Como institución del Estado, vital para la paz, la justicia y el Estado de Derecho, el Poder Judicial del Estado de Yucatán manifiesta la urgente necesidad de contar con un presupuesto acorde a las exigencias de la sociedad y del crecimiento de sus responsabilidades y número de asuntos que llegan a sus juzgados, todos de importancia, al tratarse de resoluciones que impactan en la vida diaria de los ciudadanos, a quienes nos debemos.
Una situación diferente o aún peor, en la que el presupuesto sea menor, al no considerarse la inflación prevista para este año, pondría en riesgo los servicios que brindamos y la estabilidad de nuestros trabajadores, pero aún más nos obligaría a cancelar proyectos de urgente necesidad como son la apertura de nuevos juzgados, ante la saturación de carga de trabajo de los que actualmente tenemos. Esto nos pondría entre la espada y la pared para poder responder a los ciudadanos y cumplir nuestros deberes constitucionales.
De hecho, en ese escenario, el Poder Judicial es la única institución de seguridad pública del Estado que no tiene aumento, pero sí crecientes exigencias que no dependen de buenas intenciones sino de recursos materiales, humanos y tecnológicos que funcionan a su máxima capacidad y que corren el riesgo de un colapso.
Por eso es necesario que los diputados, sin importar filiación o ideología, abran sus oídos a las necesidades que la sociedad nos demanda y que se ponen en riesgo.
Es importante informar que, por mandato de nuestra Constitución el Estado debe asignar
al menos el 2% del presupuesto estatal. Esto se traduce en que para 2019 el presupuesto mínimo para el Poder Judicial debería ser de 790 millones de pesos.
Como un Poder del Estado, cuyo funcionamiento y servicios al igual que los de otros Poderes y entidades, dependen de la asignación del gasto del Estado, y tienen un compromiso con la sociedad,
no se puede girar únicamente en torno a la agenda presupuestal de un sólo poder, en este caso del Ejecutivo. La función constitucional que realiza el Poder Judicial es igual de importante que las demás tareas a cargo de los demás Poderes que conforman un Estado democrático y constitucionalmente establecido, por lo tanto, esa es la importancia que se le debe dar al Poder Judicial al asignarle recursos públicos.
Como institución del Estado mexicano y de Yucatán, tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros que hemos sabido llevar con resiliencia y valor aún frente a la austeridad que ha caracterizado los últimos tiempos y la exigencia creciente de mayor rapidez y calidad que día a día nos reclaman los ciudadanos.
Estamos de acuerdo con que nos exijan, pero esa exigencia debe venir acompañada de las herramientas mínimas para hacer nuestro trabajo.
