Proponen un Inaip ciudadano

08 enero 2011
Noticias de Yucatán

(transparencia, opacidad, propuesta, innovación, reforma transparencia)

8 enero 2011
Que el titular del Ejecutivo estatal no sea el que designe
A fines de este mes el Instituto de Acceso a la Información Pública (Ianip) se quedaría con sólo dos consejeros, pues concluirá el período de Ariel Avilés Marín, quien ya permaneció los cinco años que permite la ley.


Para nombrar al sucesor se aplicaría la nueva disposición legal al respecto, que consiste en que la titular del Ejecutivo estatal, Ivonne Ortega Pacheco, envíe al Poder Legislativo una propuesta de tres candidatos para que los diputados elijan a uno de ellos. Antes de las reformas a la norma, la gobernadora sólo hubiera turnado un nombre.

Pablo Loría Vázquez, ex secretario Ejecutivo del Inaip, dijo que debe aprovecharse esta circunstancia para modificar la ley del ramo y así garantizar que el Inaip sea un órgano auténticamente ciudadano, sin influencia de autoridades y partidos.

El especialista propone quitar al Ejecutivo la atribución de designar a los candidatos. En su lugar, ese derecho recaería en la sociedad, con propuestas de sus organismos intermedios.

Esas candidaturas serían sometidas a un concurso de oposición abierto, vigilado, el cual estaría en manos de tres universidades, dos de ellas locales y otra más del interior del país. Para mayor imparcialidad de esta última se le exigiría no haber prestado nunca algún servicio a las autoridades locales.

El Poder Legislativo recibiría los nombres de los aspirantes que resultaran seleccionados en ese proceso, y entre ellos elegiría a quienes serán consejeros.- Hansel Vargas Aguilarhvargas@megame dia.com.mx

En contexto:
Cambios | Designación

Pablo Loría Vázquez, ex secretario Ejecutivo del Inaip, pide que se cambie la ley:

Instituto fuerte

"Esta es una oportunidad para avanzar en la meta de tener un instituto fuerte, capaz de vigilar a los tres poderes y a los presidentes municipales".

Consejero vigilante

El nuevo consejero será designado por cinco años, parte vigilando a las actuales autoridades, y el resto del tiempo fiscalizando a quienes sean elegidos para el próximo período.
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