Noticias de Yucatán
(deuda, mentiras, opacidad, manipulación)
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El monto actual de la deudapública de Yucatán representa un riesgo para los próximos gobiernos porque, pese a que la administración de Ivonne Ortega Pacheco puede cubrir los pagos de corto plazo sin problemas, las amortizaciones a largo plazo ocasionarían "falta de disponibilidad de recursos", advierte en un estudio la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esta visión de la deuda contrasta con la del gobierno del Estado, cuyo secretario de Planeación y Presupuesto, Ulises Carrillo Cabrera, sostiene que la deuda "es manejable".
La ASF, órgano de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales, en su estudio "Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000- marzo 2011", publicado en junio, advierte que la deuda pública de Yucatán es riesgosa porque su monto no corresponde al nivel de ahorro interno del Estado y hay la presunción de que el gobierno usa parte de los créditos para sufragar su gasto corriente.
Durante la administración de Ortega Pacheco, dice, esta deuda creció a un ritmo de 57% anual, arriba del promedio nacional.
Según el análisis de la Auditoría Superior, los indicadores de la deuda pública de Yucatán "denotan una tendencia al deterioro, lo que podría provocar situaciones de riesgo en las finanzas públicas al comprometer una mayor cantidad de recursos para el pago de los préstamos".
Asimismo, dice, otros motivos para pensar en los riesgos son: "La deuda supera al ahorro interno, que muestra una tendencia decreciente, debido a que el gasto operacional ha crecido en mayor medida que los ingresos ordinarios.
"El endeudamiento neto se ha incrementado en relación con los resultados de los balances presupuestario y primario, por causa del déficit y su cobertura mediante financiamiento.
"El endeudamiento no guarda una relación uniforme con la inversión, lo cual implica que se está financiando el gasto corriente y los balances presupuestario y primario muestran una tendencia deficitaria como proporción del PIB, por lo que es necesario fortalecer los ingresos propios y disminuir el gasto no prioritario".
El estudio de la ASF añade que a largo plazo "al caer el ahorro interno, el pago de intereses y el servicio de la deuda constituyen una mayor carga financiera sobre el presupuesto del Estado", de manera que de poco sirve una eventual baja en las tasas de interés. (En contraste, en agosto, el secretario de Planeación, Ulises Carrillo, anunció la reducción de un punto porcentual en la tasa de interés de los préstamos con dos bancos, que representarían un ahorro de $100 millones entre 2011 y 2027).
Las reducciones en las tasas de interés, según la ASF, "sólo dan un margen de maniobra al Estado para enfrentar sus compromisos de corto plazo".
En general, añade, el gobierno estatal podrá cumplir "sus compromisos financieros de corto plazo, pero al costo de trasladar a futuro el pago de la deuda, lo que afectará la disponibilidad de recursos y el margen de acción de las próximas administraciones, dado que los pagos se garantizan principalmente con los ingresos federales".
La Auditoría Superior de la Federación sostiene que "si se mantiene la tendencia de incrementar el endeudamiento del gobierno significativamente respecto al ahorro interno y a las participaciones y de registrar déficit fiscal -como ocurrió en los últimos dos años a consecuencia del exceso de gasto corriente-, así como la limitada recaudación fiscal y una alta dependencia de los ingresos federales, que representan el 94.1% del total, se pone en riesgo la continuidad de los flujos de pago del endeudamiento adquirido".
El ritmo de endeudamiento de Yucatán, agrega, se encuentra muy por arriba del promedio nacional, y eso afecta la capacidad de los ingresos para cubrir el monto del gasto público obligatorio y el servicio de la deuda, lo que provocaría riesgos en caso de que se incrementen las tasas de interés, además de restringir el manejo presupuestario de los gobiernos siguientes.
Por otro lado, respecto a la nota publicada ayer sobre el endeudamiento de $186.6 millones del gobierno de Yucatán, que no aparece en los registros de la Secretaría de Hacienda federal, la administración de Ivonne Ortega nos envió una carta en la que dice que esa cifra no corresponde a obligaciones financieras del gobierno del Estado y sugiere que podría tratarse de deudas de los municipios u organismos paraestatales.
