La Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión
definitiva de la granja porcina de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO)
en favor de los niños de Homún, Yucatán.
Por unanimidad, los
ministros y ministras confirmaron la suspensión definitiva contra la
granja, la cual deberá mantenerse cerrada hasta que se resuelva el juicio
definitivo. La decisión de la SCJN les dio la razón a los habitantes de Homún, particularmente a los niños mayas que,
a través de una demanda de amparo, lograron paralizar la granja de 49 mil
cerdos, desde el 9 octubre de 2018.
La decisión del
máximo tribunal permite proteger el derecho a la salud, al medio ambiente y
a una vida digna para los niños del pueblo maya de Homún. Al mismo tiempo,
sienta las bases para la resolución final, la cual aún está por resolverse en
el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán.
Las granjas
industriales de animales son contaminantes notorios. Se esperaba que la
operación de ésta generara más de 272 millones de kilogramos de orina y heces
cada año, más de lo que produce la población humana de Tijuana. Ese
desperdicio se pretendía almacenar en pozos descubiertos para luego eliminarlo en
campos cercanos, una práctica empleada por muchas granjas industriales de
animales en Estados Unidos.
De acuerdo con la
doctora Jill Johnston, profesora asistente de Medicina Preventiva en la
Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California las
operaciones industriales de cerdos liberan contaminantes a las comunidades vecinas, donde afectan
la salud y la calidad de vida de los vecinos. Tales operaciones se han
asociado con aumentos en los síntomas respiratorios y de asma, presión
arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca.
