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La inseguridad trastoca las operaciones de las grandes empresas mexicanas. El gigante de los productos lácteos Lala ha confirmado este miércoles que su centro de distribución de Ciudad Mante (Tamaulipas, noreste) lleva cerrado desde principios de mes después de constatar que las condiciones de seguridad de esta urbe "no eran las adecuadas para seguir operando". En una escueta nota de prensa, en la que apenas aporta detalles, la compañía afirma estar colaborando con las autoridades para "reiniciar actividades en cuanto sea posible". El Grupo Lala es una de las 20 mayores firmas privadas de México por ingresos, según los últimos datos disponibles. La empresa controla casi el 50% del mercado de leche en el país norteamericano y en poco más de una década se ha extendido por Estados Unidos y varios países de Centroamérica.
No es, ni mucho menos, la primera ocasión en los últimas semanas en la que un gigante de la iniciativa privada mexicana se ve obligado a echar el cierre a una de sus instalaciones clave por la violencia. Hace justo dos meses, y con el objetivo de "preservar la integridad y la seguridad de sus empleados", Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo y la tercera empresa más grande de México por facturación, decidió echar el cierre de su centro de distribución de Ciudad Altamirano (Guerrero, sur). La medida fue tomada después de que uno de sus empleados fuese objeto de una "agresión injustificada" y ante la "falta de condiciones necesarias para operar de manera eficiente y segura" en este Estado del sur de México. Guerrero es una de las entidades más violentas del país latinoamericano.
Este mismo miércoles, el Gobierno de Veracruz ha anunciado un refuerzo en la seguridad del transporte ferroviario tras varias jornadas consecutivas de robos a trenes de mercancías. Ferromex-Ferrosur, las firmas del Grupo México que se encargan del traslado de mercancías en la zona sureste de México, sufrió el sábado un descarrilamiento que achaca a un acto de sabotaje y que provocó una queja oficial a las autoridades veracruzanas tras haber contabilizado pérdidas de alrededor de siete millones de dólares, según la prensa local. En poco más de 20 días, el Ejecutivo estatal ha contabilizado hasta seis ataques a trenes y una tentativa de robo, informa El Financiero. Los problemas de seguridad en la ruta Puebla-Veracruz, la más golpeada, han afectado, sobre todo, al suministro de los sectores avícola y porcino. También a la industria automotriz, por mucho la más importante de México. En todo el ejercicio pasado se registraron 1.752 robos a trenes en todo el país norteamericano, con Veracruz (276) y Puebla (230) a la cabeza de la lista.
Más de cuatro de cada 10 empresas mexicanas fueron víctimas de un delito en 2017, según un reciente informe de la patronal Coparmex. Ese mismo año, el impacto económico de la violencia ascendió a casi 250.000 millones de dólares, el 21% del PIB, uno de los mayores porcentajes del mundo, de acuerdo con el último Índice de Paz elaborado por el Institute for Economics and Peace. También es una de las economías avanzadas que menos invierte, en términos relativos, en sus sistemas de seguridad y justicia: apenas el 1% de su PIB. En abril, en plena campaña electoral para las presidenciales del próximo 1 de julio,fueron asesinadas una media de 90 personas por día en México, un país que atraviesa el momento más sangriento de su historia reciente.
Las críticas de las principales organizaciones empresariales mexicanas se han multiplicado en los últimos meses por el aumento de la violencia y su impacto sobre sus cuentas de resultados. "Las empresas mexicanas no pueden ser competitivas ni generar más empleos, si no contamos con las mínimas garantías de seguridad", dijo en marzo el presidente Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el paraguas que reúne a todas las patronales del país. "No se puede esperar inversión cuando se falla al garantizar la integridad física y patrimonial de la sociedad. Por eso es urgente que los tres órdenes de Gobierno recuperen cuanto antes la seguridad en todo el país", agregaba al tiempo que recordaba que México está entre el 10% de naciones peor evaluados en cuanto a la calidad de sus instituciones. Según un informe de la American Chamber of Commerce of Mexico publicado en 2016, la primera preocupación de los empresarios extranjeros con presencia en México es la corrupción, por delante de la corrupción. Ante la proliferación de robos y extorsiones, la gran mayoría ha optado por procurarse su propia seguridad.
