparación sobre la cantidad de incumplidos que en Yucatán mandaron al Buró.
Buenavad Madrigal explicó que esto se debe a que este procedimiento comenzó a mediados de 2009 y apenas en 2010 se cumplió con el primer año completo de su aplicación
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La gobernadora ofrece la gasolina y su camioneta
El paro que los concesionarios del transporte público, encabezados por el líder de los taxistas, Nerio Torres Ortiz, planean realizar mañana, fue tema de comentarios en las redes sociales, principalmente Twitter, y en el que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco también estuvo muy activa.
Ante lo que se vislumbra como una grave afectación a la ciudadanía al ver cancelado su derecho al servicio de transporte público, decenas de personas respondieron a un "twit" de la gobernadora en el que escribió: "El paro es el sábado. Las rutas donde apoyará el gobierno del Estado se darán a conocer en un rato. Alguien más se suma a apoyar?".
De inmediato varios tuiteros que siguen a la jefa del Ejecutivo estatal respondieron o hicieron preguntas al respecto. La gobernadora añadió: "Por paro de transportistas, vehículos del gob del edo, incluida la camioneta que me transporta, estarán a disposición de los ciudadanos".
Al ver que otros tuiteros también ofrecieron sus vehículos y ante la pregunta de uno de ellos sobre la logística, la señora Ortega indicó: "Ya se sumaron varios ciudadanos a poner su vehículo para transportar a algunas personas afectadas. Nosotros ponemos la gasolina".
Como hemos publicado, concesionarios del transporte público realizarán mañana un paro de servicios, proyectado de 6 de la mañana a 12 del día, en protesta por el alza continua de la gasolina y el diésel.
Sobre los motivos de esa protesta, la gobernadora se deslindó al decir que "la demanda de los transportistas tiene que ver con el aumento en el precio de combustibles, competencia federal". Sin embargo, agregó que ya había un trato: "El acuerdo con los transportistas es que ellos mantengan del 35 al 40 por ciento de camiones urbanos trabajando".
Camión de Los Venados
Por la noche, a las 19:35 horas, el presidente del club de fútbol Los Venados puso a disposición de la gobernadora el camión del club. En su mensaje Arturo Millet (@Turixito35) escribió: "@IvonneOP Gober! El Club Merida F.C. presta con mucho gusto el camión de los Venados para transportar a la gente de nuestra Ciudad. Saludos". De inmediato la gobernadora le contestó: "@Turixito35 gracias Arturo! Eres muy amable! Va a ser de utilidad. Gracias por tu compromiso con Yucatán. Mañana te contacta mi equipo"
Empero, tuiteros como Jacinto López Sidney (@sijalo) la criticaron: "la concesión la entrega el gobierno del Estado, son incompetentes, si no es negocio que se los den a otros más eficientes".- Angel Rivera Pérez
Oficialmente el paro en el transporte será el sábado, de 6 de la mañana a 12 del día
Rumores
A la redacción del Diario se comunicaron varias personas que aseguraron que escucharon decir a choferes del servicio de combis que el paro podría extenderse hasta las 5 de la tarde, pero eso no fue confirmado por ninguna autoridad o grupo de paristas.
Ante el paro programado por transportistas se anunció un plan emergente de transporte público que pone a disposición 300 vehículos oficiales y crea 42 rutas alternas para brindar atención a los usuarios.
Las rutas cubiertas con las unidades oficiales son: Cholul, Antropología, Pinos del Norte, Chichí Suárez, Emiliano Zapata Oriente, Los Reyes-Salvador Alvarado Oriente, Melchor Ocampo, Villas de Oriente, San Pedro Noh Pat, Vergeles, Kanasín 1 y 2, Santa Isabel Cerritos, Cecilio Chi, Unidad Morelos-Salvador Alvarado-Colonia Canto. También, San Pedro Chi May, Molas, San Antonio Tzacalá, Villa Magna, San José Tecoh-Emiliano Zapata Sur-Penitenciaría, Guadalupana- San Antonio Xluch, Roble, Umán-Tanil, San Marcos Nocoh-Roble-Aviación, Aviación ruta 2, Umán, PGJ-Susulá-Xoclán.
