Esa norma permite que, a partir de hoy, el Poder Judicial se erija en Tribunal Constitucional para resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales e intervenir en casos de control previo de la constitucionalidad de una norma y la omisión legislativa.
El Tribunal Constitucional puede intervenir no sólo en materia de leyes y reglamentos sino también en actos de cualquier autoridad municipal y estatal que viole la Constitución local.
La fracción del PAN votó en contra, debido a que, según recalcó en tribuna la diputada Lízbeth Medina Rodríguez, la PGR promovió una acción de inconstitucionalidad contra el precepto de control previo de la constitucionalidad y hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha emitido el fallo.
En la sesión se aprobaron también, con voto unánime, las reformas y adiciones de las leyes del Instituto de Defensa Pública, de la Fiscalía General y de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán.
Un tercer tema fue el caso del regidor-magistrado Santiago Altamirano Escalante, que fue blanco de nuevo debate por la presunta ilegalidad de su nombramiento. La fracción panista pidió que se reponga el procedimiento de su designación, pero la bancada priista insistió en que no hay ninguna violación la ley y rechazó la petición. Se citó a nueva sesión para este jueves a las 12 horas.- FéLIX UCáN S.
El diputado Pedro Couoh insistió en que se violaron tres leyes en la designación de un magistrado.
"Ilegítimo"
Se violó, dijo, el artículo 67 de la Constitución local, el 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 220 de la Ley de Gobierno de los Municipios, de manera que la designación de Santiago Altamirano "está viciada de origen y es un magistrado ilegítimo".
"Legal"
El diputado Víctor Caballero Durán citó varios argumentos par afirmar que la designación se apegó a la ley.
Con los votos de los Diputados del PRI, PVEM y PRD, se aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, relativo a la Iniciativa de Ley de Justicia Constitucional para el Estado de Yucatán, suscrita por los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Con esta nueva Ley se establece el Principio de Supremacía de la Constitución Local, mediante este principio, se confirma a la Constitución Local como la Norma Suprema, fuente de validez de todo el orden jurídico estatal, a la que deben ceñirse todos los actos, de ley y disposiciones generales de las autoridades del Estado.
Asimismo, se reconoce al Tribunal Superior de Justicia como un órgano de jurisdicción constitucional, de vocación y con atribuciones diferentes a la jurisdicción ordinaria que conocen los magistrados integrantes del Tribunal Superior, que lo constituye en auténtico Tribunal Constitucional.
También se crea la figura del Juez Constitucional, quien será el que tome en cuenta el objeto de los mecanismos de control constitucional, consistente en cuidar y, en su caso, ordenar la estricta observancia y exacto cumplimiento de la Constitución Local.
Igualmente, establece que la Acción de Inconstitucionalidad Local es un procedimiento constitucional que tiene por objeto resolver la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Local, con el fin de invalidar la norma general impugnada y que prevalezca el mandato constitucional.
Los Legisladores del PAN, en voz de la diputada Lizbeth Medina Rodríguez, manifestaron que votarían en contra argumentando la existencia de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de Justicia, que de resolverse a su favor dejaría sin efecto esta nueva ley.
Por su parte, el diputado, Carlos Pavón Flores (PRI) señaló, “la mencionada acción de inconstitucionalidad, no es más que una piedra en el camino hacia la construcción del México que todos queremos, justo y equitativo, con leyes que salvaguardan los derechos fundamentales, así como las garantías individuales. Acá de frente les digo que no hay futuro en esa acción promovida por la PGR… Yucatán va a ganar!
El legislador agregó que en materia constitucional local, como en otras áreas del derecho, Yucatán será de nueva cuenta ejemplo y modelo a seguir por otros estados de la República.
En esta misma sesión, los diputados aprobaron por unanimidad, el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, relativo a la Iniciativa de Reforma y adición a diversos artículos de las leyes del Instituto de defensa Pública y de la Fiscalía General y de la Ley de los Trabajadores al servicio del Estado y Municipios, todas del estado de Yucatán, enviadas por el Poder Ejecutivo
En su intervención, el diputado Omar Corzo Olán (PVEM) aseveró, que las modificaciones propuestas permitirán una adecuada transición de nuestro actual sistema mixto vigente en el Estado, al nuevo sistema penal acusatorio y oral.”
