No obstante la mayor capacidad lumínica de las lámparas de vapor de sodio, el gobierno de Angélica Araujo Lara las reemplazó por otras de menor potencia.
Hasta antes del cambio la mayoría de las lámparas del alumbrado público en Mérida eran de 100 watts y un porcentaje mínimo de 150 watts. Araujo Lara las sustituyó por 53,063 lámparas de inducción de 60 watts (64 por ciento del total) y 8,956 de 40 watts (11 por ciento).
Las nuevas lámparas no sólo eran menos potentes, sino evidenciaban graves defectos de fabricación. El Laboratorio de Alumbrado Público del gobierno del Distrito federal (LAPGDF) tomó una muestra de esos equipos y analizó su relación potencia declarada-consumo real.
El consumo real de las lámparas de 60 watts, de acuerdo con el LAPGDF, era en realidad de 75.9 watts, lo que ocasionaba el rápido desgaste del equipo y el acortamiento de su periodo de vida útil.
No sólo eso, AB&C Leasing, que no tiene experiencia en obras de alumbrado público, colocó esas lámparas ignorando la situación de los postes en la ciudad, la mitad de los cuales, según el Cimey, miden 7.5 metros de altura y el resto nueve metros.
La empresa no tomó en cuenta esto y puso ambas luminarias, de 60 ó 40 watts, en los dos tipos de postes, ocasionado una mayor eficacia lumínica de las lámparas colocadas en los postes más bajos, 12.4 luxes al pie del poste, contra 8.3 luxes, en los postes de 9 metros de altura.
Esto propició una distribución no uniforme de la luz. Era muy intensa al pie o en la base del poste, pero muy débil en la calle y en el frente de las casas alejadas del poste, lo que ocasionó, a su vez, el “efecto cebra”, es decir, espacios de luz y sombra en un mismo tramo, en lugar de una iluminación pareja y extendida a la mayoría de las casas.
Engaño
Otro ejemplo de las deficiencias técnicas de las lámparas chinas de AB&C Leasing fue la prueba de rendimiento lumen/watt, hecha por el LAPGDF en junio de 2013. El lumen es la unidad de medida que mide el flujo y potencia luminosa de una lámpara.
En el proceso de licitación, AB&C Leasing presentó una ficha técnica de esos equipos donde garantizaba un rendimiento de 70 a 80 lumes por watt de energía.
Empero, el Laboratorio detectó que estos rendimientos eran mucho menores. En el caso de las lámparas de 120 watts el rendimiento era de 52.05 lumen por watt; en las de 80 watts, 53.85, y en las de 60, 63.35 watts. Es decir, mucho menos de los que dijeron al momento de obtener el contrato. Continuará.- H.C.C.
Próxima entrega
Empieza la batalla
La ex alcaldesa Angélica Araujo Lara cometió graves fallas al firmar el contrato para arrendar 82,000 lámparas de inducción magnética con AB&C Leasing no sólo porque éstas eran ilegales y de mala calidad, sino porque luego esa empresa cedió los derechos de cobro a Banco Santander, con el consentimiento de la señora Araujo, pero sin permiso del Cabildo. Luego el banco impuso al Ayuntamiento condiciones de cobro inaceptables para la actual administración, que canceló el contrato e inició la batalla legal por las luminarias.
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“Cerco jurídico y político”
Se quejan de un asedio oficial a la comuna meridana
Tribunales federales y locales, la Fiscalía yucateca y el Congreso del Estado han tendido, al parecer, un cerco jurídico y político en torno al Ayuntamiento de Mérida, con motivo de las denuncias interpuestas en su contra por el caso de las luminarias, a fin de obstaculizar y retrasar el proceso judicial
La situación es tan grave que, según la Comuna, algunas de las decisiones de los jueces podrían ser, incluso, constitutivas de delitos contra la administración de justicia.
Hace pocas semanas, el juez tercero de Distrito en Materia Civil de la ciudad de México, Felipe Consuelo Soto, que atiende una denuncia de Banco Santander contra la Comuna -y a quien el Consejo de la Judicatura Federal acusó en 2012 de cometer graves irregularidades en el juicio mercantil de Mexicana de Aviación- sentenció en primera instancia al Ayuntamiento a pagar casi $400 millones, con argumentos no sólo muy endebles, sino expresados en una resolución de apenas siete hojas, lo que no corresponde a sentencias de casos como éste, dicen los abogados de la Comuna.
