Desechan un amparo contra el impuesto estatal a las nóminas
La Consultora Administrativa Peninsular, S.A. de C.V. sostenía que se violaba el principio de legalidad porque la iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo al Congreso del Estado carecía del refrendo o firma del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado.
También, la empresa quejosa presumía que el Congreso del Estado violó el principio de legalidad ya que el decreto 352 se fundó en el artículo 18 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, relativo a las facultades de la Legislatura local para emitir leyes, acuerdos y decretos.
Al respecto, la Juez reiteró que, en contraste a lo que sostiene la firma consultora, la iniciativa de Ley propuesta por la titular del Ejecutivo no requería que fuera firmado por el Secretario de Hacienda, sino únicamente por el Secretario de Gobierno.
Un tercer concepto de violación esgrimido por la empresa que promovió el juicio de amparo fue que se atentaba contra el principio de territorialidad al considerar que el artículo 21, relativo al pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo persona, contenido en el decreto 352, aplicaba una doble tributación, toda vez que paga ese mismo impuesto en el Distrito Federal.
También se considera objeto de esa contribución el servicio personal subordinado, cuando se preste en Yucatán, no obstante que se pague ese impuesto en otra entidad federativa o en el Distrito Federal.
En ese contexto, Be Herrera resolvió que el acto gravado con el impuesto del 2.5 por ciento sobre nómina radica en la prestación del servicio que debe efectuarse en el territorio de la entidad yucateca “de ahí que resulten infundados los argumentos de las empresa quejosa pues no se extiende territorialmente para gravar actos o hechos jurídicos que se verifiquen fuera de su territorio”.
La Consultora Administrativa Peninsular también sostuvo que se violaban los principios de equidad y proporcionalidad ya que el Ejecutivo debió aumentar la tasa en el cobro de otros impuestos como enajenación de vehículos usados, sobre el ejercicio profesional, sobre loterías, rifas, tenencia y otros más, ya que, en su opinión, se generaba un perjuicio inequitativo al universo de causantes de contribuciones locales.
Basada en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Juez determinó que existen insuficiencias para asegurar que existe una inconstitucionalidad ya que el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 31 de la Constitución Federal indica que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva.
De manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, es decir, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, para que en cada caso, el impacto sea distinto no solo en cantidad sino en lo relativo al mayor o menor sacrificio de los ingresos, utilidades o rendimientos.
En el quinto punto de la resolución la Juez señaló que es inoperante la violación ya que la parte quejosa no demostró que se encuentra en las mismas circunstancias jurídicas que los contribuyentes de los demás impuestos locales.
De tal forma que la autoridad jurisdiccional hizo extensivo los alcances del resolutivo a los actos de la titular del Poder Ejecutivo y el director del Diario Oficial del Gobierno del Estado “en virtud de que no se les reclama vicios propios”.
Hay otras opciones viales
El arquitecto Peniche Gallareta agregó que hay varias opciones para atenuar el problema vial de Mérida como la creación de infraestructura sencilla como construcción de aceras amplias y seguras, ciclopistas y uso de transporte escolar en las escuelas que son puntos conflictivos para la vialidad por el gran número de vehículos que llegan al lugar por las actividades educativas.
Otro experto en infraestructura urbana, Enrique Cervera Aguilar, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, afirmó que la tendencia actual de las grandes ciudades es el uso del transporte masivo, pero el problema de Mérida son sus calles angostas para que circulen camiones articulados.
"Tenemos que cambiar de actitud", indicó. "Si la escuela está cercana hay que caminar, si está a más de 800 metros se debe usar bicicletas y si es más lejano, el autobús escolar".
"En estos momentos somos choferes de nuestros hijos porque no saben cruzar la calle y hay temor de que los atropellen", recalcó. "Pero si se construyen vialidades como en las ciudades humanas y se crea un ambiente estético agradable, seguro la gente deja de usar vehículos".
Peniche Gallareta puso como ejemplo las escuelas privadas del norte de la ciudad, donde en días de clases se forman grandes embotellamientos, dobles filas y un caos que entorpece la circulación por tanto vehículo que se concentra en los alrededores.
"Si esos colegios usaran el transporte escolar los problemas viales seguro disminuirían".
El experto en urbanismo insistió que hay que darle una visión más humana a la ciudad y crear infraestructura segura para que la gente camine, use la bicicleta o el autobús escolar o público para que disminuya el uso de los automóviles.
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Fernando Euán Góngora, consideró necesario el paso deprimido de la Glorieta de la Paz y esa infraestructura es la adecuada para que la zona no pierda su imagen urbana e histórica.
