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Autoridades del Poder Judicial del Estado de Yucatán sostuvieron una reunión para analizar la posibilidad de establecer un convenio de colaboración con los Centros de Integración Juvenil, encaminado al desarrollo de acciones específicas para ofrecer atención integral en materia de tratamiento de adicciones para los adolescentes a quienes se les atribuyan conductas delictivas que no ameriten prisión preventiva.
Autoridades del Poder Judicial del Estado de Yucatán sostuvieron una reunión para analizar la posibilidad de establecer un convenio de colaboración con los Centros de Integración Juvenil, encaminado al desarrollo de acciones específicas para ofrecer atención integral en materia de tratamiento de adicciones para los adolescentes a quienes se les atribuyan conductas delictivas que no ameriten prisión preventiva.
El magistrado presidente de la sala unitaria de Justicia
para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, Santiago Altamirano
Escalante informó que en la reunión, que tuvo lugar ayer en la sede de dicha
sala, participaron la directora general la asociación civil Centros de
Integración Juvenil, María del Carmen Fernández Cáceres, el director de esa
asociación en Mérida, Víctor Roa Muñoz y la presidenta del patronato
de dicha asociación Laura Patricia Castro.
El magistrado Altamirano Escalante detalló que se buscará
poner sobre la mesa la posibilidad de llegar a un convenio que tenga como línea
principal de acción fortalecer servicios para prevenir, tratar y rehabilitar a
los jóvenes que han caído en el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes
y drogas legales e ilegales y fomentar su pleno desarrollo, factor fundamental
para evitar que repitan comportamientos delictivos.
Cabe hacer mención que de datos obtenido de las
sentencias condenatorias, el 100% de los jóvenes llegan a procesos judiciales
con al menos una adición y de los casos con sentencia en la modalidad interna
que concluye su tratamiento en la misma proporción, es decir el 100 % se
descontamina y concluye con herramientas que le permitirán abandonar de manera
definitiva su adición lícita o ilícita.
Situación diferente ocurre con aquellos jóvenes que son
sentenciados a tratamiento externo, ya que de ese universo de jóvenes solo se
logra revertir la o las adiciones en un 88% y solo de manera temporal, ya que
en un periodo no mayor a un año esté porcentaje llega a bajar al 50 %, “estos
datos fortalecen la necesidad de trabajar más en las condiciones formativas que
guardan la relación del joven con su familia” aseguró Altamirano Escalante.
Por ello estas acciones se realizarían bajo el programa
“Tribunal para el Tratamiento de Adicciones” conocidos en el vecino país del
norte como Tribunales de drogas.
Los participantes en dicha reunión señalaron que la base
de estos postulados son los de la justicia terapéutica y un sistema de
supervisión que garantice que los jóvenes infractores que han obtenido el
beneficio de una suspensión condicional de sus procesos a prueba y que son
adictos, se sometan a una rehabilitación que estaría a cargo de una autoridad
jurisdiccional especializada y bajo la evaluación de un equipo
interdisciplinario de especialistas, con el fin de evitar la reincidencia
delictiva, la recaída en la drogadicción y al final lograr su rehabilitación y
su reinserción en la sociedad.
