Por unanimidad fueron aprobadas por el pleno del Congreso del Estado la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y reformas a los Códigos Penal y Civil, ambos de Yucatán, con lo que se endurece la legislación contra ese delito.
La nueva norma es una propuesta de la diputada Lizbeth Medina Rodríguez (PAN) y las modificaciones a los citados Códigos fueron presentadas por las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM.
Durante la discusión del dictamen, al pedir el voto a favor, Medina Rodríguez aseveró que la ley es producto de los consensos y está armonizada y apegada a las necesidades del estado en materia de Trata de Personas.
Observó que solo algunos estados como Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, así como el Distrito Federal y ahora Yucatán ya cuentan con una ley especial sobre el tema.
Por su parte, el diputado René Tun Castillo (PRI), al respaldar la iniciativa a nombre de su bancada, dijo que Yucatán no puede convertirse en un paraíso para los tratantes, los cuales, en muchos de los casos, también son abusadores de niñas y niños, lenones, promotores del turismo sexual, o promotores de pornografía y prostitución forzada de niñas, niños, mujeres y hombres.
El legislador sostuvo que la presente ley es fundamental para poder sancionar de manera efectiva la trata de personas, lo que se traducirá, en un gran paso y enriquecimiento al marco jurídico estatal, que permitirá avanzar de manera conjunta con lo la sociedad y la realidad humana.
“No debemos olvidar que vivimos en un Estado de Derecho en el que una de las prioridades de los gobernantes es proporcionar tranquilidad y seguridad social a los gobernados” remarcó el diputado del PRI.
De igual manera, con la nueva norma, se logrará prever programas consistentes en la atención a las víctimas; se permitirá la realización de acciones que permitan detectar la existencia de estas redes en el estado; se podrán crear estrategias que permitan al gobierno estatal reducir la vulnerabilidad y evitar el enganche; lograr la persecución del delito a través del fomento a la cultura tanto de denuncia como de prevención, así como el establecimiento de mecanismos de protección, entre otras.
El pleno también aprobó por unanimidad, reformas a los Código Penal y Código Civil, ambos del estado de Yucatán. Con las modificaciones al primero, quien cometa el delito de trata de personas se le impondrá de ocho a veinticinco años y de 200 a 500 días-multa. En la actualidad la sanción es menor por que establece de 5 a 12 años de prisión y de 100 a 500 días-multa
De esta manera quedará armonizada la nueva Ley de para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas con la sanciones del Código Penal del Estado.
Otras modificaciones fueron que en el caso de la violencia familiar se plantea que el indiciado abandone el domicilio cuando lo comparta con la víctima y la prohibición para retornar al mismo, así como acercarse a ella o a los lugares frecuentados por la víctima.
Se incrementó el castigo en el caso homicidio en razón del parentesco y por ese delito se establezca una condena de treinta a cuarenta años de prisión. También se endureció la pena cuando exista esterilidad provocada, ya cuando sin el consentimiento de una persona mayor de dieciocho años practique en ella cualquier procedimiento que provoque esterilidad, se le impondrán de seis a ocho años de prisión y de setenta y cinco a trescientos días-multa.
A quien practique la discriminación se le impondrá de uno a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Carlos Pavón Flores (PRI) manifestó, que “debemos erradicar cualquier señal de discriminación por razón de edad, género, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, condición social, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, etc.”.
Por su parte, el diputado, Tito Sánchez Camargo (PAN), apuntó que estas reformas abordan temas sumamente importantes enfocados a la protección de los derechos de las mujeres, hombres y niños para que vivan libremente sin violencia y discriminación, prevenir y sancionar severamente los delitos.
En el caso de las reformas al Código Civil del Estado, se adecuó de cinco a dos años el tiempo que debe transcurrir para que la concubina o concubinario tengan derecho a heredar en los mismos términos en que heredaría el o la cónyuge.
En Asuntos Generales hicieron uso de la palabra los diputados Renán Barrera Concha (PAN), Víctor Caballero Durán (PRI) y Tito Sánchez Camargo (PAN) para debatir sobre la asignación de recursos que hizo el Cabildo de Mérida para la Olimpiada Nacional de la que la capital yucateca será una de la sedes.
Posteriormente, el diputado Carlos David Ramírez y Sánchez (PVEM) manifestó su punto de vista sobre el cambio climático y se refirió a la desgracia que vive Japón ante los recientes fenómenos naturales que ha azotado a esa nación.
En asuntos en cartera, los diputados se dieron por enterados de los oficios de las Legislaturas de Hidalgo y Quintana Roo.
Antes de concluir la sesión, a la que asistieron los 25 legisladores, se convocó a la siguiente para el próximo jueves 17 de marzo a las 10 horas. Presidieron los diputados Roberto Rodríguez Asaf (PRI), Lizbeth Medina Rodríguez (PAN) y Omar Corzo Olán (PVEM).