"Las cifras del padrón vehicular que dio el subdirector de Transporte René Flores nos muestran que la vialidad ya es una prioridad y es necesario ese tipo de infraestructura", manifestó Euán Góngora.
Será una obra compleja, indicó, pero se debe hacer porque Mérida ya está al nivel de Puebla, Monterrey y el Estado de México en cuestión de vialidad.- Joaquín Chan Caamal
El Colegio de Arquitectos opina que el Ayuntamiento debe cuidar la logística de la obra:
Enojo
Antonio Peniche Gallareta, presidente del Colegio, dice que toda obra vial es problemática y genera controversia porque altera las costumbres y eso enoja a las personas.
Medidas
Para minimizar los perjuicios se debe tener una buena logística de señalización, avisos y orientación de desvíos, horarios de vigilancia policíaca y el contratista debe tener excelente señalización y protección para evitar que alguien caiga a la profundidad de la obra.
Lugar bonito
Peniche Gallareta dice que se debe reforestar la zona, mejorar la iluminación exterior y que el túnel vial tenga un sistema de drenaje ecológico.
Invierte el Ayuntamiento 35 millones en instalaciones deportivas
En el actual gobierno municipal que encabeza la arquitecta Angélica Araujo Lara se han destinado más de 35 millones de pesos a nuevas instalaciones deportivas y trabajos de acondicionamiento y mejoramiento de sitios de recreo y áreas de activación física en beneficio de más de 400 mil meridanos.
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Adeudo de $5 mil millones para 25 años
Funcionarios y diputados del PRI han recalcado que técnicamente los PPS no son deuda pública, pero en los hechos sí implica la obligación de un pago.
Con un contrato totalmente ventajoso para la Fundación Teletón, que fue blanco de críticas, Ivonne Ortega firmó un compromiso de pago -aprobado por el Congreso- de 8 millones de UDIS al año. A la fecha, el saldo del adeudo, al valor de hoy, asciende a $275.4 millones.
La operación para adquirir 3,012 hectáreas también se hizo en el sigilo, pues comenzó el 22 de febrero de ese año -dos meses antes-, cuando la Cousey pagó un anticipo a los ejidatarios para amarrar la compraventa.
A tres años de esos hechos, el Ejecutivo ya pagó $343 millones por esas tierras y aún no tiene los títulos de propiedad, pero sí una denuncia por peculado de legisladores panistas por pagar un bien que no tiene, en el que involucran a la ex directora de la Cousey Angélica Araujo Lara.
Los acreedores de 2009 son:
El saldo al 31 de diciembre de este año era de $648.3 millones. Con este monto se compromete el 9.7% de las participaciones federales, firmadas en calidad de garantía al banco.
2) Banco del Bajío. El 16 de diciembre de 2009, el Ejecutivo contrató $670 millones, con una vigencia máxima de pago a 18 años contados a partir de la primera disposición del dinero.
Al 31 de marzo, el saldo de este crédito es de $661.1 millones, con el que se compromete otro 9.3% de las participaciones.
3) Banorte. En este caso se trata de un refinanciamiento o reestructuración de dos créditos, que son los siguientes:
a) La anterior administración dejó una deuda de $74.6 millones, que utilizó para cubrir su aportación al Fonden, con el que se construyeron 30,000 viviendas a los damnificados del huracán "Isidoro", que azotó en 2002. Ese adeudo estaba pactado a pagarse por completo en 2012.
b) El saldo de $214.2 millones (hasta el año pasado) del crédito de $320 millones que utilizó la actual administración para comprar las tierras de Ucú.
Ambos créditos arrojan un refinanciamiento de $310 millones para pagar a 20 años. Con este adeudo se compromete un 4% más de participaciones.
Hasta aquí la deuda bancaria actual es de $1,655.4 millones.
La "carrera crediticia" tuvo un salto espectacular en 2010, cuando Ivonne Ortega recurrió al financiamiento internacional. Otra vez el Congreso, sin objeción, le autorizó contratar hasta $2,600 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Ejecutivo dice que contratará $1,300 millones este año y $1,300 millones en 2012, pero tiene la opción de hacerlo todo este año, pues así se lo aprobó el Congreso del Estado.
Con ese monto del BID se compromete un 25% más las participaciones y la deuda se alarga a 25 años, es decir, a un cuarto de siglo. Aunque técnicamente no es deuda, hay otras obligaciones de pago en puerta: los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), por $1,071 millones, con el que se harían el Museo Maya, tres hospitales y otras obras.
Con ese monto se compromete un 15% más de participaciones.