Asimismo, Tixcacal-Opichén, Jardines de Nueva Mulsay-Sambulá, Bosques del Poniente-Yucalpetén-Nora Quintana, Ciudad Caucel-Animaya, Caucel-Ciudad Caucel, Tanlum-Conalep 3, Chuburná, Xcumpich-Francisco de Montejo, Porvenir, Américas, Xcanatún-Komchén, Chablecal-Temozón, Sierra Papacal-Cheumán. Las siguientes zonas contarán con servicio regular: 1.- Montes de Amé, Gran Plaza y Altabrisa; 2.- Polígono 108, Macroplaza, Plaza Sendero y T1; 3.- Parque de la Paz, Parque Ecológico de Poniente, PGJ y Juan Pablo II
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Ausencia y respuesta en 2 vías
El titular de la Secretaría, Alejandro Menéndez Bojórquez, estuvo ausente en un desayuno de la CMIC con el sector "agua y medio ambiente". Un día antes, en la invitación girada a los medios de comunicación, se indicó que estarían los titulares de las dependencias vinculadas a ese sector, y así ha ocurrido en anteriores reuniones.
En su lugar estuvo el subsecretario Carlos Carillo Maldonado. En el programa entregado a los reporteros al inicio del acto se indicaba que era "posible" que Menéndez Bojórquez se incorporara "posteriormente" a la mesa principal.
La dependencia no respondió a las acusaciones del diputado Renán Barrera Concha sobre presunto fraude en los apoyos a pescadores con motivo de la veda del mero, pero sí lo hizo otro diputado, el priista Martín Peniche Monforte, quien es vicepresidente de la comisión permanente de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado.
Peniche Monforte dijo que el programa de Empleo Temporal opera con legalidad y transparencia y aportó cifras diferentes de las que mencionó Renán Barrera.
En el comunicado de la Sfayp se citan declaraciones de Alejandro Menéndez y de Gustavo Martín Quijano, director de Avicultura, Apicultura y Porcicultura. Se limitan a explicar en qué consiste el programa Soporte y cuáles son sus alcances.A continuación, el boletín que se difundió con declaraciones del diputado Peniche Monforte sobre el programa de Empleo Temporal:El diputado del X distrito local y vicepresidente de la comisión permanente de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado, Martín Peniche Monforte, aseguró que el programa de Empleo Temporal, que apoya a los pescadores del Estado durante la veda del mero, opera con total legalidad y transparencia, por lo que las declaraciones que hizo el legislador Renán Barrera se encuentran fuera de contexto.El legislador indicó que la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero invertirá una cantidad superior a los 3 millones de pesos durante las cuatro semanas que dura la veda del mero, por lo tanto, los 11 mil 800 pescadores que son beneficiarios, recibirán cada semana un apoyo económico de 300 pesos. Reiteró que el programa se desarrolla de manera transparente y abierta, ya que en los ayuntamientos de los municipios de la costa se hacen los pagos correspondientes, sin importar de cual partido hayan emanado. En referencia a las despensas, a lo cual también hace alusión el legislador panista, Peniche Monforte indicó que no son manejadas por la citada secretaría, sino por el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF), y para lo cual existió una licitación pública con el número DIFLIC-02.11 que fue publicada el cuatro de febrero de este año en un rotativo local, y ganada por la empresa Compañía Mayorista de Abarrotes, S.A de C.V. Asimismo, mencionó que se solicitaron 24 mil despensas para dicho programa, que constan de 13 productos, y están divididas en tipo A y B, con un costo de 159 y 162 pesos, respectivamente.Finalmente, informó que los pescadores inscritos en el programa tienen bien merecido el pago y su despensa, porque durante el tiempo de veda estarán realizando diversos trabajos a favor de la comunidad de sus municipios.
Dos cartas dirigidas al secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero del gobierno del Estado, Alejandro Menéndez Bojórquez, dejan al descubierto que esa dependencia pagó indebidamente tres facturas a un despacho que "pirateó" tres proyectos.
Ambas cartas están fechadas el 24 de enero. En una, Ana Carolina Aguilar Gutiérrez, integrante de la consultoría Ciscader, indica al funcionario que las agrupaciones Nautilus del Mar, Punta Arenas y Callo (sic) Arenas, a las que ese despacho brinda servicios, ingresaron solicitudes de asistencia técnica y capacitación en el ejercicio 2010, que fueron aprobadas pero hasta esa fecha no se conocía oficialmente una respuesta sobre el curso de las peticiones.
