Noticias de Yucatán
“Coincidencias muy marcadas” en el caso de Lolbé Carrillo
12/05/2010
El ex secretario de Gobierno Pedro Rivas Gutiérrez, asesor jurídico de Lolbé Carrillo Jiménez, afirma que hay “coincidencias demasiado marcadas” entre una sanción que le aplicó la Profepa a la Japay y la sanción que el gobierno del Estado le aplicó a la ex funcionaria.
Con base en una cronología de hechos, el abogado Rivas Gutiérrez explica que el 21 de abril de 2008 la Profepa ordenó la suspensión temporal de los trabajos de construcción de la planta potabilizadora Mérida IV de la Japay, debido a que la dependencia estatal deforestó 41 hectáreas del terreno de Oxcum donde se asienta la planta y carecía de permisos de impacto ambiental.
Una semana después, el 28 de abril, indica Rivas Gutiérrez, la Contraloría del gobierno del Estado dicta el acuerdo de inicio de procedimiento disciplinario contra Lolbé Carrillo, según consta en el expediente 018/08.
El abogado abunda en la cronología, que parece vincular la sanción de la Profepa y la sanción a Lolbé Carrillo: Al día siguiente, el 29 de abril, la Japay se allana al procedimiento de la Profepa, es decir, asume la medida.
El 30 de abril, la Profepa le impone a la Japay dos multas, una de $1.138,647.74 que pagaría al Fondo Forestal Mexicano y otra de $800,419.80 que pagaría a Hacienda federal. Además le aplican siete medidas técnicas.
El 1 de mayo, la Profepa levanta los sellos de clausura de la planta Mérida IV.
El 2 de mayo, la Contraloría estatal le notifica a Lolbé Carrillo el inicio del procedimiento administrativo en su contra.
El 6 de mayo, la Contraloría le notifica a su compañera ex funcionaria de la Japay, Aracely Domínguez, el inicio del procedimiento en su contra.
El 14 de mayo, la Contraloría celebra dos audiencias para dar curso al procedimiento, que, casi dos años después, termina con la sanción de $6 millones a las dos ex funcionarias de la Japay.
Pedro Rivas dice que la aparente relación entre ambos casos se remonta a abril de 2008.
El 7 de abril, la Profepa inició la inspección en Oxcum para verificar y cuantificar el daño forestal. El 9 de abril concluye la inspección, que confirma la magnitud de afectación.
Luego ocurrió la sucesión de hechos ya señalados que, de acuerdo con Pedro Rivas, parecen evidenciar el vínculo entre la sanción de la Profepa a la Japay y las sanciones a Lolbé Carrillo y Aracely Domínguez.
“No puedo afirmar que se trata de una venganza política, pero sí de una coincidencia muy marcada entre ambos hechos”, subraya el abogado.
Con base en una cronología de hechos, el abogado Rivas Gutiérrez explica que el 21 de abril de 2008 la Profepa ordenó la suspensión temporal de los trabajos de construcción de la planta potabilizadora Mérida IV de la Japay, debido a que la dependencia estatal deforestó 41 hectáreas del terreno de Oxcum donde se asienta la planta y carecía de permisos de impacto ambiental.
Una semana después, el 28 de abril, indica Rivas Gutiérrez, la Contraloría del gobierno del Estado dicta el acuerdo de inicio de procedimiento disciplinario contra Lolbé Carrillo, según consta en el expediente 018/08.
El abogado abunda en la cronología, que parece vincular la sanción de la Profepa y la sanción a Lolbé Carrillo: Al día siguiente, el 29 de abril, la Japay se allana al procedimiento de la Profepa, es decir, asume la medida.
El 30 de abril, la Profepa le impone a la Japay dos multas, una de $1.138,647.74 que pagaría al Fondo Forestal Mexicano y otra de $800,419.80 que pagaría a Hacienda federal. Además le aplican siete medidas técnicas.
El 1 de mayo, la Profepa levanta los sellos de clausura de la planta Mérida IV.
El 2 de mayo, la Contraloría estatal le notifica a Lolbé Carrillo el inicio del procedimiento administrativo en su contra.
El 6 de mayo, la Contraloría le notifica a su compañera ex funcionaria de la Japay, Aracely Domínguez, el inicio del procedimiento en su contra.
El 14 de mayo, la Contraloría celebra dos audiencias para dar curso al procedimiento, que, casi dos años después, termina con la sanción de $6 millones a las dos ex funcionarias de la Japay.
Pedro Rivas dice que la aparente relación entre ambos casos se remonta a abril de 2008.
El 7 de abril, la Profepa inició la inspección en Oxcum para verificar y cuantificar el daño forestal. El 9 de abril concluye la inspección, que confirma la magnitud de afectación.
Luego ocurrió la sucesión de hechos ya señalados que, de acuerdo con Pedro Rivas, parecen evidenciar el vínculo entre la sanción de la Profepa a la Japay y las sanciones a Lolbé Carrillo y Aracely Domínguez.
“No puedo afirmar que se trata de una venganza política, pero sí de una coincidencia muy marcada entre ambos hechos”, subraya el abogado.