Sumando todos los conceptos, la deuda asciende a $5,326.4 millones y se compromete el 63% de las participaciones. Debido a que el pasivo se extiende hasta el año 2036, se pone en riesgo a las siguientes cuatro administraciones.- FéLIX UCáN SALAZAR
La gobernadora siempre ha ido de la mano con el Congreso para endeudar más a Yucatán.
Sin objeción
Tanto la anterior como la actual Legislatura, de mayoría priista, nunca han puesto una objeción a la contratación de deuda.
"Lavado"
En el manejo del crédito de 2009, cuyo destino sigue sin aclararse, han surgido casos polémicos como la compra de placas de vehículos y la autocompra del terreno para el Museo Maya. Un diputado panista afirma que es "lavado de dinero", pues se trianguló el crédito para convertirlo en gasto corriente.
Se van sin dejar rastros los empresarios fantasmas
El titular de la Auditoría Superior del Estado, René Márquez Arcila, insiste en que sí están fundamentadas en la ley las acusaciones de presuntos desvíos de recursos públicos contra el ex alcalde César Bojórquez y algunos de sus ex colaboradores.
Billaristas
La red de Comdimat
Comdimat S.A. de C.V., según nuevas evidencias encontradas por Central 9, estaría igualmente involucrada en la venta de facturas falsas a la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (Sfayp), por un monto cercano a 10 millones de pesos.
Esta empresa, junto con Soaket, S.A. de C.V. y Asesoría y Comercializadora Zavach, S.A. de C.V., operadas por Flota Aké y varios de sus familiares, así como por los hermanos Angel Adrián y José de Jesús Echeverría Zavaleta, Juan Martín Gómez Sustaita, Javier Antonio Solís Bolio, René Alberto Pereira Cordero y Manuel Jesús Lara Ordóñez, facturaron $6.143,640 a la CGCS de enero de 2009 a septiembre de 2010, por supuestos "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno del Estado".
Ninguna de estas compañías tiene antecedentes en el gremio periodístico o de publicistas en Yucatán
Estas tres empresas, junto con otras 70, forman parte de una vasta red de negocios fantasmas dedicados a surtir facturas falsas a la CGCS que, de acuerdo con estimaciones de Central 9, han servido para cubrir el presunto desvío de $135 millones del presupuesto de esa dependencia en los últimos tres años.
Nuevos datos encontrados en las investigaciones sugieren que, al parecer, la CGCS adquiere una parte de esas facturas directamente con proveedores seleccionados por ella, pero otra parte provendría de una o varias oficinas del gobierno que se encargarían de comprarlas y repartirlas entre las dependencias necesitadas de justificar gastos.
Así se explicaría la aparición de facturas falsas de Comdimat en hasta ahora dos oficinas gubernamentales: CGCS y SFAyP.
Además, Central 9 ha detectado otros dos casos, por lo menos, que sugieren la existencia de una operación centralizada del gobierno para comprar y colocar facturas falsas.
Uno de esos casos sería el de Víctor Manuel Urtaza Vázquez, propietario de un pequeño negocio de luz y sonido, Eclipse Producciones, en la colonia Jesús Carranza. Esta persona facturó $1.818,000 a la CGCS, dirigida por Jesús Rivero Covarrubias, entre 2008 y 2009, por el concepto genérico de "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado", aunque él dice que no recuerda los conceptos.
"No me acuerdo exactamente, porque yo presto muchos tipos de servicios, casi todos relacionados con el espectáculo", dijo Urtaza en entrevista con Central 9, de la que publicamos una parte el martes.
¿Dónde está?
En otra parte de esa conversación, que hoy reproducimos, el supuesto empresario de luz y sonido tampoco recuerda con precisión si entregó facturas a la CGCS. "Yo doy servicios al Instituto de Cultura de Yucatán y al Ayuntamiento de Mérida, pero de la Coordinación de Comunicación Social no me acuerdo. ¿Dónde están sus oficinas?".
"En la calle 52", se le dijo.
"Pues es casi seguro que le haya dado servicio", respondió, "pero no me acuerdo bien de los conceptos, mi contador tiene las facturas...".
Inicialmente Urtaza se había sorprendido al escuchar que su nombre aparecía en la lista de proveedores de la CGCS. El nombre de esa dependencia no le era familiar, lo que induce a creer que él entregó facturas en blanco si saber su destino.
El descubrimiento de otra "proveedora de servicios publicitarios" refuerza la presunción de que existe alguien dentro del gobierno encargado de comprar facturas, o una gran parte de ellas, y luego distribuirlas.