En la segunda carta, Carlos Gerardo Choch Puc, representante de Nautilus del Mar, se dirige al mismo funcionario para externarle su preocupación por la falta de aviso oficial sobre la situación de su expediente.
En ambas misivas, de las que Grupo Megamedia tiene copias, se pide a Menéndez Bojórquez su intervención para responder en forma rápida, para que los servicios de capacitación y asistencia se lleven al cabo como indican las normas.
Sin embargo, como informamos ayer, cuando se redactaron esas cartas ya había transcurrido casi mes y medio de que la empresa "multiasesora" del campo, Centro de Evaluación del Sureste, presentó tres facturas a Fomento Agropecuario y Pesquero por los mismos conceptos que promovió Ciscader.
A juzgar por la carta de Choch Puc, ni los productores estaban enterados de la suplantación del despacho que les daría los cursos.
Las facturas que presentó el Centro de Evaluación del Sureste tienen los folios 0051, 0063 y 0064. Amparan pagos de $70,000 en cada caso, pero es sólo el 70% de anticipo. El importe total de los tres proyectos ascendió a $300,000.
Uno de nuestros reporteros estuvo ayer en las oficinas de Ciscader, en la calle 35 entre 22 y 24 de la colonia Nueva Alemán, para conocer la versión de esa empresa. Se informó que no se encontraban la licenciada Aguilar Gutiérrez ni Teresita Castillo, socias del despacho, pero una asistente ofreció informarles para que se comunicaran con el periodista. Esto no ocurrió.
La consultoría Ciscader tiene registros oficiales, incluso en internet. En Facebook ofrece datos sobre sus servicios y muestra fotografías relacionadas con cursos a productores agropecuarios y a organizaciones de mujeres rurales. En contraste, no hay datos públicos del Centro de Evaluación del Sureste.- Angel Noh Estrada
El diputado priista Martín Peniche Monforte respondió por escrito a las acusaciones de otro legislador sobre un programa:
$300 cada semana
La Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, indica Peniche Monforte, invertirá una cantidad superior a los 3 millones de pesos durante las cuatro semanas que dura la veda del mero. Por lo tanto, los 11,800 pescadores que son beneficiarios recibirán cada semana un apoyo económico de 300 pesos.
Las despensas
También dice que las despensas no son manejadas por la Secretaría, sino por el DIF Yucatán, y que sí se hizo una licitación pública, con el número DIFLIC-02.11, publicada el 4 de febrero. Obtuvo la asignación la empresa Compañía Mayorista de Abarrotes, (Coma), de la familia Abraham Mafud.
Otro frente de escándalo (nombramientos en el Poder Judicial)
Hasta minutos después de iniciar la sesión, los nombres de los candidatos se mantenían en secreto y éstos sólo se revelaron cuando se abordó ese punto en el orden del día. Entre los nuevos magistrados figura la jueza Leticia Cobá Magaña, quien se vio envuelta en el escándalo que desató el caso Medina-Abraham.
Ante las acusaciones del PAN de cometer un nuevo "madruguete" y de incurrir en una ilegalidad por el "fast track", la fracción mayoritaria del PRI, con el apoyo del PRD y el PVEM aplicó esa ventaja para aprobar también los nombramientos de Ingrid Priego Cárdenas y José Rubén Ruiz Ramírez, quienes se incorporarán el 1 de marzo al Tribunal Superior de Justicia.
Un cuarto nombramiento, el de Santiago Altamirano Escalante, como magistrado del Tribunal de Justicia para Adolescentes, elevó la tensión en el Congreso, cuando la diputada Magaly Cruz Nucamendi hizo una moción de orden: advirtió que sus colegas cometían una ilegalidad debido a que Altamirano era aún regidor y estaba impedido, de acuerdo con el artículo 220 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, para ocupar ese cargo.
El PRI alegó que no hay tal violación debido a que aquél tomará posesión el 1 de marzo, pero el PAN recalcó que, al rendir protesta, se consumó la ilegalidad.
La Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco designó ayer por la tarde a la Maestra en Derecho, Melba Angelina Méndez Fernández, como Consejera integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con fundamento en el Decreto No. 296 publicado el 17 de mayo de 2010 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
Méndez Fernández sustituye en el cargo a la Licda. Ingrid Ivette Priego Cárdenas, a quien el H. Congreso del Estado designó como Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia.
