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Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Unidas (ONU) expresaron este día su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que supone “un riesgo para los derechos humanos” al carecer de “mecanismos sólidos de control” en las Fuerzas Armadas.
El dictamen de la Ley de Seguridad Interior fue aprobado ayer en el Senado en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación pese a que ciudadanos, activistas y políticos opositores pidieron extender el diálogo y realizar audiencias públicas.
Los 20 senadores que decidieron por 119 millones 530 mil 753 mexicanos –que es la población que se calcula hasta 2015, tomando en cuenta el Censo de 2010– son los siguientes:
1. Roberto Gil Zuarth (PAN)
2. Jorge Luis Preciado (PAN)
3. Fernando Torres Graciano (PAN)
4. Sandra Luz García Guajardo (PAN)
5. Ricardo Barroso Agramont (PRI)
6. Marcela Guerra Castillo (PRI)
7. José María Tapia Franco (PRI)
8. José Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI)
9. Miguel Ángel Chico Herrera (PRI)
10. Esteban Albarrán Mendoza (PRI)
11. Carlos Romero Deschamps (PRI)
12. María Cristina Díaz Salazar (PRI)
13. Patricio Martínez (PRI)
14. Joel Ayala Almeida (PRI)
15. Manuel Cavazos (PRI)
16. Francisco Yunes (PRI)
17. Ernesto Gándara (PRI)
18. Gerardo Sánchez García (PRI)
19. María Verónica Martínez Esponiza (PRI)
20 Carlos Alberto Puente Salas (PVEM)
A las 11:00 horas de este jueves, se prevé que el Senado apruebe el proyecto de ley– enviado por el Presidente Enrique Peña Nieto–, ignorando a las peticiones de la sociedad civil y a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
En un pronunciamiento emitido este día, expertos internacionales de la ONU instaron, una vez más, al Estado mexicano a rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señalaron.
El pronunciamiento es emitido por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
El grupo de expertos enfatizó que “el proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”. Además, indicó, no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.
Los expertos coincidieron en que es muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura– con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos–se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales.
Cualquier nueva ley de seguridad debería, insistieron, hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles.
“[Los legisladores] también deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos”.
El grupo recordó que, durante años, la ONU ha emitido recomendaciones al Estado mexicano para que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
Como ejemplo, mencionaron la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.
Esta recomendación se dio tras el alarmante número de víctimas por la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior en todo el continente, y la cual ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
La guerra contra las drogas en México, lanzada por el entonces Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, sacó al Ejército a las calles en diciembre de 2006 y ha provocado más de 200 mil muertos hasta hoy, así como otras miles de víctimas de tortura y desaparición forzada.
Información de Sin Embargo