Esa proveedora es Viviana Innecken Rojas, de nacionalidad costarricense, quien facturó $685,740 a la CGCS entre enero y septiembre de 2010. Más de la mitad de esa cantidad, $375,000, la facturó por supuestos "servicios de diseño, producción y edición de la campaña institucional, "Escuchar, enero de 2010". También emitió dos facturas, una por $175,740 y otra por $135,000, por "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Ejecutivo del Estado de Yucatán", correspondientes a febrero y abril.
Central 9 entrevistó a la señora Innecken Rojas a fines de enero. Dijo que vivía en Mérida desde hace años, dedicada a los negocios. Primero tuvo un restaurante y ahora un café-internet, con seis computadoras. "Hago de todo: boletines, invitaciones, vallas...".
Cuando se le pidieron las características de los servicios que presta a la CGCS, respondió: "ellos (refiriéndose a los funcionarios del gobierno) saben qué hacen conmigo", dando a entender que no conocía el concepto y el destino de todas las facturas que había entregado.
Ligas en Quintana Roo
Asimismo, de acuerdo con los datos recabados por Central 9, al parecer varios empresarios que surten facturas falsas al gobierno de Yucatán lo hacen también con el gobierno de Quintana Roo, por lo menos en la administración pasada, encabezada por Félix González Canto.
Aquí aparece otra vez el caso de Urtaza Vázquez, dueño de un micro negocio de luz y sonido en la colonia Jesús Carranza, quien obtuvo contratos en la Secretaría de Turismo de Quintana Roo en 2010 que, aparentemente, excederían su capacidad profesional. Uno de esos contratos fue por $928,000, por el "desarrollo de vídeo promocional de la zona maya", una cantidad considerada excesiva para este tipo de servicios; y otro por $172,260 por "diseño y desarrollo de imagen promocional para aplicaciones de publicidad gráfica con motivo del Día Mundial del Turismo". Continuará.-HERNAN CASARES CAMARA.
Varias de las empresas fantasma de Yucatán, también venderían facturas en Quintana Roo.
Comedimex
Además de Víctor Manuel Urtaza, también ha actuado allí Comedimex, de Francisco Aragón Aragón y Pablo Chi Pech.
Concursos
Esta empresa, a través de un apoderado legal, participó en concursos de adquisiciones en el DIF de ese estado, en 2009.
Avanza el nuevo reglamento de Tránsito y Vialidad
Asimismo, añadió, se contempla la detección de infracciones mediante dispositivos tecnológicos especializados, como el Multa-Radar.
En la sesión de este miércoles, se analizó lo referente a infracciones, sanciones y medidas cautelares o preventivas. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y con base en esa clasificación se establecerán las sanciones.
Los miembros del Consejo harán del conocimiento de sus representados el contenido del Reglamento con el propósito de que se siga nutriendo de la participación ciudadana y las propuestas se presenten en una nueva sesión la semana entrante.
Entre las conductas consideradas muy graves están manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, exceder los límites de velocidad, superar la capacidad autorizada de un vehículo, participar en competencias de velocidad en lugares no autorizados, conducir de manera temeraria y negarse a la realización de pruebas para la detección de posibles intoxicaciones.
Se tipifican como infracciones graves conducir sujetando personas, animales u objetos, o utilizando el teléfono celular, aparatos electrónicos o realizar cualquier acción que distraiga la atención o impida la conducción del vehículo; no utilizar el cinturón de seguridad (conductor y pasajeros); conducir sin la licencia o el permiso respectivo; arrojar a la vía pública basura u objetos que puedan ocasionar incendios, entre otras.
Se prohíbe el uso de polarizados y entintados, así como la pintura o cualquier material plástico que se adhiera a los cristales de los vehículos y que obstaculicen o reduzcan las visibilidad diáfana hacia el exterior o interior de los vehículos.
El nuevo Reglamento también prohíbe realizar en la vía pública las siguientes acciones: realizar actos de malabarismo y otras suertes que pongan en riesgo a quienes las efectúan; jugar en la superficie de rodamiento, y ofrecer mercancías o servicios a los ocupantes de vehículos, solicitar ayuda económica, sin contar con el permiso de la autoridad competente.
Entre los asistentes a la sesión de hoy, realizada en el nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, estuvieron el director de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Aldana Castro; el director de la Policía Municipal de Mérida, Federico Cuesy Adrián; el secretario estatal de Obras Públicas, Francisco Torres Rivas; los presidentes de las cámaras de Comercio de Mérida, Industria de la Construcción, Vivienda, Jorge Manzanilla Pérez, Víctor Castillo Espinoza y Carlos Medina Rodríguez, respectivamente.