La nueva consejera obtuvo su Maestría en Derecho con Opción en Derecho Fiscal en la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán durante el periodo 1994-1996.
Se ha desempeñado, entre otros cargos, como Directora de Procedimientos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en 1993, Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado 1993-1994, Magistrada Presidenta de dicho Tribunal 1995-2000 y Directora de Gobernación del Municipio de Mérida 2001-2004. Desde 1986 a la fecha colabora en la Universidad Autónoma de Yucatán.
Es miembro del Consejo Consultivo para la Actualización del Marco Jurídico del Estado de Yucatán 2009-2011, Coordinadora del Comité de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia del Estado 2009-2011, integrante del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab en su calidad de consejero vocal, y miembro del Grupo de Trabajo Binacional México-Canadá “Armonización de la Legislación Penal” Reforma para el Fortalecimiento de las Instituciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.
Asimismo, es integrante de la Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán “Abog. Antonia Jiménez Trava”, A.C., miembro del Colegio de Abogados de Yucatán e integrante del Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho A.C. Sección Yucatán 1996-1998. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas.
Priistas y panistas se enfrentan porun nombramiento
Escalante Altamirano, quien en la mañana tomó protesta de su nuevo cargo en el Congreso estatal, no asistió a la sesión vespertina en la sede del Ayuntamiento, de tal modo que el Cabildo se quedó sin secretario.
Justo al inicio de la sesión el debate no se hizo esperar: la fracción del PAN cuestionó la forma en que fue designado el funcionario municipal por la Legislatura y propuso que se suspendiera la asamblea.
-En este momento Santiago Altamirano tiene dos cargos, lo cual contraviene la ley -afirmó el regidor panista Luis Canto García.
Los panistas solicitaron que la reunión se suspendiera y se realizara otro día, iniciando con el tema de la aprobación o rechazo de la licencia solicitada por Santiago Altamirano.
Por su parte, la alcaldesa Angélica Araujo Lara propuso que sólo ayer continuara fungiendo como secretario el regidor Alvaro Omar Lara Pacheco, lo que finalmente ocurrió, y que el tema de Altamirano se tratara posteriormente.
Hoy a partir de las 7:30 de la noche se celebrará una sesión extraordinaria en la que se tratará la solicitud de licencia del nuevo magistrado; la incorporación al cabildo de su suplente Daniel Trejo Lizama y la designación del nuevo secretario municipal.
La presidenta municipal afirmó que propondrá al mismo Lara Pacheco para el puesto pendiente de secretario.
La sesión comenzó antes de las 6 de la tarde y desde ese momento los ánimos subieron de tono entre ambas fracciones. Luego de unos minutos de debate se tomó un receso de más de media hora para que panistas y priistas discutieron el caso.
Crítica
Luis Canto aseguró que el Congreso violentó la ley al tomar protesta al secretario municipal, afectando así al Cabildo.
Añadió que el funcionario debió pedir licencia y después tomar protesta como magistrado.
La sesión siguió sin incidentes
"Santiago Altamirano (Escalante) no puede ser nombrado magistrado porque está impedido por el artículo 220 de la ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán, que dice que un regidor no puede desempeñar otro cargo público", advirtió.
"El señor sigue siendo secretario de la Comuna, no tiene licencia, pues no se lo ha aprobado el Cabildo y, por tanto, está impedido para ser magistrado. ¡Pido que conste en actas que este Congreso está cometiendo una ilegalidad!", afirmó la coordinadora de la fracción panista.
La moción, como informamos en primera plana, subió de tono la discusión que generó el abrupto nombramiento de cuatro magistrados del Poder Judicial, cuyos nombres nunca se dieron a conocer ni fueron sometidos a análisis y consenso con la fracción del PAN, según señaló ayer.
Los otros tres magistrados, nombrados por "fast track", como afirmaron los diputados panistas, son Leticia Cobá Magaña, Ingrid Priego Cárdenas y José Rubén Ruiz Ramírez.
La jueza Leticia Cobá saltó a la escena pública a raíz de su cuestionada participación en el caso Medina-Abraham, que llegó a niveles de escándalo nacional.
Ingrid Priego ha sido funcionaria de gobierno priistas, dirigente de instancias de ese partido y regidora del PRI en la administración del panista Manuel Fuentes Alcocer.
