- Hay 20 denuncias y 11 detenidos en procesos que atiende la Procuraduría
- La mayor parte de los casos, contra gente ligada al PAN
El “saldo penal” por el proceso electoral es, hasta el momento, de 11 detenidos y 20 denuncias, algunas incluso contra autoridades municipales y federales, informó el subprocurador para la atención de delitos electorales, Izmael Magaña Mata.
Por lo tiempos que marca la ley para los procesos penales, explicó, muchas denuncias se resolverán después de las elecciones, lo cual no significa que se queden “archivadas”.
Por el contrario, advirtió, hay la presunción de que otras personas podrían ser encarcelados por estas denuncias.
Alrededor del 80% de las denuncias es contra autoridades, candidatos o simpatizantes del PAN, según los expedientes.
El PAN también ha presentado denuncias por el proceso electoral, ante el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac).
Entrevistado en sus oficinas de la Procuraduría, Magaña Mata informó que entre las denuncias que se atienden por la vía penal figuran algunas contra el delegado de la Sedesol, los alcaldes de Bokobá, Chichimilá y Mérida, y empleados de los ayuntamientos de Conkal y Dzemul, en todos los casos de filiación panista.
Sólo en una denuncia, la marcada con el expediente 14, la situación es al revés: el candidato panista a la alcaldía de Tixkokob, Cuauhtémoc Barrera Couoh, denunció a policías de ese municipio, a quienes sorprendió cargando despensas, “para repartir como campaña del PRI”, según dijo en su acusación.
El subprocurador indicó que en este caso se espera la presentación de pruebas.
Los casos consignados corresponden a los de personas sorprendidas in fraganti destruyendo propaganda política, añade.
Estos dos casos, precisa, fueron de Izamal.
En uno el acusado es Luis Enrique May, sorprendido cuando destruía la propaganda de los candidatos del PRI.
En la segunda se detuvo a nueve adultos y un menor de edad por lapidar las oficinas de campaña de los candidatos del PRI en ese municipio.
Recuerda que la primera denuncia de estas elecciones fue presentada en marzo por la presidenta estatal del PRI, Alaine López Briceño, contra el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Fernando Medina Gamboa, porque supuestamente se usan recursos del programa Oportunidades para coaccionar el voto.
Las cuatro siguientes denuncias fueron contra la alcaldesa panista de Bokobá, Lina Raz Rejón, su hija, sus policías y su ex cuñada, por el supuesto reparto de apoyos con el candidato panista, así como la presunta sustracción e intento de compra de credenciales de elector.
La alcaldesa compareció por escrito y los demás se presentaron a comparecer. Sigue la integración de los expedientes.
Las denuncias seis y siete son contra la vocal del comité del programa Oportunidades en Cheumán, comisaría de Mérida, Reyna Rodríguez Martínez, por condicionar la entrega de los apoyos federales.
En este caso, indica, la Subprocuraduría se declarará incompetente por tratarse de recursos y funcionarios federales. El lunes a más tardar se espera turnar el caso a la Fepade.
Los expedientes ocho y nueve son contra empleados del Ayuntamiento de Conkal, por condicionar la entrega de becas de Oportunidades de Sedesol.
Otra denuncia es de vecinos de Dzemul contra vocales del comité de Sedesol y funcionarios municipales de Dzemul, por condicionar la entrega de apoyos.
