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Una mujer fue condenada a 34 años de prisión por obligar a su hija menor de edad a prostituirse a cambio de dinero. Además, enfrenta otro proceso por el delito de trata de personas, en la modalidad de mendicidad ajena, ya que al parecer obligaba a otra de sus hijas, de 9 años de edad, a pedir limosna en calles del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
De acuerdo con información de El Debate, el representante social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de María de los Ángeles Vela Almazán en el delito de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena, ilícito por el que la autoridad judicial con sede en Tlalnepantla le dictó una sentencia condenatoria de 33 años y nueve meses de prisión.
Vela Almazán fue encontrada culpable de este delito, ya que del mes de febrero a junio del año 2017 obligó a su hija a tener relaciones sexuales con choferes de camiones o tráileres a cambio de dinero.
Detalló que las investigaciones realizadas por personal de esta institución permitieron establecer que a principios del mes de febrero de ese año la menor llegó de Tamaulipas a radicar con su madre al municipio de Atizapán de Zaragoza, pero esta mujer comenzó a prostituir a la víctima con conductores de transporte público.
Un mes después, la víctima también era obligada a acudir a hoteles de Atizapán y del municipio de Cuautitlán Izcalli, donde de igual manera era obligada a sostener relaciones sexuales con hombres.
Una vez que esta institución tuvo conocimiento de los hechos, en el mes de junio del mismo año, el Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente y policías investigadores se encargaron de realizar diversas indagatorias para detenerla.
Por ello fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde quedó a disposición de un juez para que fuera determinada su situación legal.
Con los elementos de prueba recabados y aportados por esta representación social, y previo proceso legal, la autoridad judicial le dictó una condena de 33 años y nueve meses de prisión, le fijó una multa de un millón 860 mil 930 pesos y deberá pagar 75 mil 400 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