Ruiz Ramírez ha desempeñado varios cargos en los juzgados federales y el Tribunal Colegiado de Circuito y se le vincula con el grupo del consejero Sergio Cuevas González, Mauricio Sahuí Rivero y Rolando Zapata Bello, con quienes es integrante de la Academia de Licenciados en Derecho de Yucatán, igual que el magistrado Marcos Celis Quintal, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Ante la moción de la diputada, que surgió cuando la mesa directiva se disponía a tomarle la protesta a los magistrados, el presidente de esa instancia, Roberto Rodríguez Azaff, le respondió a Magaly Cruz que no se cometía una ilegalidad debido a que Santiago Altamirano tomaría posesión el 1 de marzo.
Ese fue el argumento que esgrimió el PRI frente a las acusaciones de los panistas.
El diputado Renán Barrera Concha sostuvo que el nombramiento del regidor es ilegal, debido a que aún era regidor, pues su licencia, en todo caso, se aprobaría en la sesión de Cabildo convocada a las cinco de la tarde. Fue nombrado magistrado y rindió protesta en el Congreso poco después del mediodía, de manera que en ese momento tenía dos cargos incompatibles.
"Aquí no sólo el Congreso cometió una ilegalidad sino también el Poder Judicial y el Ejecutivo que fue quienes lo propusieron. Por ser regidor en funciones, Santiago Altamirano no cubría el requisito de elegibilidad y, por tanto, no debía ser considerado para ese cargo", subrayó Renán Barrera.
En rueda de prensa, Santiago Altamirano dijo que ayer le avisaron que seria propuesto al Congreso y ayer mismo, "en el transcurso de la mañana" (luego dijo que entre las 8 y 9 horas), solicitó licencia en la Comuna.
El regidor admitió que su licencia aún no había sido aprobada por el Cabildo. A otras preguntas, no rebatió con argumentos jurídicos la acusación del PAN y dijo que no era la persona indicada para decir si viola o no la ley, "que consulten bien y se asesoren con un abogado".
Cerca de la una de la tarde, la alcaldesa Angélica Araujo Lara declaró que Altamirano (quien ya había rendido protesta como magistrado) seguía siendo el secretario de la Comuna.
En la sesión se aprobó también el nombramiento de 11 magistrados suplentes, entre los que figuran los jueces Jorge Andrés Vázquez Juan e Ileana Domínguez Zapata. Se citó a nueva sesión el lunes a las 11 de la mañana.
Sentenciada a dejar la farándula y a gobernar
La resolución del tribunal ciudadano también especifica que la funcionaria debe alejarse de las cámaras de televisión, de los reflectores y los aviones, y meterse a su oficina a trabajar.
Al acto popular asistieron varios miles de personas, y fue transmitido en vivo en yucatan.com.mx. Esta emisión pionera tuvo un promedio de doscientos espectadores.
Ante unas 1,500 personas reunidas en el callejón del Congreso del Estado, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco fue sometida a un juicio popular, en el cual fue hallada culpable por el jurado, después de escuchar los argumentos del fiscal y el defensor de la funcionaria.
En esa manifestación cívica, prevista inicialmente en la Plaza Grande pero que fue ocupada por el Ayuntamiento, el público, formado principalmente por adultos, hizo de jurado. Varios actores hicieron de juez, fiscal, acusador y ocho testigos.
Con diálogos jocosos e irónicos, dieron su testimonio Galilea Azcárraga (conductora del programa "Huay", de televisión), Juanjo Dido Pérez (campesino), Leticia Yah Noh (ex diputada), Jorge Plácido (director de Cultura), Adela Vivilla (consultora) y Nini Chan (graduado desempleado). También Alberto Casas (constructor) y Rita de Cansahacab (vecina de la zona rural).
Hubo otro "atestiguante" más, llegó en ataúd, resultó ser una de las beneficiadas del programa de cobertores Cobijar, su nombre en vida fue Justa Paz.
Durante los diálogos se abordaron unos 15 temas, entre obras de infraestructura, proyectos productivos y acciones diversas del gobierno estatal, que fueron la base de las discusiones entre fiscal (Patricia MacCarthy Caballero) y el defensor (Juan Manuel Arrigunaga Juanes).
El Home Port de Progreso, el CRIT, los conciertos de Chichén Itza y los programas Banqueta Digna, Cobijar, Pasos que Dejan Huella y Casa Justa, figuraron en esa lista, así como los hospitales inconclusos de Tekax y Valladolid, la morosidad del gobierno, lo invernaderos de chile habanero, el préstamo de 1,870 millones de pesos, el plan Mi Stylo es Yucatán...