Asimismo enviaron a la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal para su estudio y dictamen, la iniciativa de Decreto mediante la cual el Poder Ejecutivo del Estado, solicita autorización para la donación de un bien inmueble en el municipio de Cacalchén, Yucatán, a favor del Instituto de Vivienda del estado de Yucatán.
También, se dieron por enterados de los oficios de las honorables Legislaturas de los Estados de San Luis Potosí y de Tamaulipas, así como suscrito por Angélica Araujo y Álvaro Omar Lara Pacheco, presidenta y secretario Municipal, ambos del Ayuntamiento de Mérida.
En el Punto de Asuntos Generales, el diputado, Pedro Cohuó Suaste (PAN) pidió la reposición del nombramiento del magistrado Santiago Altamirano Escalante por una supuesta violación a diversas leyes, entre ellas la Constitución del Estado. Este argumento fue secundado por el diputado, Renán Alberto Barrera Concha (PAN).
El diputado, Víctor Caballero Durán (PRI), respondió que no se violentaba ninguna ley y que la intervención de los diputados del PAN solo tenían un fin: confundir a la sociedad y sacar raja política.
Al término del Punto de Asuntos Generales, los 25 Diputados asistentes acordaron sesionar el próximo jueves 3 de marzo a las doce horas, presidieron los Diputados Roberto Antonio Rodríguez Asaf (PRI), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (PAN) y Omar Corzo Olán (PVEM).
COMISION PERMANENTE DEL MEDIO AMBIENTE
Al concluir el Pleno, sesionó la Comisión del Medio Ambiente, donde sus diputados integrantes recibieron la iniciativa de Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado de Yucatán.
Después de la entrega, el presidente de la Comisión, diputado Omar Corzo Olán (PVEM) señaló que para hacer un dictamen acorde a las necesidades del Estado recorrerán varios municipios del interior de la Entidad, iniciando con el de Motul.
Asistieron a la reunión el presidente Lizbeth Medina Rodríguez; vicepresidente, Carlos Carrillo Paredes; secretarios, Juan José Canul Pérez y René Tun Castillo; vocales, Omar Corzo Olán, Magaly Cruz Nucamendi y Elsy Sáenz Pérez.
COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, GRUPOS VULNERABLES Y DERECHOS HUMANOS,
Momentos después sesionó la Comisión de Equidad y Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos, donde sus integrantes recibieron de manos de su presidenta, Lizbeth Medina Rodríguez (PAN) el plan de trabajo de esta comisión.
Por su parte, sus homólogos priistas, Elsy María Sáenz Pérez (PRI), Juan José Canul Pérez (PRI) y René Jeremías Tun Castillo (PRI), apuntaron que las actividades que realice esta Comisión deben ser llevadas al Interior del Estado, con el fin de acercarse a la sociedad.
Estuvieron presentes, su presidenta Lizbeth Medina Rodríguez; el vicepresidente, Carlos Carrillo Paredes; los secretarios, Juan José Canul Pérez y René Tun Castillo; y los vocales, Omar Corzo Olán, Magaly Cruz Nucamendi y Elsy Sáenz Pérez.
También empieza a funcionar hoy el primer Instituto de Defensa Pública del Estado y la Procuraduría de Justicia deja de serlo para convertirse en la Fiscalía General.
En el caso de los tribunales que se fusionan, su primer presidente, Diego Barbosa Lara, recordó que además pasan a integrarse al Poder Judicial del Estado, ya no serán autónomos.
El funcionario recordó que como parte de las reformas constitucionales estos dos tribunales se fusionan para convertirse en el nuevo Tribunal de Justicia Electoral y Administrativo del Poder Judicial del Estado.
Cuando se aprobó esta fusión se estableció en los artículos transitorios que el presidente de ese nuevo tribunal sería el titular del Electoral.
A partir de hoy los cinco magistrados electorales y el hasta ayer presidente del Tribunal Administrativo, Vicente Tun Velázquez, se fusionan y su sede oficial serán las oficinas del Electoral, en la calle 42 número 396-A entre 27 y 29 de la Carranza.
Por su parte, la Consejería Jurídica del Estado informó que como parte de estas reformas también entra hoy en funciones el nuevo Instituto de Defensa Pública del Estado.
Se informó que este nuevo instituto otorgará asistencia pericial gratuita, con personal técnico especializado y aplicará mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación, la conciliación y la negociación, entre otros servicios.
