La pobreza y la violencia, de acuerdo con analistas, están entre los flagelos que padece la mayoría de la población, de más de 16 millones de personas, que deberá atender con prioridad el presidente Morales.
Morales, actor de cine y televisión de 48 años de edad y con escasa trayectoria política, se constituyó en la principal sorpresa de las elecciones generales de 2015 en Guatemala.
Con un discurso de lucha frontal contra la corrupción, el inexperto político se impuso con amplia ventaja a prominentes líderes como Manuel Baldizón y Sandra Torres, que en las encuestas aparecían como favoritos para asumir la presidencia de Guatemala.
Pobreza y violencia, los malos venezolanos
Morales basó también su campaña política en promesas de atender a los guatemaltecos más necesitados, especialmente el sector del 23.4 por ciento de la población que sobrevive en pobreza extrema.Según resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), presentada a fines del año pasado, la pobreza subió de 51.2 por ciento en 2006, a 59.3 por ciento en 2014.
Los datos del informe a cargo del gubernamental Instituto Nacional de Estadística, precisaron que la pobreza extrema aumentó 8.1 por ciento y se ubicó en 23.4 por ciento en el mismo período (2006-2014).
Guatemala es uno de los países más violentos de Centroamérica, con un promedio de 16 muertes violentas por día, de acuerdo con datos de entidades pro justicia y de derechos humanos que niegan los avances significativos en seguridad de informes oficiales.
La 'salida' de la crisis
El gobierno del presidente Otto Pérez Molina, quien renunció en septiembre pasado por un escándalo de corrupción que lo mantiene en prisión preventiva, afirmó en su momento que se logró bajar de más de 40 a 28 homicidios por cada cien mil habitantes.El dirigente cooperativista Helmer Velásquez dijo a Notimex que la pobreza es uno de los principales desafíos del nuevo gobierno encabezado por el presidente Morales que asumirá el jueves.
Aseveró que la pobreza se concentra en el medio rural, por lo que Morales deberá atender con prioridad a los desposeídos, pero no con el “asistencialismo oficial”, sino con un plan productivo que “dinamice” la economía” del campo y de las familias campesinas.
Una de las vías es propiciar “la inversión pública masiva en el campo” y creación de infraestructura, que a su vez genere empleos y oportunidades para los empobrecidos trabajadores del agro nacional, indicó.
Velásquez destacó que el nuevo gobierno también deberá impulsar la “seguridad democrática”, que implica el combate tenaz contra la delincuencia y la aplicación de la inteligencia y la investigación científica para enfrentar al crimen organizado, “posicionado en algunas regiones del país”.
