(1)Le invitamos a leer más información de este amplio reportaje en las ediciones impresas de Diario de Yucatán.En la tercera y última entrega sobre las presuntas empresas fantamas beneficiadas con recursos públicos, se advierte que de la larga lista de proveedores de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado, que son empresas de reciente creación y, aparentemente, de escasa presencia profesional, destaca la compañía Integradora de Yucatán, SA de CV.
Esta empresa sobresale de otras por la cuantía de los pagos que recibe de la dependencia estatal, más de $400,000 al mes, por sus presuntos “servicios de publicidad de programas y obras del gobienro”; y por su desvinculación casi total de la actividad publicitaria profesional.
También destaca su creación, casi un año después del ascenso de Ivonne Ortega al poder, y la directa vinculación de su socio principal con importantes personajes del PRI, especialmente con la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara.
"Se deben investigar a fondo las irregularidades y llegar hasta las últimas consecuencias", subraya el líder de la cúpula empresarial yucateca.
"El dinero que maneja el gobierno son recursos de los ciudadanos y si hubiera alguna irregularidad que se deslinden responsabilidades y se castigue a los responsables", apunta el licenciado Rodríguez Campos, al referirse al presunto tráfico de facturas y proveedores "fantasmas" de Comunicación Social.
Un trabajo de la Unidad de Investigación Megamedia (UIM) puso al descubierto, como publicamos, que en la lista de proveedores de "servicios de cobertura y publicidad" del Ejecutivo figuran empresas de reciente creación, dedicadas a diversos giros, cuyos socios no sólo carecen de trayectoria profesional sino, en varios casos, hasta de oficinas y teléfono.
El gobierno de Ivonne Ortega Pacheco entrega a esas compañías cuantiosos recursos, como es el caso de Zavath, Condimat y Soaket, que comparten socios y reciben por lo menos $620,000 al mes de Comunicación Social, que dirige Jesús Rivero Covarrubias. Hoy damos cuenta de la tercera y última entrega de esta investigación, en la página 7.
Entrevistado al respecto, el presidente de Coparmex-Mérida, Jorge Caamal Burgos, indica que, en un ejercicio de transparencia, la Contraloría estatal debe investigar los hechos, sin esperar a que alguien ponga una denuncia para actuar.
"Que la Contraloría investigue y rinda un informe para que la sociedad se entere del resultado. El dinero público, como siempre he dicho, es sagrado", subraya el ingeniero Caamal Burgos.
"Se debe investigar y castigar, en su caso, a los responsables. Esto va también para los baños de la Sedesol en Hunucmá.
"Lo que nos preocupa es que en este gobierno no se ve la intención de informar y tengo la impresión de que va a seguir en la misma tónica. No contesta y le apuesta al tiempo esperando que el asunto se olvide", advierte.
"Lo digo porque hasta hoy no han respondido a nuestra solicitud de información sobre los gastos y el crédito que contrataron. Ya se lo pedimos a dos secretarios y hasta hoy nada.
"La sociedad ya está aprendiendo, en la calle surgen comentarios de que el gobierno no maneja los recursos de manera transparente y no se invierte en lo que el Estado requiere", indica.
"Creo que el Congreso del Estado debe intervenir y pedirle a la Auditoría Superior (ex Contaduría Mayor de Hacienda) que investigue los hechos y deslinde responsabilidades", apunta.
"Lo mismo se debe hacer en el caso de los baños de la Sedesol en Hunucmá. Hay indicios de desvío de recursos y tráfico de influencias que se deben investigar y dar con los que cometieron los ilícitos.
"Estos presuntos actos de corrupción son los que dañan más la imagen de los políticos, sobre todo si no se investigan y se castiga a los responsables. El gobierno debe ser el primer interesado en aclarar las irregularidades", subraya.
"Ya sabemos ahora cómo se desvían los recursos. Este claro caso explica el cuantioso presupuesto que se le asigna a Comunicación Social", apunta la diputada local.
"Estamos analizando cuáles son las vías para denunciar este millonario desvío de recursos y pediremos que se llegue hasta las últimas consecuencias.
"Vamos a pedir que se investigue tanto a las empresas fantasmas como a los funcionarios que están involucrados en este descarado robo al patrimonio de los yucatecos", recalca la profesora Cruz Nucamendi.
Un trabajo de la Unidad de Investigación Megamedia (UIM) sacó a la luz, como publicamos, que muchas empresas incluidas en la lista de proveedores de "servicios de cobertura y publicidad" de la Coordinación General de Comunicación Social del Ejecutivo son compañías formadas para otros propósitos, muy distintos a las tareas de difusión y en varios casos no existe el domicilio fiscal.
En la lista hay personas físicas desconocidas en el medio publicitario que le facturan fuertes cantidades a la oficina de prensa del gobierno del Estado.
"Es evidente que hay muchas empresas fantasmas que se crearon para desviar recursos. Ya tenemos información sobre esos hechos y la estamos analizando", indica Magaly Cruz.
"Vamos a poner la denuncia y veremos hasta dónde vamos a llegar. Este caso de corrupción no puede quedar impune", apunta.-
