Esto mientras algunos vean en la edificación de estas estructuras una solución a la inmigración ilegal.
La edificación de muros en la frontera se mantiene como una valiosa promesa de parte de candidatos políticos, ansiosos de recaudar votos, sin que exista hasta ahora ninguna evidencia de que las barreras disminuyan de manera significativa el número de inmigrantes indocumentados que ingresan al país.
En cambio los muros han sido directamente relacionados por investigaciones académicas con un incremento en la muerte de inmigrantes que tratan de ingresar en forma indocumentada a Estados Unidos y se les ha responsabilizado también de constituir un peligro para las poblaciones de vida silvestre.
El gobierno de México se ha opuesto sistemáticamente a la construcción de muros en su frontera, al considerarlo como una medida unilateral de Estados Unidos, que constituye una acción de fuerza “inútil”, en la resolución del problema migratorio.
Aún así, desde 1990 Estados Unidos ha construido en diferentes etapas unos mil 50 kilómetros de muros y cercas, que actualmente cubren el 33.3 por ciento del total de los tres mil 145 kilómetros de frontera entre los dos países.
La gran mayoría de estas estructuras han sido edificadas a lo largo de las fronteras de California, Arizona y Nuevo México. En Texas, donde el Río Bravo sirve de frontera natural, sólo se han construido unos 160 kilómetros de muros y vallas, en múltiples trozos cortos ubicados en áreas urbanas.
Las barreras han sido construidas con diferentes estilos y materiales, incluidos los denominados muros para peatones edificados unos a base de planchas metálicas, otros con malla reforzada y unos más con tubos de acero de cinco centímetros de diámetro colocados.
Están también las vallas contra vehículos, unas barreras metálicas de corta altura que no impiden el paso de peatones pero sí imposibilitan el cruce de automóviles.
El primer muro fronterizo fue construido en 1990 en la frontera de San Diego, California, en un intento por frenar el cruce de inmigrantes por esa zona, que hasta entonces había sido el de mayor tránsito de indocumentados.
El muro entre San Diego y Tijuana, en el estado mexicano de Baja California, fue construido a lo largo de 20 kilómetros para abarcar desde el océano Pacífico hasta las montañas al este de ambas ciudades.
La barrera, que en México fue conocida en forma desdeñosa como “El Muro de la Tortilla”, causó en poco tiempo un cambio en el flujo migratorio a través de la zona de San Diego, al desviar las rutas utilizadas para cruzar a Estados Unidos hacia las montañas al este y también a los desiertos del sur de Arizona.
Su construcción no disminuyó el cruce de indocumentados a Estados Unidos, pero sí los desvió hacia zonas más remotas y peligrosas, alejados de áreas urbanas.
En la década de los noventa, el sur de Arizona remplazó al área de San Diego como el punto de mayor cruce de indocumentados, a pesar de que la travesía por los desiertos del sur de la entidad provocaban cientos de muertes cada año.
A lo largo de 15 años, entre 1990 y 2005, Estados Unidos construyó unas 11 bardas metálicas, generalmente de tramos cortos, para dificultar el cruce de indocumentados en áreas urbanas en las comunidades fronterizas de San Diego, Tecate y Campo Andrade, California; San Luis, Nogales, Naco y Douglas, en Arizona, Sunland Park, Nuevo Mexico y Laredo, Texas.
En San Diego las autoridades estadunidenses reforzaron el muro construido en la zona, con la edificación de otras dos vallas, en una triple sucesión de barreras, convirtiendo la zona en el área más fortificada de la frontera.
La primera valla tiene unos tres metros de altura y está hecha de placas metálicas gruesas. La segunda valla, detrás de la primera, alcanza los 4.5 metros y en la parte superior está inclinada hacia el interior, con alambre de púas. En algunas áreas hay una cerca de malla más pequeña detrás de la segunda.
En medio de las vallas es un área vigilada por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con luces brillantes, cámaras y patrullas blindadas. Estas barreras prácticamente cancelaron la posibilidad de cruce inmigrantes por la zona, desviándolo completamente a otras áreas.
El auge en la construcción de barreras fronterizas se dio, sin embargo, hasta mediados de la década del 2000, bajo la administración del presidente George W. Bush, como una medida para tratar de reducir el número de indocumentados que cruzaban la frontera y que entonces sobrepasaba el millón cada año.
El presidente Bush promulgó en octubre de 2006 la “Ley de Valla de Seguridad”, que autorizó la construcción de mil 100 kilómetros de muros y barreras a lo largo de la frontera. “Esta ley hará que nuestras fronteras sean más seguras. Es un paso importante hacia la reforma migratoria”, dijo Bush al firmar la iniciativa.
La ley autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a utilizar, muros, sensores, cámaras, satélites y otras tecnologías, además de personal, para impedir la entrada ilegal de personas a territorio estadunidense.
El estatuto ordenó construir 577 kilómetros de muros entre Caléxico, California, y Douglas, Arizona, abarcando completamente la frontera entre Arizona y el estado mexicano de Sonora, y dispuso también la edificación de 281 kilómetros de cercas entre las comunidades texanas de Laredo y Brownsville.
La ley ordenó además edificar 81 kilómetros de muros entre Del Río e Eagle Pass, y 140 kilómetros entre El Paso y Columbus, Nuevo México, así como 35 kilómetros en Tecate, California.
El Congreso aprobó mil 200 millones de dólares para la construcción de los muros en el presupuesto del año fiscal 2007 y otros mil 200 millones de dólares más en el 2008, para un total de dos mil 400 millones de dólares.
La ley provocó la oposición de ambientalistas, que sostienen que las barreras fronterizas tienen un impacto negativo en la vida silvestre y el hábitat de especies migratorias, en los flujos del Río Bravo, en el ecoturismo y en las economías locales.
La construcción de los muros también desató la inconformidad de múltiples propietarios de terrenos que se vieron afectados por la edificación de las cercas en sus propiedades e interpusieron demandas en contra del gobierno federal, que pagó millones de dólares en indemnizaciones.
A pesar de la oposición, el objetivo de la ley se cumplió en su mayor parte para 2009, con la construcción de poco más de mil kilómetros de muros y barreras, unos 80 kilómetros menos de lo dispuesto, debido a modificaciones que tuvieron que hacerse por los problemas de construir en ciertas áreas.
En total, actualmente existen 509.5 kilómetros de muros construidos para impedir el paso de peatones; 482.4 kilómetros de vallas contra vehículos y 58.4 kilómetros de doble o triple muro (San Diego).
