El senador Hugo Laviada Molina y la diputada local Patricia Gamboa Wong entregaron ayer en la Oficialía Mayor del Ejecutivo una carta abierta dirigida a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a la ex directora del IVEY Angélica Araujo Lara sobre el lío de las tierras de Ucú.
A continuación, algunos conceptos medulares del escrito, que firma Patricia Gamboa: Desde enero de este año he solicitado de manera reiterada y por diversas vías información oficial relativa a una pretendida operación de compraventa de 3,012 hectáreas ejidales de Ucú, Yucatán. Estos terrenos han sido objeto de ilegales pagos anticipados del gobierno de Yucatán, que con ello incurrió en el delito de peculado al pagar por adelantado un bien que no posee, ya que no cuenta ni contaba al momento de hacer los pagos el gobierno con los títulos que garanticen la propiedad del inmueble así “adquirido”.
La operación evidencia la desviación de un crédito de 360 millones de pesos radicados en el IVEY para desarrollar el llamado Plan Maestro de Ucú, concebido e instrumentado por el instituto y su entonces directora Angélica Araujo Lara.
A pesar de haber pedido desde hace 5 meses dicha información en mi carácter de legisladora, y de haberlo requerido directamente tanto al gobierno del Estado que encabeza usted a través del Unaipe, así como a la secretaría general de su gobierno, la respuesta ha sido la negativa a proporcionar lo solicitado a través del subterfugio de prorrogar la obligación que las autoridades tienen de responder con transparencia a todos los ciudadanos que lo requieran, ya sea directamente, o por el conducto de sus representantes populares.
Ante la opacidad y el ocultamiento de casi medio año que hacen presumir una ya denunciada desviación de recursos, se me obliga a exigir como representante popular una respuesta pública a 5 sencillas preguntas: 1. ¿Puede lícitamente el Ejecutivo estatal a través del IVEY haber hecho pagos por más de 343 millones de pesos, sin haber recibido a cambio hasta el día de hoy título de propiedad alguno? 2. ¿Por qué no han mostrado hasta la fecha -ni el IVEY ni la secretaría de gobierno- los contratos que dice haber celebrado con los ejidatarios y que justifican según el gobierno el ilegal pago adelantado de un bien -que mientras sea ejidal como lo sigue siendo- no pudo haber sido sujeto de compra gubernamental? ¿Por qué no han sido exhibidos todos y cada uno de los cheques que se emitieron para hacer los pagos de “la compra perfecta”? ¿Podremos saber algún día los yucatecos quienes fueron los funcionarios públicos de su gobierno expidieron los cheques con los que se pagó a los ejidatarios? 3. ¿Por qué no les cuadran a los ejidatarios de Ucú los números entre la suma que les fue “pagada” y los más de 343 millones que su gobierno admite haber erogado? ¿Dónde quedó la diferencia? 4. ¿Por qué años después de que el gobierno del estado expropió a los ejidatarios de Caucel, y habiendo en ese lapso de tiempo aumentado el precio de los terrenos en la zona de 4 a 5 veces, a los campesinos de Ucú se les pagó aún menos que lo que recibieron por metro cuadrado los de Caucel hace 7 años? 5. ¿Es de esperarse que el Procurador de Justicia, el ex cuñado de la gobernadora Ivonne Ortega investigue con imparcialidad la demanda que por peculado y prestación indebida de servicios públicos han interpuesto un grupo de legisladores federales contra el gobierno del estado? El pueblo de Yucatán agradecerá su pronta y clara respuesta.