La inseguridad trastoca las operaciones de las grandes empresas mexicanas. El gigante de los productos lácteos Lala ha confirmado este miércoles que su centro de distribución de Ciudad Mante (Tamaulipas, noreste) lleva cerrado desde principios de mes después de constatar que las condiciones de seguridad de esta urbe "no eran las adecuadas para seguir operando". En una escueta nota de prensa, en la que apenas aporta detalles, la compañía afirma estar colaborando con las autoridades para "reiniciar actividades en cuanto sea posible". El Grupo Lala es una de las 20 mayores firmas privadas de México por ingresos, según los últimos datos disponibles. La empresa controla casi el 50% del mercado de leche en el país norteamericano y en poco más de una década se ha extendido por Estados Unidos y varios países de Centroamérica.No es, ni mucho menos, la primera ocasión en los últimas semanas en la que un gigante de la iniciativa privada mexicana se ve obligado a echar el cierre a una de sus instalaciones clave por la violencia. Hace justo dos meses, y con el objetivo de "preservar la integridad y la seguridad de sus empleados", Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo y la tercera empresa más grande de México por facturación, decidió echar el cierre de su centro de distribución de Ciudad Altamirano (Guerrero, sur). La medida fue tomada después de que uno de sus empleados fuese objeto de una "agresión injustificada" y ante la "falta de condiciones necesarias para operar de manera eficiente y segura" en este Estado del sur de México. Guerrero es una de las entidades más violentas del país latinoamericano.
Este mismo miércoles, el Gobierno de Veracruz ha anunciado un refuerzo en la seguridad del transporte ferroviario tras varias jornadas consecutivas de robos a trenes de mercancías. Ferromex-Ferrosur, las firmas del Grupo México que se encargan del traslado de mercancías en la zona sureste de México, sufrió el sábado un descarrilamiento que achaca a un acto de sabotaje y que provocó una queja oficial a las autoridades veracruzanas tras haber contabilizado pérdidas de alrededor de siete millones de dólares, según la prensa local. En poco más de 20 días, el Ejecutivo estatal ha contabilizado hasta seis ataques a trenes y una tentativa de robo, informa El Financiero. Los problemas de seguridad en la ruta Puebla-Veracruz, la más golpeada, han afectado, sobre todo, al suministro de los sectores avícola y porcino. También a la industria automotriz, por mucho la más importante de México. En todo el ejercicio pasado se registraron 1.752 robos a trenes en todo el país norteamericano, con Veracruz (276) y Puebla (230) a la cabeza de la lista.
Más de cuatro de cada 10 empresas mexicanas fueron víctimas de un delito en 2017, según un reciente informe de la patronal Coparmex. Ese mismo año, el impacto económico de la violencia ascendió a casi 250.000 millones de dólares, el 21% del PIB, uno de los mayores porcentajes del mundo, de acuerdo con el último Índice de Paz elaborado por el Institute for Economics and Peace. También es una de las economías avanzadas que menos invierte, en términos relativos, en sus sistemas de seguridad y justicia: apenas el 1% de su PIB. En abril, en plena campaña electoral para las presidenciales del próximo 1 de julio,fueron asesinadas una media de 90 personas por día en México, un país que atraviesa el momento más sangriento de su historia reciente.
Las críticas de las principales organizaciones empresariales mexicanas se han multiplicado en los últimos meses por el aumento de la violencia y su impacto sobre sus cuentas de resultados. "Las empresas mexicanas no pueden ser competitivas ni generar más empleos, si no contamos con las mínimas garantías de seguridad", dijo en marzo el presidente Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el paraguas que reúne a todas las patronales del país. "No se puede esperar inversión cuando se falla al garantizar la integridad física y patrimonial de la sociedad. Por eso es urgente que los tres órdenes de Gobierno recuperen cuanto antes la seguridad en todo el país", agregaba al tiempo que recordaba que México está entre el 10% de naciones peor evaluados en cuanto a la calidad de sus instituciones. Según un informe de la American Chamber of Commerce of Mexico publicado en 2016, la primera preocupación de los empresarios extranjeros con presencia en México es la corrupción, por delante de la corrupción. Ante la proliferación de robos y extorsiones, la gran mayoría ha optado por procurarse su propia seguridad.
Fuente: El País
