En un documento de “Amigos de la Corte”, los legisladores consideraron que las acciones presidenciales son legales y apropiadas, conforme la Suprema Corte de Justicia se apresta a escuchar los argumentos orales del caso el próximo 18 de abril.
“Las acciones ejecutivas del presidente Obama caen dentro del precedente establecido por cada presidente –demócrata y republicano– desde Eisenhower”, señalaron conjuntamente el líder demócrata senatorial Harry Reid y la lideresa de los demócratas en la Cámara baja, Nancy Pelosi.
“De hecho, ante la inacción del Congreso, los presidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush tomaron acción audaz por su cuenta para proteger a los cónyuges y niños de personas que recibieron estatus bajo la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986”, mencionaron.
Un total de 39 demócratas del Senado y 186 demócratas de la Cámara de Representantes suscribieron el documento solidario en momentos que el tema migratorio ocupa una lugar central en las campañas hacia las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.
Bajo la directiva ejecutiva de Obama, el gobierno buscó ampliar a partir de febrero pasado el DACA, que se estima beneficiaría a unos 300 mil jóvenes indocumentados adicionales a los 700 mil que han recibido suspensión de sus deportaciones y obtenido permisos de trabajo.
Igualmente pondría en vigor una variante para adultos conocida como DAPA, y la cual buscaba beneficiar a más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos que son padres de menores ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes.
La Suprema Corte designó el 18 de abril para escuchar los argumentos orales en la demanda sobre la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas del presidente para beneficiar a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.
El Departamento de Justicia apeló el fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones que dejó en suspenso la ampliación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su versión para adultos (DAPA), impugnados por 26 estados del país, encabezados por Texas.
Será el primer caso en el nuevo calendario del máximo tribunal estadunidense y el primero desde el fallecimiento del magistrado conservador de la Suprema Corte de Justicia Antonin Scalia, cuyo deceso alteró el balance de la corte que se inclinaba hacia el sector conservador.
Tanto representantes de la administración Obama como de los 26 estados deberán argumentar sobre si las entidades del país tienen jurisdicción para impugnar las decisiones del presidente, sobre si las acciones de Obama son “arbitrarias y caprichosas”, y sobre si se cumplió el proceso legal.
El tribunal agregó un tema que no estaba incluido en la demanda original y pidió a las partes argumentar en favor o en contra: Si las órdenes del presidente violan la cláusula de “encargo” de la Constitución Política de Estados Unidos.
La Cláusula Constitucional se refiere al hecho de que el presidente debe “encargarse” de que las leyes del país sean “ejecutadas fielmente”.
“Estamos seguros de que la Suprema Corte reconocerá la legalidad y necesidad de las acciones del presidente para hacer que nuestro sistema migratorio vuelva a ser congruente con los valores y necesidades de nuestro país”, señalaron Reid y Pelosi.
La carta “Amigos de la Corte” argumenta que “el Congreso (...) alentó al Ejecutivo a usar sus recursos de manera racional y eficaz en casos en que la deportación esté en el mejor interés de la nación”.
“Como representantes de diversas comunidades por todo Estados Unidos, hemos sido testigos de cómo una aplicación de la ley no enfocada en las prioridades adecuadas socava la confianza en esas leyes, desperdicia recursos e divide a familias innecesariamente, causando un enorme costo humano”, indicaron.
Bajo el calendario tentativo de la corte, su resolución final podría ser emitida en el mes de junio, por lo que podría tener incidencia en el debate migratorio de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
