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El conjunto de medidas legislativas impulsadas por Morena en el Senado de la República para "controlar" la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por los otros poderes de la unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes, señaló el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), que integra a más de mil 400 juristas en todo el país.
"Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como 'ejercicios modernizadores', que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos; sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de derecho. Quienes lo hacen, no sólo desconocen el funcionamiento de la Judicatura, sino que olvidan que han sido precisamente las resoluciones judiciales las que han abierto la posibilidad de materializar parte de la agenda de Derechos Humanos del nuevo gobierno, lo que refleja el compromiso de los juzgadores federales en la construcción de una sociedad mejor y más justa".
"La impartición de justicia como servicio público es especialmente relevante en el contexto que vive nuestro país, ya que en democracia es el Poder Judicial el encargado de vigilar el respeto al Estado de Derecho. Está llamado a fungir como contrapeso frente a otras autoridades y asegurar que los derechos fundamentales de todos los mexicanos, en particular de las minorías, no sean violentados".
En un hecho inédito, esta mañana en sede del Palacio de Justicia Federal, Vega Ramírez acompañado de más de 100 funcionarios judiciales magistrados y jueces, leyó un pronunciamiento nacional contra la iniciativa que busca la reducción de salarios, propuesta que consideran va en sentido contrario al interés histórico de preservar la independencia de los encargados por velar por los derechos humanos de los mexicanos y, por tanto, de la autonomía del Poder Judicial.
En ese sentido expresó que el riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, "es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones".
Vega Ramírez, sostuvo que se ha querido posicionar un falso discurso de que los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación son privilegiados y viven del "abuso del erario público", señalando cantidades excesivas "como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponde ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso".
Añadió que como juzgadores de carrera, formados tras años de servicio, capacitación constante y diversos concursos de oposición, designados por méritos propios, "tenemos el compromiso y estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución. a ello hemos entregado nuestras vidas y diariamente con nuestras resoluciones hacemos valer los derechos humanos de las personas contra actos arbitrarios de las autoridades, lo que suele no ser cómodo, Pero eso es la democracia constitucional. En un auténtico régimen de División de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles al servicio de nadie".
En ese sentido aseveró que la irreductibilidad no es un privilegio, si no sólo una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura, reconocida no sólo en la propia constitución, sino también por las convenciones y tratados internacionales que el estado mexicano no sólo ha firmado si no ratificado y se ha comprometido a cumplirlos a cabalidad. Así como la la inamovilidad y certeza en las adscripciones, son también requisitos reconocidos para hacer efectiva esa independencia.
Reiteró que como Asociación Nacional de Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito, impulsaron una amplia defensa que incluye presentación de demandas de amparo contra lo que consideran un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida del Poder Judicial de la Federación.
"Lo que proponemos es un diálogo, la coordinación y el entendimiento entre poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del poder público".
Desde que se anunció la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual ordena que ningún funcionario podrá ganar arriba del salario del presidente de la República -108 mil pesos mensuales-, ya son más de 4 mil los altos funcionarios del PJF que promovieron juicios de amarpo en todo el país.
Entre los promotores que han presentado 862 demandas colectivas están 383 magistrados, 351 jueces, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales y 610 personas externas que se sumaron a estos amparos, al considerar que podrían obtener algún beneficio.
La Jornada Maya