-Demostraré que la gobernadora cumple lo que prometió -dijo el defensor al comienzo del juicio, y citó una de las promesas de Ivonne Ortega: "Ofrezco trabajo incansable, el cual no detendré. Porque cuando mi cuerpo se quiera cansar, mi corazón me recordará el compromiso hecho con ustedes". Eso arrancó los primeros abucheos.
-Nuestra desconfianza no es gratuita -señaló, a su vez, la acusadora-. Se antepone el interés personal al colectivo, se pretende que el culto a la personalidad sea política pública, y se apuesta a los regalos, las vaquerías y los "shows" con artistas para distraer al pueblo.
El público llenó las 1,000 sillas que se instalaron, y cubrió las escalinatas y parte de la terraza y jardines del Congreso, así como la acera contraria. También hubo gente detrás del sillerío, entre las mesas del restaurante que hay en esa zona.
El público rió, aplaudió, chifló, abucheó y lanzó frases contra el defensor o los testigos: "¡lambiscón", "¡que llore!", "ladrón". Un hombre se paseó mostrando una ratonera, con billetes adentro, para "atrapar ratas".
Las mujeres sentadas en la escalinta del Congreso -parte de ellas adultas mayores- festejaron la ocurrencia.- H.V.A.
El acusador pidió responder si la gobernadora ya cumplió ocho de sus promesas de campaña.
¡ Nooo !, gritó la gente.
¿Ejerce el poder en forma prudente y transparente? ¿Es gobernadora que escucha? ¿Tiene la modestia, la sabiduría y valor para rectificar? ¿Su gobierno es de resultados concretos y no de lucimiento personal? ¿Hay política social para que la pobreza no se herede? ¿Invirte en el campo? ¿Apoya al humilde, sin clientelismo? ¿Combate la corrupción?
La defensa replicó
Los problemas son herencia del sexenio pasado, no hay duda de la lucha incansable de la gobernadora por ayudar al pueblo; abundan los testimonios de quienes reciben ayuda, se evita división y conflictos aunque hay personas empeñadas en generar disturbios. Yucatán avanza, las inversiones se realizan, el Tercer Informe detalla los logros.
Una vez hallada culpable en el juicio popular, la gobernadora Ivonne Ortega fue "condenada" por el juez a dejar la farándula y ponerse a trabajar, y la sentenciaron a cumplir los principios de tolerancia, transparencia, respeto y legalidad.
-Además, debe alejarse de las cámaras de televisión, los reflectores y los aviones, y que se meta a su oficina a trabajar -remató el actor que hizo de juez.
Momentos antes, cuando éste pidió el veredicto, sólo tres personas -parte de los actores que hicieron de testigos- declararon inocente a la funcionaria, en medio del abucheo de la gente. Un mar de manos se levantó cuando el juzgador preguntó quiénes la hallaban culpable.
Después de que se dictó la sentencia, la gente coreó: ¡Fuera, fuera, fuera...!
Durante el juicio, en el diálogo entre la fiscal y el empresario que fue llamado de testigo, aquella preguntó a éste si tiene problemas con el cobro de facturas al gobierno.
"Pues, se atrasó un poquito, como 24 meses... pero vale la pena esperar si de esa forma ayudamos al más necesitado", respondió el constructor.
Otra testigo, doña Rita de Cansahcab, beneficiaria de los programas Cobijar y Pasos que Dejan Huella, fue interrogada.
"¿Es cierto que la gobernadora no se olvida del campo sino que, por el contrario, lo apoya?"
"¡Claro que sí!", contestó la testigo. "Sobre todo cuando hay elecciones, entonces sí que se pone buena la cosa...".
Le preguntaron también si ella no prefiere que en el campo haya trabajo en vez de que les regalen cobertores y zapatos. "Yo no sé nada", expresó la mujer. "Ya me tengo que ir... no sea que me quiten de la lista de apoyos".
A la ex diputada Leticia Yah Noh le preguntaron si la deuda de $1,870 millones se pagará en esta administración.
"Claro que no", respondió. "El adeudo puede contratarse hasta por 25 años...".
¿Y usted sabe si el dinero ya se está ejerciendo?, le insistieron.
