Noticias de Yucatán
(abuso, injusticia)
Otra consecuencia es que no se resarce a todas las víctimas
17/08/2010
La mala integración de expedientes penales conlleva a dos secuelas graves: genera impunidad y las víctimas no son resarcidas en los hechos que denunciaron.
La Procuraduría, en la práctica, sostiene que el expediente está bien integrado y no aporta más pruebas para combatir un revés obtenido ante los jueces penales que no expiden órdenes de aprehensión como les solicitan.
A lo más, esa dependencia apela la resolución del juez y el caso se turna al Tribunal Superior de Justicia donde la mayor parte de las veces se confirma la decisión.
La Procuraduría no tiene ningún recurso más para tratar de revertir la decisión que le resultó adversa.
En días pasados, como publicamos, cuando menos tres jueces no expidieron órdenes de aprehensión contra grupos a los que se les atribuyen cuantiosos robos en Mérida.
Los juzgados que rechazaron los expedientes, por una deficiente integración son el 4o., 5o. y 8o. Penal.
En el caso del Juzgado 5o., en el caso más reciente los denunciantes son Alexis Tatiana Barrera Trejo, Brenda Palma Ortega, Rudy Pacheco Rodríguez y Hugo Rogelio Pérez Niño y la madre de éste, Sara Niño Díaz.
Los quejosos dicen que fueron víctimas de los ladrones. Relataron que les llevaron de sus casas diversos bienes, desde dinero en efectivo hasta aparatos como celulares, alhajas, equipo electrónico, etc. También dañaron partes del inmueble para entrar a robar.
Sin pruebas El delito se dio, sin embargo, el problema es a quiénes se les atribuye ya que no se aportaron pruebas contra Jorge Luis Garduza Ramos, Marco Antonio Bonilla Domínguez, Jesús Chan Vicináiz y Gabriel de Jesús Xool Ahumada, éste último, presunto comprador.
Al no haber pruebas contra los inculpados no se les procesará y, de esta manera, los denunciantes no tendrán posibilidad de recuperar los artículos que les robaron.
El panorama puede cambiar para los quejosos si la Procuraduría admite que se equivocó en sus investigaciones y los ladrones son otros y los consigue capturar.
La Procuraduría, en la práctica, sostiene que el expediente está bien integrado y no aporta más pruebas para combatir un revés obtenido ante los jueces penales que no expiden órdenes de aprehensión como les solicitan.
A lo más, esa dependencia apela la resolución del juez y el caso se turna al Tribunal Superior de Justicia donde la mayor parte de las veces se confirma la decisión.
La Procuraduría no tiene ningún recurso más para tratar de revertir la decisión que le resultó adversa.
En días pasados, como publicamos, cuando menos tres jueces no expidieron órdenes de aprehensión contra grupos a los que se les atribuyen cuantiosos robos en Mérida.
Los juzgados que rechazaron los expedientes, por una deficiente integración son el 4o., 5o. y 8o. Penal.
En el caso del Juzgado 5o., en el caso más reciente los denunciantes son Alexis Tatiana Barrera Trejo, Brenda Palma Ortega, Rudy Pacheco Rodríguez y Hugo Rogelio Pérez Niño y la madre de éste, Sara Niño Díaz.
Los quejosos dicen que fueron víctimas de los ladrones. Relataron que les llevaron de sus casas diversos bienes, desde dinero en efectivo hasta aparatos como celulares, alhajas, equipo electrónico, etc. También dañaron partes del inmueble para entrar a robar.
Sin pruebas El delito se dio, sin embargo, el problema es a quiénes se les atribuye ya que no se aportaron pruebas contra Jorge Luis Garduza Ramos, Marco Antonio Bonilla Domínguez, Jesús Chan Vicináiz y Gabriel de Jesús Xool Ahumada, éste último, presunto comprador.
Al no haber pruebas contra los inculpados no se les procesará y, de esta manera, los denunciantes no tendrán posibilidad de recuperar los artículos que les robaron.
El panorama puede cambiar para los quejosos si la Procuraduría admite que se equivocó en sus investigaciones y los ladrones son otros y los consigue capturar.
