Noticias de Yucatán
México.- Los médicos mexicanos sufren de desprotección legal ante casos de muerte de pacientes pues no existen jueces especializados en materia médica que puedan determinar cuándo un doctor está actuando con negligencia, dolo, o si el fallecimiento es una consecuencia del procedimiento efectuado. De ser hallado culpable, el doctor Luis Alberto Pérez acusado de homicidio podría pasar de seis a 20 años en prisión y, debido a ello, el pasado fin de semana médicos de varias ciudades del país se manifestaron para exigir su libertad inmediata.
El pasado 2 de abril, el traumatólogo Luis Alberto Pérez fue aprehendido en el estado de Oaxaca acusado de homicidio con dolo eventual, luego de que el niño Edward L., de tres años, muriera horas después de haber sido intervenido quirúrgicamente.
De acuerdo con Rubén Vasconcelos, fiscal general del estado, tras la necropsia se encontraron niveles excesivos de anestesia que le causaron la muerte al menor, y sostuvo que se considera homicidio doloso con agravantes porque los médicos no previeron una posible complicación durante la operación.
"Al parecer fue un caso de anafilaxia, que es una reacción alérgica del paciente a algún medicamento y puede provocar hinchazón en vías respiratorias de manera súbita, por lo que hay que reaccionar rápidamente", explicó la ginecóloga Patricia Sánchez Reyes, adscrita al Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche.
La doctora señaló que la anafilaxia es una condición muy complicada de prever "pues no se puede saber a qué medicamentos un paciente puede ser alérgico".
"El médico en México está muy vulnerable en estos casos. El sistema de administración pública ha enfocado su sistema político a la industrialización de la medicina; ellos quieren técnicos en medicina, no médicos", dijo a Efe el abogado Antonio Juárez Navarro, especialista en derecho médico.
Para Juárez, la principal molestia del gremio médico es que se hubiese tipificado el delito como homicidio doloso. "Eso quiere decir que tuvo la intención de matarlo", explicó.
La doctora Sánchez explicó a Efe que en México el personal médico está desprotegido legalmente pues este tipo de casos no son juzgados por personas expertas en materia médica. "Nos juzgan abogados que no tienen conocimiento sobre la cuestión médica, y por ello somos susceptibles a tener este tipo de dictámenes", aseveró.
Explicó que, en muchos casos, los doctores no cuentan con un seguro que los proteja legalmente, y en caso de tener uno es muy limitado.
Juárez dijo que en el caso del doctor Pérez, aunque contaba con el seguro que lo ampara legalmente, éste no funcionó de la manera correcta.
"No tuvo un abogado de la aseguradora inicial, y cuando llegó éste no argumentó nada, por ejemplo, que era necesaria la operación antes de cuatro horas porque el pequeño tenía riesgo de perder movilidad en la mano ya que presentaba un cuadro inflamatorio y un edema", explicó.
La Fiscalía también argumentó que el hospital no contaba con una área de terapia intensiva; sin embargo, de acuerdo con Juárez Navarro, "en Oaxaca solo hay un nosocomio con terapia intensiva para una población de cuatro millones de personas".
Al respecto, el doctor Pedro Santiago, presidente del Colegio Oaxaqueño de Cirujanos Ortopedistas, dijo que el hospital en el que el pequeño fue atendido tenía permiso como clínica de cirugía ambulatoria, lo cual era suficiente para atender el tipo de fractura que presentaba.
"De hecho las guías de tratamiento oficiales de la Secretaría de Salud no obligan al médico a operar este tipo de lesiones en una unidad hospitalaria en cuidados intensivos", señaló.
Asimismo, explicó que la norma oficial mexicana "solo señala las características de las unidades de cuidados intensivos pero no en qué hospitales deben existir".
La doctora Sánchez, por su parte, señaló que en la mayoría de las operaciones los médicos se protegen al hacerles firmar a los familiares un consentimiento informado en que se explican las posibles complicaciones a corto, mediano y largo plazos.
"Pero en este caso, si el pequeño tuvo una anafilaxia, como no es tan frecuente no se pone en carta de consentimiento", aseveró.
Juárez insistió en que es erróneo pensar que el médico puede garantizar la curación del enfermo. "El paciente puede esperar lo mejor para su salud pero no lo puede exigir porque la ciencia no es exacta. La responsabilidad del médico solo es aplicar la técnica adecuada", apuntó.
Por último, Sánchez pidió evitar criminalizar al gremio. "Nosotros nunca nos levantamos con el pensamiento de matar a alguien. Hay cosas que no están en nuestras manos; a veces uno hace hasta lo imposible y aun así se mueren los pacientes", concluyó.
En México, de acuerdo con cifras de 2016, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibió 2.000 acusaciones por parte de pacientes que se quejaron por una mala operación o un mal diagnóstico.