15 marzo 2011
El Congreso aprueba la Ley contra la trata de personas
Por unanimidad fueron aprobadas por el pleno del Congreso del Estado la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y reformas a los Códigos Penal y Civil, ambos de Yucatán, con lo que se endurece la legislación contra ese delito.
La nueva norma es una propuesta de la diputada Lizbeth Medina Rodríguez (PAN) y las modificaciones a los citados Códigos fueron presentadas por las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM, según un comunicado.
Durante la discusión del dictamen, al pedir el voto a favor, Medina Rodríguez aseveró que la ley es producto de los consensos y está armonizada y apegada a las necesidades del estado en materia de Trata de Personas.
Observó que solo algunos estados como Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, así como el Distrito Federal y ahora Yucatán ya cuentan con una ley especial sobre el tema.
Por su parte, el diputado René Tun Castillo (PRI), al respaldar la iniciativa a nombre de su bancada, dijo que Yucatán no puede convertirse en un paraíso para los tratantes, los cuales, en muchos de los casos, también son abusadores de niñas y niños, lenones, promotores del turismo sexual, o promotores de pornografía y prostitución forzada de niñas, niños, mujeres y hombres.
El legislador sostuvo que la presente ley es fundamental para poder sancionar de manera efectiva la trata de personas, lo que se traducirá, en un gran paso y enriquecimiento al marco jurídico estatal, que permitirá avanzar de manera conjunta con lo la sociedad y la realidad humana.
“No debemos olvidar que vivimos en un Estado de Derecho en el que una de las prioridades de los gobernantes es proporcionar tranquilidad y seguridad social a los gobernados” remarcó el diputado del PRI.
De igual manera, con la nueva norma, se logrará prever programas consistentes en la atención a las víctimas; se permitirá la realización de acciones que permitan detectar la existencia de estas redes en el estado; se podrán crear estrategias que permitan al gobierno estatal reducir la vulnerabilidad y evitar el enganche; lograr la persecución del delito a través del fomento a la cultura tanto de denuncia como de prevención, así como el establecimiento de mecanismos de protección, entre otras.
El pleno también aprobó por unanimidad, reformas a los Código Penal y Código Civil, ambos del estado de Yucatán. Con las modificaciones al primero, quien cometa el delito de trata de personas se le impondrá de ocho a veinticinco años y de 200 a 500 días-multa. En la actualidad la sanción es menor por que establece de 5 a 12 años de prisión y de 100 a 500 días-multa
De esta manera quedará armonizada la nueva Ley de para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas con la sanciones del Código Penal del Estado.
Otras modificaciones fueron que en el caso de la violencia familiar se plantea que el indiciado abandone el domicilio cuando lo comparta con la víctima y la prohibición para retornar al mismo, así como acercarse a ella o a los lugares frecuentados por la víctima.
Se incrementó el castigo en el caso homicidio en razón del parentesco y por ese delito se establezca una condena de treinta a cuarenta años de prisión. También se endureció la pena cuando exista esterilidad provocada, ya cuando sin el consentimiento de una persona mayor de dieciocho años practique en ella cualquier procedimiento que provoque esterilidad, se le impondrán de seis a ocho años de prisión y de setenta y cinco a trescientos días-multa.
A quien practique la discriminación se le impondrá de uno a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Carlos Pavón Flores (PRI) manifestó, que “debemos erradicar cualquier señal de discriminación por razón de edad, género, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, condición social, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, etc.”.
Por su parte, el diputado, Tito Sánchez Camargo (PAN), apuntó que estas reformas abordan temas sumamente importantes enfocados a la protección de los derechos de las mujeres, hombres y niños para que vivan libremente sin violencia y discriminación, prevenir y sancionar severamente los delitos.
En el caso de las reformas al Código Civil del Estado, se adecuó de cinco a dos años el tiempo que debe transcurrir para que la concubina o concubinario tengan derecho a heredar en los mismos términos en que heredaría el o la cónyuge.
En Asuntos Generales hicieron uso de la palabra los diputados Renán Barrera Concha (PAN), Víctor Caballero Durán (PRI) y Tito Sánchez Camargo (PAN) para debatir sobre la asignación de recursos que hizo el Cabildo de Mérida para la Olimpiada Nacional de la que la capital yucateca será una de la sedes.
Posteriormente, el diputado Carlos David Ramírez y Sánchez (PVEM) manifestó su punto de vista sobre el cambio climático y se refirió a la desgracia que vive Japón ante los recientes fenómenos naturales que ha azotado a esa nación.
En asuntos en cartera, los diputados se dieron por enterados de los oficios de las Legislaturas de Hidalgo y Quintana Roo.
Antes de concluir la sesión, a la que asistieron los 25 legisladores, se convocó a la siguiente para el próximo jueves 17 de marzo a las 10 horas. Presidieron los diputados Roberto Rodríguez Asaf (PRI), Lizbeth Medina Rodríguez (PAN) y Omar Corzo Olán (PVEM).
(1)
