El rastro de Mérida no sólo se enfrenta al control de los grupos sindicales, sino que también es agobiado por una bien organizada red de tráfico y corrupción.
Esa red se extiende lo mismo al robo y comercialización de carne que a la tolerancia de la matanza clandestina previo pago de "cuotas", a la extorsión y al monopolio en la venta de algunos productos, como las pieles.
En medio de todos esos vicios y problemas, la empresa descentralizada del Ayuntamiento opera con continuas pérdidas y fugas de dinero.
Amenazas, "extras" y extorsiones en el rastro municipal
Publicada: 16 agosto 2011
Casos sospechosos de extorsiones, influyentismo político y corrupción han sido detectados en el Rastro Municipal de Mérida, que por el grado de compromisos y complicidades de los trabajadores ya operan como una mafia interna.
El director del rastro municipal, Juan Manuel Salomón Gómez, conoce o sabe de los tejemanejes en la empresa y tolera las irregularidades.
El caso más sonado que conoce la comunidad de matarifes es la presunta extorsión a Roger Caamal Burgos por la compra de vísceras, por la que tiene que pagar $4,000 a la semana al grupo que controla el matadero. Se menciona como parte del grupo a Angel González Vázquez y David Sulub, aunque éste último ya no trabaja en la empresa.
Con la amenaza de que si no quiere pagar esa cantidad hay otros compradores que pagarían esa o mayor cantidad, los sindicalistas del grupo de Juan Carlos Herrera Chalé (a) "Calín" cobran "bajo el agua" a Caamal Burgos. El dinero por las vísceras de los cerdos no ingresa a las arcas municipales.
De acuerdo con los datos recabados, en abril pasado Salomón Gómez conoció de este caso y ofreció darles de baja a los presuntos extorsionadores, pero no lo hizo porque al menos Angel González sigue en su cargo.
La compra de pieles de ganado también es un negocio donde ganan los sindicalizados, más no la empresa municipal.
Jairo Quintal Larroche presuntamente monopoliza las pieles y las almacena en una bodega que se ubica a espaldas del rastro para su tratamiento y posterior venta a industriales zapateros de León, Guanajuato, aunque hay versiones de que "Calín" es quien lo controla.
El que no venda sus pieles a Jairo Quintal recibe amenazas o le restringen los servicios del rastro para que se "alinie".
"Protegidos"
Quienes saben de estos negocios señalan que Jairo cuenta con la protección de Salomón Gómez y del secretario de Organización del Sindicato de Matarifes, el "Calín".
Jairo es presidente de una organización de productores de cerdos y goza de sustanciales descuentos que van del 20 al 30 por ciento por la maquila de sus animales, lo que aumenta sus ganancias.
Roger Zapata Rubio, un ex colaborador cerverista, dicen los trabajadores, tiene descuentos del 35% junto con sus recomendados. Aquel que no quiera pertenecer a su grupo, se le retira los descuentos.
Hay otro negocio extra de los sindicalizados y funcionarios con la matanza clandestina.- Joaquín Chan Caamal
Tema: Exclusivas Central 9
Algunos detalles del rastro
El uso político de los trabajadores del Rastro Municipal quedó demostrado durante el primer informe de la alcaldesa Angélica Araujo Lara porque, dice uno de los organizadores, el Ayuntamiento mandó dos autobuses urbanos para trasladarlos a la Plaza Grande, donde le aplaudieron.
El clan Chalé se fortalece con el apoyo de los hermanos Ángel, Juan Antonio y Carlos Ariel González Vázquez, este último cuñado de "Calín".
Carlos González tiene licencia sindical y ocupa el cargo de jefe de inspectores del rastro.
Ángel González pertenece a la Sección 152, es jefe de línea de la sección de carne de res y es brazo derecho del líder José María Fernández Medina.
La matanza ha bajado un 30% porque se tolera la matanza clandestina por el cobro de cuotas.
Abastos de Mérida, fuente de pérdidas y también de negocios
Publicada: 16 agosto 2011
Reducida a un rastro que tiene cada vez más competencia privada, la empresa descentralizada municipal Abastos de Mérida es fuente de continuas pérdidas para el Ayuntamiento, pero también de negocios lucrativos para una red que controla buena parte de las operaciones.
En el eje de los negocios están los mismos integrantes del Sindicato de Matarifes, cuyo líder de facto es Juan Carlos Herrera Chalé (a) "Calín", que la sección 152 del Sindicato de la Industria de la Carne, que encabeza el ex diputado local José María Fernández Medina.
Este último, como indicamos anteayer en la primera parte de este reportaje, cobraba poco menos de $18,000 mensuales en el rastro durante la administración municipal anterior.
Es, además, uno de los propietarios de una empresa que vende carne a los hospitales del sector salud de Yucatán, entre ellos el Psiquiátrico y el O'Horán. Este negocio tiene su sede en la calle 61 entre 52 y 54 del fraccionamiento Francisco de Montejo que, por lo general, opera de 4 a 11 de la mañana.
Reporteros de Central 9 que estuvieron en ese sitio observaron que ese local es una casa pequeña, sin logotipos, con un pequeño tinglado. Varias cajas en el exterior revelan que se trata de un negocio que maneja carne.
El de Fernández Medina es otro caso de un funcionario del gobierno del Estado que es también proveedor del propio Ejecutivo. Desempeña la jefatura de Servicios Generales de la Oficialía Mayor.
Personal sindicalizado habla de un pacto de Fernández Medina con el director del rastro, Juan Manuel Salomón Gómez, para cuestiones políticas. El acuerdo implica protección y tolerancia de actividades.
La matanza clandestina de cerdos representa también un negocio para unos cuantos. Se vincula con esa actividad a Juan Valdez Franco, Alejandro Orozco, Max Medina y Manuel Pinzón, entre otros.
Estas personas, de acuerdo con nuestras fuentes, introducen sólo unos cuantos cerdos a Abastos de Mérida para simular una actividad lícita, pero a cambio practican en sus casas u otros lugares la matanza clandestina de muchos más animales, que venden principalmente a vendedores de tacos y algunas carnicerías pequeñas.
Para consumar la acción, estos comerciantes reparten "cuotas" en Abastos de Mérida.
Otro problema que se señala es la tolerancia para la maquila de marranos que son llevados muertos. Estos animales, por disposición oficial, deberían ser decomisados, pero esto se pasa por alto a cambio también de alguna "cuota".
La responsabilidad de la vigilancia sanitaria recae en el sanitarista Alejandro Metri.
También es visible el cruce de funciones entre dos niveles de gobierno. Por ejemplo, Juan Carlos Salazar trabaja en las instalaciones, pero asiste a sus labores en una camioneta pick up Nissan con los logotipos de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (Sfayp) del gobierno del Estado, donde también cobra un salario.
El director Salomón Gómez era también funcionario de la Sfayp antes de ser transferido al rastro. Es, curiosamente, suplente de la alcaldesa Angélica Araujo Lara en la planilla que ganó la alcaldía de Mérida.
En una eventual separación de la arquitecta Araujo el ingeniero Salomón pasaría al Cabildo como un edil más.
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