En estas condiciones está la mayor parte de las copias de dos convenios que recibió Coparmex de la Unidad de Acceso a la Información del Ejecutivo
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Ante numerosas dudas en torno a plazos y montos de dos créditos que contrató el gobierno del Estado con Bancomer y el Banco del Bajío, a fines de 2009, Coparmex Mérida recurrió a la herramienta del acceso a la información para conocer los convenios con las instituciones, pero encontró un obstáculo.
Al responder a su solicitud, el 23 de mayo de este año, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (Unaipe) indicó que los contratos solicitados contienen "partes reservadas" que fueron eliminadas "para estar en posibilidades de su entrega respectiva en versión pública". Con ese argumento, entregó los documentos llenos de tachaduras, incluso en hojas completas. La censura llegó a nombres y firmas."El crédito con Bancomer fue a 180 meses, de $700 millones. El que se firmó con Bajío fue a 216 meses, de $670 millones", dice Luis Jorge Caamal Burgos, presidente de Coparmex.
"Hicimos un ejercicio: dividimos 700 entre 180 y 670 entre 216, para tratar de conocer cuál es el monto mensual a pagar. No necesariamente sería así, porque puede ser que se hayan firmado condiciones diferentes, pero lo lógico es que si compro un vehículo en $100,000 a 10 meses, al dividir la suma obtengo $10,000 mensuales de amortización".
Los números de Coparmex arrojan que se tendrían que estar pagando casi $7 millones mensuales de amortización, pero en los informes oficiales aparece un promedio de 1.69. "Hay muy poca amortización (pago del capital), pero es posible que vaya creciendo con el paso de los años. Es decir, la carga del pago de intereses será para la siguiente administración".Ante la respuesta de la Unaipe, la agrupación empresarial presentó un recurso de inconformidad que está en proceso.
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