La Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación contra una de los cuatro ministerios públicos que llevaron el caso contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, por cohecho y contra la administración de justicia.
A través de la Visitaduría General, la dependencia investiga si la ministerio público Martha Estela Ramos Castillo incurrió en alguna irregularidad durante la negociación que derivó en que el ex gobernador únicamente fuera condenado a nueve años de prisión, el pago de una multa por 58 mil pesos y el decomiso de 41 inmuebles por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Pese a que la investigación contra Duarte de Ochoa estuvo encabezada por cuatro agentes del Ministerio Público que desde julio de 2017 y hasta el 26 de septiembre de 2018 comparecieron ante el juez de Control en el Reclusorio Norte durante el proceso del ex mandatario, la PGR únicamente investiga a Ramos Castillo debido a que ella fue quien presentó la solicitud de que el caso concluyera mediante la modalidad de procedimiento abreviado.
Así lo informó la organización de la sociedad civil TOJIL, que fue la que presentó ante la PGR una denuncia por posibles actos de corrupción supuestamente cometidos por los funcionarios encargados del caso y de la que derivó la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018 en la que la visitaduría revisa el actuar de Ramos Castillo.
Según Estefanía Medina, presidenta de TOJIL, el pasado 20 de diciembre se realizó una audiencia ante un juez federal en el Reclusorio Sur, a quien la organización solicitó ser reconocida como víctima de los delitos cometidos por Duarte de Ochoa para tener acceso a la investigación iniciada contra la agente del Ministerio Público.
Durante la diligencia, el defensor público de la agente Ramos Castillo explicó que su representada fue quien pactó con la defensa de Duarte de Ochoa la posibilidad de obtener una sentencia condenatoria mínima a cambio de que el ex mandatario se declarara culpable de los delitos que se le imputaron y que dicha negociación sólo pudo ocurrir previa autorización del superior jerárquico de la funcionaria.
El juez determinó que la organización no tiene calidad de víctima, porque no representa a la colectividad, que ya está representada por el Ministerio Público Federal, pero, informó TOJIL, reconoció que la mera denuncia da cumplimiento al acceso al derecho que la asociación tiene de vivir un ambiente libre de corrupción.
TOJIL argumentó que la denuncia fue presentada debido a que, aunque es normal que en el sistema penal acusatorio existan procedimientos abreviados, no es común que se impongan penas tan disminuidas tomando en consideración la magnitud de los delitos imputados.
Señaló entre los hechos que probablemente constituyen un delito la reclasificación de las acusaciones por las que Duarte fue sentenciado.
MSN
