Inmediatamente después de la aprobación, sin debate de por medio, personas que se encontraban en el recinto e integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción lanzaron a gritos: “corruptos”, “Congreso ratero, nos dejas un mugrero”.
Los diputados Sergio Desfassiux, del PRD, y José Luis Romero Calzada, del PRI, se levantaron de sus curules y se acercaron al área del público para responder a los inconformes con insultos y amenazas, lo que quedó registrado en videos publicados en medio y subidos a las redes sociales.
“A ver si eres tan hombrecito, cabrón. A ver, bájate… bájate, cabrón… maricón!”, gritó el perredista a David Medrano, de la organización social Ganemos, quien reclamó la corrupción imperante en la Legislatura y recordó que hay numerosas denuncias por falsificación de solicitudes de apoyos, pagos a empresas fantasma y simulación de ayudas sociales en contra de la mayoría de las y los integrantes del Congreso.
Mientras vociferaba, Desfassiux fue detenido por el personal de seguridad.
En los tres años como diputados, tanto el perredista como el priista han protagonizado eventos similares dentro y fuera del recinto legislativo.
La aprobación fast track de las cuentas municipales se realizó en una sesión extraordinaria convocada ex profeso, en la que se presentó un único dictamen basado en un artículo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado, sin que correspondiera, además de citar un monto muy inferior a las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) a varios gobiernos municipales.
En el caso de las observaciones realizadas a las cuentas del alcalde de esta capital, Ricardo Gallardo Juárez, suman 67 millones de pesos, pero en el dictamen el monto de aclaraciones requeridas por el órgano fiscalizador a los 58 municipios tiene la cifra de 7 millones 637 mil pesos.
Ayer, el Frente Ciudadano Anticorrupción interpuso la enésima denuncia en contra de diputadas y diputados de la actual Legislatura local para exigir a la ASE que investigue el uso que dieron a 40 millones de pesos en los tres años de su periodo.
A esa denuncia se sumaron organizaciones como Ciudadanos Observando, Acción Ciudadana, Ganemos, San Luis Unido, entre otras, y cita como contexto las otras 19 demandas penales interpuestas en meses anteriores ante la Fiscalía General del estado por la simulación en la entrega de apoyos y gestoría social, con firmas falsificadas de los solicitantes y facturas de “empresas fantasmas”.
En la queja se pide a la ASE investigar el presunto desvío de recursos públicos, falsificación de firmas y documentos, uso de empresas fantasmas relacionadas con ayudas sociales, informes legislativos y cursos de capacitación por parte de los diputados.
Pese a que se solicitó y se hizo ver al Congreso local que las cuentas de este año debían ser revisadas y aprobadas por la próxima Legislatura que entrará en funciones en una semana, los diputados apresuraron a la ASE y presentaron todas en un solo dictamen, en paquete, en la sesión extraordinaria de este viernes.
Citaron como base “el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado”, que ellos mismos aprobaron. Sin embargo, dicho artículo no tiene más que un párrafo que no se relaciona con el tema.
Aun con los evidentes errores en el dictamen y el procedimiento, éste se aprobó sin intervenciones de los legisladores y con el reclamo de los manifestantes.
