- Ejidatarios confirman que el comprador de las tierras es de Monterrey
- No les han pagado los $343.3 millones que dice el Ejecutivo
Envueltos en la polémica por el presunto peculado en que incurrió el gobierno del Estado, el presidente y el tesorero del ejido de Ucú, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, afirman que el Ejecutivo les congeló un último pago por sus 3,000 hectáreas en tanto no salgan los títulos de propiedad.
Los campesinos aseguran que los 176 ejidatarios ya recibieron de 2008 a la fecha, en siete pagos, $950,000 y los 180 posesionarios $700,000 cada uno, lo que hace un total de $293.2 millones.
Según el gobierno del Estado, ya pagó $343.3 millones, de manera que hay $50 millones en el aire, pues no les han llegado a los ejidatarios. No se sabe dónde está o quién tiene ese dinero.
El presidente y el tesorero del ejido, igual que sus compañeros Pablo Pinto Tut y Carlos Bacab, confirman que sí hay una venta paralela de 581 hectáreas en Ucú y sólo saben que el comprador, a quien nunca han visto y no saben ni su nombre, es de Monterrey. Los ejidatarios dicen que el mismo operador del Ejecutivo es el que lleva la venta paralela, que no se ha finiquitado.
El presidente y el tesorero del ejido de Ucú, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, afirman que el gobierno del Estado les ofreció pagar $1.008,000 a cada uno de los 176 ejidatarios y $800,000 a cada uno de los 180 posesionarios por las 3,000 hectáreas que están en suspenso.
A la fecha, dicen, a los ejidatarios sólo les han pagado $950,000 y a los posesionarios $700,000, y se paralizaron los pagos hasta que tengan los títulos de propiedad.
De acuerdo con el comisario y Heriberto Chan, quien es, además, uno de los 11 “dueños” de las 3,000 hectáreas “parceladas”, el Ejecutivo ya pagó $293.2 millones, cuando en la cuenta pública dice que ya gastó $343.3 millones en Ucú.
Eso arroja una diferencia de $50 millones, cuyo resguardo o destino se desconoce.
Las cifras revelan que aun cuando el gobierno del Estado les pagara todo, es decir $1.008,000 a cada ejidatario y $806,400 (el 80% de lo que reciben los primeros, según el trato pactado) a cada posesionario, el gasto ascendería a $322.5 millones.
Aún así habrían $20.4 millones al aire de los $343.3 millones que, según el gobierno del Estado, ya pagó por las 3,000 hectáreas.
El comisario dice que, a raíz de que los campesinos manifestaron su inconformidad por el retraso en los pagos, el 16 de marzo de este año les dieron a $39,000 más, “para calmar a la gente”.
Antonio Euán y Heriberto Chan, a los que se suman Marcelo Caamal Pech, Cirilo Cabrera Can y Carlos Bacab, confirman que hay una venta paralela de 581 hectáreas (unos dicen 600 en números cerrados) a un comprador de Monterrey, cuya identidad desconocen.
Los tres primeros afirman que el intermediario es Luis Fernando Pérez Escalante, el mismo que operó la compra de las 3,000 ha para el gobierno del Estado.
La segunda compraventa, indican, está también en suspenso por la falta de un dictamen de la Semarnat, que impide obtener los títulos de propiedad.
Los legisladores del PAN, como ya publicamos, afirman que el autor de la compra encubierta es Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega, a quien califican de “experto en tráfico de tierras para financiar campañas”.
Ucú
- Compraventa Los ejidatarios dicen que ya les pidieron permiso para que entren técnicos de Semarnat. Reunión El comisario de Ucú dijo que ayer se reuniría con su “asesor” Luis Fernando Pérez Escalante para tratar el asunto del dictamen de la Semarnat que tiene frenada la venta y la fecha probable del pago del saldo que les deben, que podría ser el 27 de mayo.“Tiene dinero” “No sé por qué no nos paga (el saldo) la gobernadora (Ivonne Ortega Pacheco), si tiene dinero”, dice el ejidatario Pablo Pinto Tut. “¿Qué tiene que ver?”“Fernando (Pérez) dice que cuando nos pague el gobierno nos paga el comprador de Monterrey. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con otra?”, se pregunta el campesino, de 76 años de edad.
