Como cada año, surgen de nuevo los cobros de cuotas a padres de familia, las presiones y el condicionamiento de su pago a las inscripciones, entrega de exámenes o calificaciones.
Hay denuncias anónimas —por temor a represalias— por esos cobros, los cuales continúan pese a que las autoridades escolares aseguran haberlos prohibido a funcionarios y directivas de las asociaciones de padres de familia.
“Por ningún motivo se debe condicionar la inscripción, entrega de calificaciones, exámenes o algún otro documento escolar del sistema básico al pago de cuota alguna”, aseguró Rolando Bello Paredes, director jurídico de la Secretaría de Educación del Estado (SEEY).
Agregó que las asociaciones de padres de familia están reglamentadas y se administran de manera independiente a la directiva académica para lograr beneficios como mejoras a la escuela y a la calidad educativa.
Indicó que son los padres de familia quienes determinan el monto de la colaboración, pero el pago de ésta no es obligatorio sino voluntario, y “no se condiciona a ningún servicio escolar”, los cuales “son gratuitos”.
En fechas distintas Bello Paredes aseguró que se giraron circulares a todas las escuelas, maestros, directores, supervisores de zonas y coordinadores, así como a las asociaciones de padres de familia para que las inscripciones y las aportaciones de cuotas voluntarias se realicen en diferentes fechas y no se relaciones entre sí.
Empero, los cobros continúan, igual que las quejas, aunque la mayoría de éstas no se hacen ante las autoridades.
La Codhey emitió una recomendación general a la Secretaría de Educación Pública del Estado por esa presunta violación a los derechos humanos.
El ombudsman explicó que a pesar de que la Constitución establece que “toda educación que el Estado imparta será gratuita”, prevalecen las cuotas obligatorias en escuelas públicas.
También dijo que que la institución a su cargo está muy pendiente de cualquier denuncia que surja por cobro de inscripciones, práctica común de algunos malos funcionarios, que a pesar de las prohibiciones de la SEE y la Codhey continúan.
Victoria Maldonado indicó que estos cobros deben entenderse como violatorios cuando las madres o padres de familia sean condicionados, contraviniendo los derechos de sus hijos, o cuando se exija algún tipo de cuota obligatoria y no la “aportación voluntaria” que cada quien desee realizar, ya sea con el trabajo comunitario o con el pago de alguna cantidad de dinero para contribuir a las mejoras en los planteles escolares.
Lo cierto es que, a pesar de las recomendaciones generales y circulares a funcionarios, los padres de familia siguen denunciado los cobros, aunque de forma anónima por temor a las represalias.
Numerosas escuelas piden por escrito la colaboración económica, por lo que no es difícil comprobar las denuncias de los padres de familia al respecto.