México.- Los médicos mexicanos sufren de desprotección legal ante casos de muerte de pacientes pues no existen jueces especializados en materia médica que puedan determinar cuándo un doctor está actuando con negligencia, dolo, o si el fallecimiento es una consecuencia del procedimiento efectuado. De ser hallado culpable, el doctor Luis Alberto Pérez acusado de homicidio podría pasar de seis a 20 años en prisión y, debido a ello, el pasado fin de semana médicos de varias ciudades del país se manifestaron para exigir su libertad inmediata.
El pasado 2 de abril, el traumatólogo Luis Alberto Pérez fue aprehendido en el estado de Oaxaca acusado de homicidio con dolo eventual, luego de que el niño Edward L., de tres años, muriera horas después de haber sido intervenido quirúrgicamente.
De acuerdo con Rubén Vasconcelos, fiscal general del estado, tras la necropsia se encontraron niveles excesivos de anestesia que le causaron la muerte al menor, y sostuvo que se considera homicidio doloso con agravantes porque los médicos no previeron una posible complicación durante la operación.
"Al parecer fue un caso de anafilaxia, que es una reacción alérgica del paciente a algún medicamento y puede provocar hinchazón en vías respiratorias de manera súbita, por lo que hay que reaccionar rápidamente", explicó la ginecóloga Patricia Sánchez Reyes, adscrita al Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche.
La doctora señaló que la anafilaxia es una condición muy complicada de prever "pues no se puede saber a qué medicamentos un paciente puede ser alérgico".
"El médico en México está muy vulnerable en estos casos. El sistema de administración pública ha enfocado su sistema político a la industrialización de la medicina; ellos quieren técnicos en medicina, no médicos", dijo a Efe el abogado Antonio Juárez Navarro, especialista en derecho médico.
Para Juárez, la principal molestia del gremio médico es que se hubiese tipificado el delito como homicidio doloso. "Eso quiere decir que tuvo la intención de matarlo", explicó.
La doctora Sánchez explicó a Efe que en México el personal médico está desprotegido legalmente pues este tipo de casos no son juzgados por personas expertas en materia médica. "Nos juzgan abogados que no tienen conocimiento sobre la cuestión médica, y por ello somos susceptibles a tener este tipo de dictámenes", aseveró.
Explicó que, en muchos casos, los doctores no cuentan con un seguro que los proteja legalmente, y en caso de tener uno es muy limitado.
Juárez dijo que en el caso del doctor Pérez, aunque contaba con el seguro que lo ampara legalmente, éste no funcionó de la manera correcta.
"No tuvo un abogado de la aseguradora inicial, y cuando llegó éste no argumentó nada, por ejemplo, que era necesaria la operación antes de cuatro horas porque el pequeño tenía riesgo de perder movilidad en la mano ya que presentaba un cuadro inflamatorio y un edema", explicó.
La Fiscalía también argumentó que el hospital no contaba con una área de terapia intensiva; sin embargo, de acuerdo con Juárez Navarro, "en Oaxaca solo hay un nosocomio con terapia intensiva para una población de cuatro millones de personas".
Al respecto, el doctor Pedro Santiago, presidente del Colegio Oaxaqueño de Cirujanos Ortopedistas, dijo que el hospital en el que el pequeño fue atendido tenía permiso como clínica de cirugía ambulatoria, lo cual era suficiente para atender el tipo de fractura que presentaba.
"De hecho las guías de tratamiento oficiales de la Secretaría de Salud no obligan al médico a operar este tipo de lesiones en una unidad hospitalaria en cuidados intensivos", señaló.
Asimismo, explicó que la norma oficial mexicana "solo señala las características de las unidades de cuidados intensivos pero no en qué hospitales deben existir".
La doctora Sánchez, por su parte, señaló que en la mayoría de las operaciones los médicos se protegen al hacerles firmar a los familiares un consentimiento informado en que se explican las posibles complicaciones a corto, mediano y largo plazos.
"Pero en este caso, si el pequeño tuvo una anafilaxia, como no es tan frecuente no se pone en carta de consentimiento", aseveró.
Juárez insistió en que es erróneo pensar que el médico puede garantizar la curación del enfermo. "El paciente puede esperar lo mejor para su salud pero no lo puede exigir porque la ciencia no es exacta. La responsabilidad del médico solo es aplicar la técnica adecuada", apuntó.
Por último, Sánchez pidió evitar criminalizar al gremio. "Nosotros nunca nos levantamos con el pensamiento de matar a alguien. Hay cosas que no están en nuestras manos; a veces uno hace hasta lo imposible y aun así se mueren los pacientes", concluyó.
En México, de acuerdo con cifras de 2016, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibió 2.000 acusaciones por parte de pacientes que se quejaron por una mala operación o un mal diagnóstico.
