La nueva ley tiene nuevos mecanismos, en los que intervienen directamente la Secretaría de Hacienda y del Congreso, para adquirir y resolver deudas contraídas por parte de gobernadores y presidentes municipales.
De promulgarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta ley propone sanciones administrativas y penales a quienes participen directa e indirectamente en un proceso fraudulento.
“Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia”, detalla el documento.
Entre las novedades de la nueva ley, destaca el sistema de alertas que --como semáforo-- advertirá sobre la capacidad de endeudamiento de un gobierno estatal y municipal, y sólo si se tiene la capacidad de pago se podrá acceder a dicho préstamo, pero ahora con la vigilancia de la Cámara de Diputados, Senado de la República y de la Secretaría de Hacienda.
Las tres advertencias o clasificaciones que propone esta nueva ley, son: endeudamiento sostenible (luz verde), de observación (luz ámbar) y elevado (luz roja).
Con el endeudamiento sostenible activado, el gobernador en turno sólo podrá acceder a un techo de financiamiento neto de hasta el equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición.
En este caso, la Cámara de Diputados había fijado el tope al 10%, pero los senadores acordaron la semana pasado elevarlo al 15%, por lo que la minuta sufrirá cambios en su redacción original.
Un endeudamiento en observación, que en un semáforo de crucero equivaldría la luz ámbar, tendrá como techo de financiamiento neto el equivalente al 5% de sus ingresos de libre disposición.
El nivel de endeudamiento elevado tendrá un techo de financiamiento neto igual a cero por ciento, es decir, el gobernador o el presidente municipal en turno no podrá adquirir deuda.
El Sistema de Alertas será publicado y administrado --de manera permanente-- en la página oficial de internet de la Secretaría de Hacienda, debiendo actualizarse trimestralmente, dentro de los 60 días naturales posteriores al término de cada trimestre.