Sospecha
Por su parte, el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, Diego Barbosa Lara, que se ocupa de otra denuncia contra el Ayuntamiento -la de AB&C Leasing-, lleva, sin justificación y “sospechosamente”, más de ocho meses sin emitir sentencia.
Barbosa Lara fue secretario particular del gobernador Víctor Cervera Pacheco y presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y magistrado de Tribunal Electoral con Ivonne Ortega.
En este gobierno, la fiscal general, Celia Rivas Rodríguez, rechazó a principios de año una denuncia penal de la Comuna contra la ex alcaldesa priista Angélica Araujo Lara, la principal responsable del escandaloso cambio de luminarias, en tanto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Estado, Luis Hevia Jiménez, se negó a admitir una solicitud de la Contraloría municipal para imponer sanciones a Araujo Lara y a varios de sus colaboradores, por el mismo asunto de las lámparas.
Todas estas acciones, advierten funcionarios municipales, buscan alargar y complicar el proceso legal, posiblemente por intereses políticos, con miras a las elecciones de 2015.
El escándalo de las luminarias estalló en julio de 2011, cuando Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, publicó varios reportajes sobre el oscuro plan de la entonces alcaldesa Araujo Lara para cambiar 82,000 lámparas de vapor de sodio del alumbrado público por otras tantas de inducción magnética, prohibidas en ese tiempo por las normas mexicanas, mediante un contrato de arrendamiento financiero y de factoraje, muy costoso e ilegal.
Central 9 también reveló que la adjudicación del contrato de arrendamiento a la compañía AB&C Leasing, de Guadalajara, había estado amañado a su favor, y que el cambio de las lámparas no significaría ahorros en la facturación del alumbrado ni mayor iluminación, como ofrecía Araujo Lara, sino que, en el fondo, se trataba de un negocio de “pura saliva”, en beneficio de empresas y banqueros de fuera, coludidos con funcionarios locales.
El escándalo de las lámparas sería una de las causas de la derrota del PRI en los comicios de Mérida en 2012.
El nuevo alcalde, el panista Renán Barrera Concha, apenas asumió el cargo tramitó la restitución de las antiguas lámparas de vapor de sodio, como había prometido en campaña, e inició una batalla jurídica contra ex funcionarios del PRI y poderosos consorcios financieros internacionales, que ya lleva varios meses y que ahora amenaza con volverse un litigio político interminable.
El inicio
El pleito comenzó el 25 de abril de 2013. Ese día Barrera Concha emitió una resolución administrativa de terminación anticipada del contrato de arrendamiento financiero con AB&C Leasing por las numerosas pruebas de irregularidades técnicas, financieras y legales del contrato. Araujo Lara lo había firmado en marzo de 2011, por un monto de $468.8 millones, pagaderos a 60 meses, a razón de 7.8 millones mensuales. El plazo de pago vencería en marzo de 2016.
El proveedor de las lámparas resultó ser una empresa de Monterrey, Grupo W Energía Verde, que compraba los equipos en China y los revendía al gobierno de Araujo Lara.
Poco después, AB&C Leasing firmó un contrato factoraje con Santander, mediante el cual le cedió sus derechos de cobro sobre el Ayuntamiento.- Hernán Casares Cámara
Proceso jurídico por las luminarias | Cuatro protagonistas
1 Felipe Consuelo Soto, juez de Distrito del D.F.
Sentencia
Condenó en primera instancia al Ayuntamiento de Mérida a pagar casi $400 millones, con argumentos endebles. La Comuna apeló esa decisión de inmediato.
2 Diego Barbosa Lara, presidente del Tribunal Contencioso Administrativo
Retraso
Encargado de la denuncia de AB&C Leasing contra la Comuna, por su decisión de cambiar las lámparas. Lleva más de ocho meses sin emitir sentencia.
3 Celia Rivas Rodríguez, fiscal general del estado
Denuncia
A principios de año rechazó la denuncia penal interpuesta por el Ayuntamiento en contra de Angélica Araujo Lara, principal responsable del escándalo de las luminarias.
