"No, definitivamente, no es un problema mínimo", subraya Ariel Tuyub Chacón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Pecuaria, al referirse a los despidos en el Comité Estatal para el Fomento y Protección de esa actividad.
"Es muy triste y desesperante que se esté minimizando el problema laboral cuando un servidor público, Edwin Novelo Ayuso, se niega a respetar la Ley Federal del Trabajo", añade.
Edwin Novelo es el director del Comité. Antes fue inspector de Pesca en la Sagarpa y el personal a su cargo lo identifica como activo integrante de la "ola roja".
"Por decisión de Edwin Novelo quince familias se quedaron sin sustento", señala Tuyub Chacón, quien fue uno de los primeros despedidos. "El Comité quería que firmáramos la renuncia, donde constaba que teníamos Seguro Social, vacaciones, prestaciones de ley y otras cosas que nunca se nos otorgaron".
El dirigente aclara que el sindicato no desapareció con los despidos, pues tiene un registro vigente y todavía tiene afiliados que están trabajando en el Comité.
"Actualmente tenemos 76 afiliados, sin tomar en cuenta a los 15 que fueron dados de baja", agrega.
También dice que hay presiones de las autoridades para evitar que crezca la organización sindical. Sabe incluso de oficios que se ha enviado al personal de las casetas sanitarias para pedirle que no se afilie.
Un documento entregado a Grupo Megamedia prueba que Novelo Ayuso, al dar a conocer al resto del personal la baja de Tuyub Chacón, Weiler Galileo Dzul Fernández y David Jesús Avila Tinah, prohibió a éstos el acceso a las instalaciones del Comité, que son públicas, y cualquier contacto con "las actividades que realizan los demás prestadores de servicios".
"Tenemos pruebas de la relación obrero-patronal", insiste el dirigente. "Hay un oficio en el que Edwin Novelo dice que no podemos tener otro trabajo. Si fuéramos prestadores de servicios, como él argumenta, no tendría por qué pedirnos eso".- A.N.E.
(1)"Circunstancias económicas, financieras y presupuestales de este Comité".
Ese argumento consta en las cartas entregadas a empleados sindicalizados al notificarles su baja del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.
En el ejercicio de 2010, el Comité tuvo a su disposición un presupuesto de $40 millones, con una estructura laboral que se mantenía prácticamente igual desde hace varios años.
Por ley, el Comité, mejor conocido como "Comité Estatal de Sanidad", obtiene sus recursos con aportaciones de los gobiernos federal y estatal y los productores.
También por ley debe publicar cada año un "balance de contabilidad" en el Diario Oficial del Estado, pero esto no se ha cumplido al pie de la letra.
Las dificultades económicas no son un argumento nuevo, pero sí se agravaron en los últimos ejercicios con el retraso de los compromisos del gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero. El convenio de sanidad de 2011 con el gobierno federal se firmó a escasas horas de que se venciera el plazo.
Los despidos en la Comisión para la Erradicación de la Tuberculosis, la Brucelosis y otras enfermedades de los bovinos ocurrieron luego que un grupo de supervisores formó un sindicato.
En un solo bloque se dio de baja a 15 personas y hay otras 15 en capilla. Juntas forman las dos terceras partes de la Comisión, que tiene a su cargo parte medular del control sanitario.
"La formación del sindicato no tiene nada que ver con la autoridad en turno", señala Mario Avila Basulto, médico veterinario que fue pionero de la obtención del estatus sanitario. "Pudo haber ocurrido con cualquier partido en el poder".
El personal despedido afirma que tiene elementos suficientes para mostrar que sostenían una relación obrero-patronal con el Comité y no eran simples prestadores de servicios, como alega éste.
Incluso el IMSS ya les había otorgado registro desde el 23 de agosto de 2010, con derechos afiliatorios retroactivos al 1 de noviembre de 2005, cuando se creó la figura del inspector pecuario.
Hay demandas laborales en curso, en la Junta de Conciliación y Arbitraj
e
