El diputado del PRI recalcó que el Poder Legislativo escuchó con atención las observaciones hechas por los dirigentes del sector privado agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán.
"Logramos algo inédito, ya que producto de las reuniones con los empresarios se modificaron las iniciativas de la Ley de Hacienda y el presupuesto de egresos y los planteamientos que nos hicieron se incorporaron al dictamen del paquete fiscal", indicó en un comunicado.
Se manifestó respetuoso de las expresiones de los diferentes dirigentes empresariales pero aseveró que no comparte la postura de instituciones como la Coparmex que -afirmó- descalificó desde el inicio la propuesta de paquete fiscal sin analizarla.
Entre otras cosas, el diputado recalcó que el Congreso del Estado está dispuesto al diálogo con la sociedad civil organizada, así como al análisis de propuestas serias y viables que sean presentadas en un marco de respeto y con ánimo constructivo.
En el caso particular del impuesto estatal al consumo que propusieron algunos líderes de cámaras, continuó, es necesario precisar que la medida era improcedente y carecía de viabilidad jurídica y quienes afirman lo contrario no se han adentrado al estudio de la ley.
En ese sentido, expuso que una acción de esa naturaleza hubiera vulnerado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que Yucatán ha firmado con la Federación mediante convenio para recibir participaciones federales, lo que daría lugar a que ésta pueda interponer un medio de control constitucional en contra de la entidad, o simplemente suspender la distribución de participaciones federales.
Sahuí Rivero remarcó que el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece las disposiciones que los estados deben de respetar a fin de no contravenir el Convenio de adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal.
"Un impuesto de esta naturaleza tendría un alto impacto social", indicó.
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