"Esa es una cosa que nadie sabe. La falta de transparencia que caracteriza a este gobierno impide que sepamos cómo va ese caso. Y, sin embargo, ¡ya se pidió otro préstamo!
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De Procuraduría a Fiscalía General del Estado
Aunque habrá pocos cambios inicialmente, la dependencia tendrá que renovar incluso la papelería oficial y la documentación de los expedientes de las averiguaciones previas.
El procurador estatal Héctor Cabrera Rivero recordó que el cambio a Fiscalía será a partir del martes próximo.
Los empleados y funcionarios, según dijo, ya están preparados, aunque este fin de semana se afinarán los últimos detalles para que todo quede listo para el martes.
El funcionario dijo que los cambios no serán tan físicos (sólo se pintará el nuevo nombre en el edificio y en las agencias), pero marcarán el inicio de la transformación de la dependencia, por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, programado para 2012.
Cabrera Rivero manifestó que no habrá cambios de funcionarios de es oficina, pese a los rumores que señalan la salida del subprocurador Friedman Peniche Rivero.- Carlos Augusto Gebhardt Acosta
A partir del 1 de marzo, la Procuraduría de Justicia se convertirá en Fiscalía.
Policía Judicial
La Policía Judicial será ahora la Policía Ministerial y tendrá mayores atribuciones.
Subprocuradurías
También cambian de nombre y la de Delitos Electorales también abarcará ilícitos ambientales.
Evaluación
Los empleados serán sometidos a pruebas y de los resultados dependerá la permanencia.
Canché Baas pide amparo
El juez Luis Felipe Santana Sandoval indicó que a partir de esa solicitud de amparo se obtienen copias del expediente para enviarlas al juez federal que resolverá el juicio de garantías.
La Justicia Federal analizará si el acuerdo de someter a juicio a Canché Baas se hizo de acuerdo con la Constitución del país.
Se estudiará si el acuerdo del juez está debidamente fundado y motivado para resolver de fondo el amparo.
Se puede dar el caso que el acuerdo del Juzgado 1o. Penal tenga alguna falla que no sea de fondo. Entonces, procedería un amparo "para efectos" de reponer lo conducente.
Por lo general el juez federal deja en "libertad de criterio" al juez del fuero común para resolver si acuerda nueva formal prisión o la libertad por falta de pruebas. Esto se sabrá en unas dos o tres semanas.
La defensa de Canché Baas indica en su petición de amparo que el acuerdo del juez Santana Sandoval es injusto y que no hay pruebas para juzgar al ex funcionario cuya esposa, Marisol Chan Gamboa, lo acusó de violación y lesiones.
El detenido afirmó, como publicamos, que sostuvo relaciones con su ex esposa de mutuo acuerdo. Dijo que es inocente y que su cónyuge, de la que está separado, le tendió una trampa.
Canché Baas alegó inocencia cuando declaró en fase preparatoria, aunque en el Ministerio Público se reservó ese derecho.
Para apoyar su postura la defensa ofreció varia pruebas, pero no solicitó careo con la denunciante. Esto fue una estrategia para evitar que la señora Marisol Chan diera detalles de los hechos, lo que haría más difícil obtener un amparo.
La denunciante, que ha acudido varias veces a los juzgados penales, declaró que la formal prisión contra su esposo es lo adecuado, porque considera que debe ser castigado por lo que hizo la madrugada del 14.
Además, informó que tiene otros asuntos legales contra su esposo. Al parecer, se trata de otras denuncias que se agregarían al expediente de violación, en su caso.
La señora Chan Gamboa, quien fue expulsada de la casa de sus suegros, donde vivía desde que se casó hace 17 años con Canché Baas, no ha recibido dinero para el sostenimiento de sus hijas.
Ha obtenido algunos recursos vendiendo ropa en distintos tianguis. Otras amigas la han ayudado, incluso con darle alojamiento apenas fue sacada de la casa a raíz de la detención del ex funcionario, como nos relató en amplia entrevista.
En la página ofrecemos información de los problemas que tiene Canché Baas con sus cuentas públicas.
Conjeturas, prisas y sorpresas judiciales
Se cuestiona si los nombramientos, de los que informamos en nota aparte, están de acuerdo con la ley en algunos casos en los que la designación a determinado cargo rebasa el plazo por el que un funcionario fue nombrado, es decir, hay cuando menos un "traslape", el del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marco Celis Quintal.