4 Luis Hevia Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.
Negativa
Se negó a admitir una solicitud de la Contraloría municipal para imponer sanciones a Araujo Lara y a varios de sus colaboradores, por el asunto de las lámparas.
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Estrategia de cobro ilegal
La cancelación de AB&C Leasing sí está en el contrato
El Ayuntamiento de Mérida canceló anticipadamente el contrato de arrendamiento de miles de lámparas de inducción magnética con AB&C Leasing, en abril de 2013, no sólo por el carácter ilegal de esos equipos, y su mala calidad, sino por la estrategia de cobro que adoptó esa empresa, que también ilegal y lesiva para el patrimonio de la ciudad.
La cancelación de este contrato, como ya informamos, ocasionó dos denuncias contra la Comuna en tribunales locales y federales que, según algunos indicios, estarían obstaculizando el proceso para alargarlo hasta la campaña electoral de 2015.
El contrato con AB&C Leasing lo firmó la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara en marzo de 2011 por un monto de $468.8 millones, pagaderos a 60 meses, a razón de $7.8 millones mensuales.
Cesión de derechos
A los pocos días, esa compañía firmó un convenio de cesión de derechos de cobro con Banco Santander, quien para garantizar el pago de esos derechos, firmó a su vez un contrato de factoraje y 16 contratos de prenda con el Ayuntamiento de Mérida, que modificaban sustancialmente la naturaleza jurídica del arrendamiento financiero de las luminarias.
Estos nuevos contratos implicaban la autorización para que Santander descuente directamente la renta de las lámparas -los $7.8 millones al mes- de una cuenta bancaria domiciliada del Ayuntamiento, contra de lo establecido en el contrato de arrendamiento con AB&C Leasing, que establecía que sólo se pagaría la renta de las lámparas que funcionen bien. Con el contrato de factoraje, por el contrario, el cobro de la renta era automático, funcionen o no las lámparas.
Documentos
El contrato de factoraje se firmó en Mérida el 11 de abril de 2011 y los contratos de prenda, en los que participó también ABC Leasing, en México y ratificados en Guadalajara, sede de esa empresa, en distintas fechas entre el 1 de junio y el 28 de septiembre de 2011. En la firma de los contratos intervinieron, por parte del Ayuntamiento, Araujo Lara, Álvaro Omar Lara Pacheco y Carlos Bastarrachea Lara, secretario y tesorero de la administración municipal anterior.
Sin embargo, ninguno de estos funcionarios contaba con la autorización para hacerlo. La cláusula V, párrafo cuatro del contrato de arrendamiento establecía que los derechos y obligaciones que se deriven de ese documento “no podrán cederse en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito del Ayuntamiento”.
Este permiso nunca se dio y, por el contrario, los contratos que firmó la ex alcaldesa crearon obligaciones a cargo del erario municipal, sin el acuerdo previo del Cabildo, como manda la Ley de Gobierno de los Municipios.
Los contratos de factoraje y de prendas, el incumplimiento de las lámparas de inducción magnética de la norma mexicana de alumbrado público, así como su deficiente calidad y mala instalación, obligaron al alcalde que sustituyó a Araujo Lara, Renán Barrera Concha, a decidir la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento, mediante una resolución administrativa del 24 de abril de 2013, aprobada por el Cabildo. Continuará.- HERNÁN CASARES CÁMARA
De un vistazo
Cancelación
El alcalde Renán Barrera Concha cancela de forma anticipada del contrato de arrendamiento, mediante una resolución administrativa del 24 de abril de 2013, aprobada por el Cabildo
Previsión
Un miembro de equipo de abogados que atiende el caso por parte de la Comuna, explica que el alcalde optó por la cancelación anticipada, porque está previsto en la Ley de Adquisiciones del Municipio y en el propio contrato, y porque esta medida causaba efectos inmediatos: bajar las lámparas.
Advertencias
Ante esta decisión, AB&C Leasing interpuso una demanda contra la Comuna en abril de 2013 por la nulidad de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Este tribunal debía emitir sentencia dese febrero, pero hasta el momento, extrañamente, no lo hace.
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