Impunidad y nombramientos con premio

17 mayo 2011
Noticias de Yucatán

(impunidad, nombramientos, premio, burla)

La denuncia por violación en contra de Víctor Chi Trujeque, ex diputado local del PRI, hizo recordar la impunidad en la que quedó la querella interpuesta contra Alejandro López Munguía, ex subadministrador de la clínica del Issste en Lindavista, a quien Perla Jazmín Rodríguez Zozaya, ex empleada de la institución médica, acusó de hostigamiento sexual. A dos años del escándalo, la acusación duerme en los archivos de las autoridades ministeriales.


Los recientes nombramientos de funcionarios del gobierno del Estado han causado inquietud por la aparente falta de tino en el proceso de selección. La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco designó el jueves a Juan José Sánchez Duarte director de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud, cuando la propia mandataria había aprobado su destitución en 2009 como subsecretario de Obras Públicas. Sánchez Duarte, candidato perdedor del PRI en el Distrito II en los comicios de 2007, llegó a ese puesto pese a las denuncias de fraude en su contra, interpuestas por un empresario que lo acusó de incumplir un millonario contrato para construir casas de interés social en Izamal, en 2005. Sánchez Duarte abandonó la Secretaría de Obras Públicas en medio de acusaciones de negligencia administrativa, pero ahora se le vuelve a premiar con un puesto alejado de su perfil como abogado y fallido constructor.

Si de perfiles y niveles de experiencia se trata, otro nombramiento que causa preocupación es el del licenciado en Educación Física Cornelio Aguilar Puc, designado director de Organización de la Secretaría de Política Comunitaria y Social. Aguilar Puc desempeñará ese puesto sin tener los antecedentes profesionales y académicos mínimos, en una dependencia muy cercana administrativa y financieramente al DIF estatal, presidido, casualmente, por su esposa, Guadalupe Ortega Pacheco,hermana de la gobernadora. El DIF es otra de las oficinas del gobierno que aumenta su presupuesto cada año, sin justificar debidamente los gastos ante el Congreso.
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