El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra de la primera parte del “Plan B” de reforma electoral.
En el escrito, el INE reclama violaciones al proceso legislativo y un “evidente fraude a la ley”.
El Instituto dice que la reforma se aprobó apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, “lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa”.
Así argumentó el fraude a la ley:
El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.
El INE presentó el recurso contra el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
Según el INE, las reformas crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
El Instituto afirma que la reforma desconoce los principios en materia de propaganda y “permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda (electoral), so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”.
En su recurso, la autoridad electoral considera que el citado Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
