POLíTICA Y GOBIERNO
Cinco organismos empresariales de Yucatán calificaron ayer de acertada la exención del pago de la tenencia al 87% de los vehículos particulares, pero consideraron que no es suficiente y exhortaron a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco a que rectifique también en el caso del aumento al 2.5% del impuesto sobre las nóminas.
Ante más de 200 empresarios, directivos de las cámaras de Comercio (Canacome), del Vestido (Canainves) y Restaurantera (Canirac) y de las asociaciones de Mujeres Empresarias (Ammeyuc) y de Maquiladoras (Amey), que generan más de 300,000 empleos en Yucatán, ratificaron su repudio al alza de ese impuesto, por tratarse de una medida unilateral, incongruente, que va contracorriente de lo que se hace en materia hacendaria en tiempos de crisis.
En un comunicado conjunto, presentado por el presidente de la Canacome, Jorge Manzanilla Pérez, los organismos empresariales manifestaron su desacuerdo con el diputado priista Mauricio Sahuí Rivero, por sus descalificaciones generalizadas y porque "no para de incordiar".
"Desde aquí exhortamos, respetuosamente, a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, a trabajar en una apertura incluyente, de análisis compartido y rectificación ponderada... Porque gobernar, ¡es rectificar y esperamos que eso ocurra!", subrayó Manzanilla Pérez, ante los aplausos de pie del auditorio que llenó la sala de exposiciones de la Canacome.
Manzanilla reveló que se dio marcha atrás en el alza del agua potable (del 19%) ante la oposición de los empresarios.
En relación con la tenencia vehicular, el secretario de Hacienda del Estado, Juan Gabriel Ricalde Ramírez, dijo ayer que el gobierno trabajará más ahora en ampliar el padrón de contribuyentes, irá tras los evasores, para tratar de resarcir los $220 millones de pesos que dejarían de captar por la exención dispuesta por la gobernadora.
También informó que suman 167,789 los vehículos que pueden ser exentos del pago de tenencias este año.
Jorge Manzanilla Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida (Canacome), declaró ayer que la exención en el pago de la tenencia y la marcha atrás en el alza del agua potable son signos de que el gobierno del Estado sí puede rectificar sus decisiones y esperan que eso ocurra en el caso del aumento al impuesto sobre las nóminas.
"No le llamaría un repliegue del Ejecutivo, sino una rectificación. Si considera que no puede dar marcha atrás en el impuesto sobre las nóminas, sí puede modificarlo mediante un decreto para, por ejemplo, ofrecer descuentos por pronto pago", indicó el directivo.
"Puede ponderar la aplicación de esa alza a las empresas que sí les resulta muy lesiva, como a las maquiladoras, u ofrecer incentivos adicionales a las que generen nuevos empleos.
"Otra opción es regresar el impuesto al 2%. Tal vez si la gobernadora (Ivonne Ortega Pacheco) hubiese tenido la información de que sólo se recauda el .8% del 2% de impuesto sobre la nómina, quizá hubiera decidido ser más eficientes en el cobro antes de pensar en el aumento", consideró Jorge Manzanilla.
En rueda de prensa conjunta con directivos de otros cuatro organismos empresariales que firman el manifiesto de repudio al aumento, el presidente de la Canacome dijo que aún no concluye el análisis jurídico para determinar la viabilidad de los amparos contra esa medida.
El directivo indicó que no quieren aventurarse a promover un juicio que no tendría éxito, porque un fallo adverso a ellos confirmaría que el Ejecutivo tuvo la razón legal al aumentar el impuesto sobre las nóminas.
Sin embargo, afirma que hasta ayer por lo menos 20 socios de la Canacome habían manifestado su interés en recurrir al amparo y es muy probable que la próxima semana surjan las primeras impugnaciones.
En la reunión previa a la rueda de prensa, a nombre de los cinco organismos Manzanilla Pérez ofreció asesoría legal a los empresarios que deseen participar en la lucha jurídica.
Entre otros conceptos, el vocero del grupo afirmó que la exención por un año en el pago del impuesto a la nómina por los nuevos empleos, que anunció el Ejecutivo, no es nuevo sino que data del año 2006.
También reveló que la marcha atrás en el alza del agua potable no surgió a iniciativa del Ejecutivo sino de la postura en contra de la Canacome, la única cámara que asistió a la reunión de la Junta de Gobierno.
"Sí había la intención de aumentar las tarifas bajo el argumento de que la Japay tiene dificultades económicas para sostener la operación del sistema. Pero nosotros señalamos que era incongruente subir el agua en un 19%, cuando el salario mínimo sólo aumentó en un 4.1% en esta zona.
"Nos opusimos y pedimos que se hiciera constar en actas", aseveró el empresario.
Manzanilla Pérez recalcó que el que politizó el tema de las alzas fue el diputado priista Mauricio Sahuí Rivero, con sus declaraciones mediáticas.-FéLIX UCáN SALAZAR.
Canacome, Canirac, Canaives, Ammeyuc y la Amey piden al gobierno que rectifique el alza
Convocantes
En la mesa principal estuvieron Gustavo Millet Reyes, Carlos Campos Achach, Enyd Martínez Menéndez (en representación de la presidenta de la Ammeyuc, Norma Cáceres Patrón), Alejandro Guerrero Lozano y Jorge Manzanilla Pérez, directivos de esos organismos.
Sede
La reunión fue en la Canacome, comenzó a las 10:10 y terminó a las 10:45. Asistieron 232 empresarios registrados, que llenaron el salón.
Asistentes
Nicolás Madáhuar Cámara, Juan Manuel Ponce Díaz, Alejandro Gómory Martínez, Felipe Solís Mier y Terán, Jorge Torre Loría, Yamily Calderón Sabido, Jorge Seijo Gutiérrez, Héctor Bojórquez Molina, Eduardo Ramos García, René Brito Parra, Juan Manuel López Campos, Ana Rosa Payán Cervera, Silvia López Escoffié, Alberto Sauri Riancho, Román Zavaleta Laviada, Javier Sarlat Flores, Armando Villarreal Guerra, María de la Paz Rojo Newman, Rashid Azar Herrera, Carlos Worbis Rosado, Pedro Góngora, Raúl Manglioni Montañez, Alejandro Caballero Sánchez y Rocco Caruso Cónsoli, entre otros.