(deuda, mentiras, opacidad, manipulación)
Alertan sobre la falta de disponibilidad de recursos a largo plazo
Publicada: 29 diciembre 2011
Publicada: 29 diciembre 2011
(1)Esta visión de la deuda contrasta con la del gobierno del Estado, cuyo secretario de Planeación y Presupuesto, Ulises Carrillo Cabrera, sostiene que la deuda "es manejable".
La deuda afectará el futuro
Hay riesgo de no poder pagar enlos próximos años
Publicada: 29 diciembre 2011
Hay riesgo de no poder pagar enlos próximos años
Publicada: 29 diciembre 2011
La Auditoría Superior de la Federación sostiene que la deuda pública de Yucatán, que al 31 de marzo ascendía a $1,829.1 millones, es riesgosa porque, entre otras razones, en 2009 y 2010 creció su proporción respecto del Producto Interno Bruto estatal, las participaciones federales y los ingresos fiscales ordinarios.
Asimismo, dice, otros motivos para pensar en los riesgos son: "La deuda supera al ahorro interno, que muestra una tendencia decreciente, debido a que el gasto operacional ha crecido en mayor medida que los ingresos ordinarios.
"El endeudamiento neto se ha incrementado en relación con los resultados de los balances presupuestario y primario, por causa del déficit y su cobertura mediante financiamiento.
"El endeudamiento no guarda una relación uniforme con la inversión, lo cual implica que se está financiando el gasto corriente y los balances presupuestario y primario muestran una tendencia deficitaria como proporción del PIB, por lo que es necesario fortalecer los ingresos propios y disminuir el gasto no prioritario".
El estudio de la ASF añade que a largo plazo "al caer el ahorro interno, el pago de intereses y el servicio de la deuda constituyen una mayor carga financiera sobre el presupuesto del Estado", de manera que de poco sirve una eventual baja en las tasas de interés. (En contraste, en agosto, el secretario de Planeación, Ulises Carrillo, anunció la reducción de un punto porcentual en la tasa de interés de los préstamos con dos bancos, que representarían un ahorro de $100 millones entre 2011 y 2027).
Las reducciones en las tasas de interés, según la ASF, "sólo dan un margen de maniobra al Estado para enfrentar sus compromisos de corto plazo".
En general, añade, el gobierno estatal podrá cumplir "sus compromisos financieros de corto plazo, pero al costo de trasladar a futuro el pago de la deuda, lo que afectará la disponibilidad de recursos y el margen de acción de las próximas administraciones, dado que los pagos se garantizan principalmente con los ingresos federales".
La Auditoría Superior de la Federación sostiene que "si se mantiene la tendencia de incrementar el endeudamiento del gobierno significativamente respecto al ahorro interno y a las participaciones y de registrar déficit fiscal -como ocurrió en los últimos dos años a consecuencia del exceso de gasto corriente-, así como la limitada recaudación fiscal y una alta dependencia de los ingresos federales, que representan el 94.1% del total, se pone en riesgo la continuidad de los flujos de pago del endeudamiento adquirido".
El ritmo de endeudamiento de Yucatán, agrega, se encuentra muy por arriba del promedio nacional, y eso afecta la capacidad de los ingresos para cubrir el monto del gasto público obligatorio y el servicio de la deuda, lo que provocaría riesgos en caso de que se incrementen las tasas de interés, además de restringir el manejo presupuestario de los gobiernos siguientes.
Por otro lado, respecto a la nota publicada ayer sobre el endeudamiento de $186.6 millones del gobierno de Yucatán, que no aparece en los registros de la Secretaría de Hacienda federal, la administración de Ivonne Ortega nos envió una carta en la que dice que esa cifra no corresponde a obligaciones financieras del gobierno del Estado y sugiere que podría tratarse de deudas de los municipios u organismos paraestatales.