En dos años vence el período del funcionario como magistrado, pero hace unas semanas fue nombrado cuatro años como presidente del Consejo de la Judicatura. Se presume que se adelanta a una ratificación en el Congreso del Estado.
Celis Quintal estaba en San Diego, California, recibiendo un curso sobre juicios orales. También recibía esa instrucción la jueza Leticia Cobá Magaña cuando ambos recibieron las indicaciones de retornar de inmediato a Mérida, lo que hicieron antes que otros jueces, quienes retornaron anoche.
Otro posible conflicto de leyes es que Celis Quintal no se integrará a alguna de las salas del Tribunal Superior de Justicia, pues únicamente tendrá la representación oficial de ese cuerpo colegiado.
Cuando venza su período como presidente del TSJ regresará a una de las salas de estudio, pero se desconoce qué pasará con quien ocupe su lugar. Lo más indicado sería un enroque para no crear conflictos internos.
El Sindicato del Poder Judicial considera que los magistrados "de fuera" sólo llegan a ese cargo porque tienen alguna liga política y, lamentablemente, sólo servirán a quienes los designaron. La secretaria general de esa agrupación, Patricia Solís Reyes, dijo que hay frustración en jueces y otros funcionarios que no fueron ascendidos a pesar de su antigüedad.
Los funcionarios que no fueron tomados en cuenta tienen amplia experiencia en el Poder Judicial y varios incluso han presentado numerosos exámenes para seguir en el cargo.
Otro nombramiento que llamó la atención es que una secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior, Verónica Burgos Pérez, fue nombrada magistrada suplente sin haber sido jueza.
Horas más tarde se le designó titular del Juzgado Penal de Tekax. Es decir, no se cumplió un requisito al realizarse la primera designación. Algo similar ocurrió con Sara Elena Alpizar Achurra, magistrada suplente.- Rudesindo Ferráez García
La designación de jueces se hizo de manera rápida, casi en ausencia del presidente del TSJ.
Conjeturas
El consejero jurídico del gobierno del Estado, Sergio Cuevas González, fue quien habría dirigido los movimientos en el Poder Judicial.
Jubilaciones
Se incluye en los movimientos la jubilación de dos magistrados en justicia para adolescentes: Alberto Delgado Flores y Carmen Martínez. El esposo de ésta última, Jorge Vázquez Juan, está enfermo.
Lluvia de quejas de vecinos
La mayoría indicó que hay empleados que maquillan expedientes para proteger a conocidos y familiares, y otros denunciaron que congelan los expedientes.
Otros señalaron que hay empleados que se la pasan conversando y no hacen su trabajo. "Hoy llevo más de dos horas esperando que me atiendan", dijo María Uitzil, vecina de Umán.
Los quejosos de Cinco Colonias indicaron que han interpuesto 10 denuncias contra un grupo de taxistas integrantes de la familia Pedre Uc, que los tienen amenazados. Sin embargo, ninguna procede porque, según ellos, algunos funcionarios los protegen.
El procurador, el subprocurador y el director de Averiguaciones Previas se han negado a recibirlos. Los vecinos aseguran que los taxistas han amenazado con violar a las mujeres de una familia y matarlos, e incluso quemar las casas.
En los carteles de los protestantes se leen mensajes donde piden justicia y dicen que viven atemorizados en sus casas. "Estamos 'presos' en nuestras casas". En la protesta en su mayoría hubo niños y mujeres.
El abogado Carlos Díaz Ortiz, dijo que lo único que piden es que la Procuraduría haga justicia: "Las familias están atemorizadas, incluso en varias ocasiones los han pasado a atropellar con los taxis".
Pedro Rebolledo, vecino de la Unidad Habitacional Morelos, denunció que gente de la Procuraduría protege a un grupo de ladrones que opera en la colonia; indicó que desde hace unas semanas hay una ola de robos. En varias ocasiones se atrapó a los ladrones, pero a los pocos días los liberaron.
Hace unos días atraparon a los ladrones robando tubería de cobre y confesaron que fueron las autores del robo de joyas y de 100 mil pesos en una casa, sin embargo, están a punto de liberarlos. Ayer a las 8 de la noche se convoco a una junta vecinal en la parque de los Insurgentes, asistiría, el subsecretario de seguridad.
"No queremos hacer justicia por mano propia, nos están orillando".