Asimismo, el director de la Coparmex, Eduardo Espinoza Corona; los presidentes de la Barra de Abogados, del Colegio de Notarios y del Colegio de Ingenieros Civiles, William Acevedo Azarcoya, Jorge Hidalgo Aguilar y Aguilar, y Miguel Ángel García Domínguez (vicepresidente).
El secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante, Nerio Torres Ortiz; el director del Plan Estratégico de Mérida, Humberto Sauri Duch; el representante de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán, Mario Arturo López; y el representante de la Asociación de Directivos de Aseguradoras, Josatath Jaime.
Francisco Santiago Vivas Ucán y María Aguilar , de la Secretaría estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Abajo otro "teatro" de la SSP
Un amparo terminó con la reiterada inocencia que alegó el inculpado desde que fue detenido en el malecón a mediados de septiembre del año pasado.
Otro liberado por este mismo caso es el panameño Michael Enrique McEachrom, también detenido el mismo día en el vecino puerto.
El extranjero alegó que es adicto y tenía una cantidad de mariguana que permite la ley. Sin embargo, el Juzgado 5o. lo sometió a juicio, hasta que obtuvo un amparo.
Amparado
En el caso de Santamán Alencaste, éste nunca admitió haber comprado la droga y sobre él sólo estaba el dicho del agente Jorge Chan Chi, al que le dio validez, primero la Fiscalía General y luego ese juzgado.
El agente de la SSP afirma que vio la compraventa de mariguana, en plena calle y a las cinco de la tarde. No hay más pruebas que apoyen esa versión y el amparo se concedió.
La lista de liberados porque los agentes de la SSP alteran las circunstancias de sus detenciones es larga.
Hay otros casos en que los detenidos están en sitios, fechas y horas distintas de las que señalan los agentes de la SSP.
La SSP ha presumido en los últimos meses efectividad en el combate del narcomenudeo.
Prueba sin credibilidad
En muchas ocasiones los casos se derrumban en los juzgados ante la falta de prueba creíbles para procesar a los supuestos vendedores y compradores de droga. Desde hace unos meses la SSP combate el narcomenudeo.
Pérdidas de $30 mil por una detención en Ticul
Solamente permaneció tras las rejas 24 horas, porque no procedió la denuncia de los agentes que los detuvieron.
La acusación, "fundada" contra César Bojórquez
Las acusaciones de presuntos desvíos de recursos en laadministración del ex alcalde César Bojórquez Zapata no son ilegales: se basan en los artículos 4 y 7 de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy convertida en Auditoría Superior del Estado, afirmó su titular, René Márquez Arcila.
Ayer publicamos que Pedro Rivas Gutiérrez, abogado defensor del ex alcalde, dijo que que es ilegal la acusación, porque se basa en una auditoría extemporánea y en un acuerdo invalidado por la Suprema Corte.
Márquez Arcila declaró que el acuerdo publicado el 6 de marzo de 2009 en el Diario oficial del gobierno del Estado derivó de una votación del pleno de la anterior legislatura, para instruir a la Contaduría Mayor de Hacienda a realizar una auditoría al municipio de Mérida.
El funcionario indicó que este proceso contra el ex alcalde y sus ex funcionarios es en cumplimiento de la revisión de cuentas a todos los municipios.
Además, dijo, el artículo 7 inciso a) fracción I, menciona la facultad de presentar Informes al Congreso, y el inciso b) fracción II habla de la facultad de ordenar auditorías, visitas, inspecciones y revisiones.
Todos esos preceptos son aplicables conforme a los artículos transitorios tercero y décimo cuarto de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, añadió.
Márquez Arcila indicó que con apego a ese ordenamiento se rindió un informe, el cual fue dictaminado en sentido negativo con el decreto 381 publicado en el Diario Oficial del gobierno del Estado de fecha 23 de febrero de este año, por el Pleno del Congreso, para rechazar las cuentas de: Tunkás, Cuzamá, Cansahcab, Bokobá Acanceh, Mérida, Tizimín, Dzidzantún, Buctzotz y Conkal.- David Domínguez Massadmassa@megamedia.com.mx
Mérida y Tizimín son dos municipios que presuntamente presentan irregularidades en sus cuentas públicas
Mérida
En el caso de Mérida se hicieron observaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de julio a diciembre de 2008, por $145.787,664.42.
Observaciones
De ese total detalló que existen observaciones de control interno y administrativas, y se presume un posible daño a la hacienda municipal de $82,781,814.54
Tizimín
Otra administración con problemas similares, en el mismo período, es la de Tizimín, por $17.434,343.16 de la cual existen observaciones de control interno y se presume un posible daño a la hacienda municipal de $6,680,532.20. Se instruyó iniciar procedimientos contra los probables responsables.